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Los secretos de Anaya

Raymundo Riva Palcio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la temeridad y rápidos reflejos para el contraataque le han permitido a Ricardo Anaya enfrentar durante casi un año las denuncias sobre el origen de su fortuna, y evitar que los señalamientos sobre sus actividades empresariales que sugieren conflictos de interés, no lo aplasten como político, ni ponga en etapa terminal su ambición por la candidatura presidencial. Anaya ha cuestionado la solidez de las denuncias en su contra, sin aportar información clara que las contrarresten. A los documentos los refuta con retórica y niega de manera categórica las extrañas operaciones financieras que le adjudican. La realidad es que su comportamiento se sale de los parámetros de la normalidad.

La última, una investigación de El Universal sobre la operación de compra y venta de una nave industrial en Querétaro por 54 millones de pesos propiedad de él y la familia de su esposa, Carolina Martínez Franco, se congeló ante el sismo del 19 de septiembre. Pero esa revelación no es un tema menor. Mostró un esquema que utilizan quienes lavan dinero. Anaya se dice inocente de cualquier imputación, y no hay ninguna investigación federal que se sepa, que esté revisando lo que la prensa ha denunciado. No obstante la tibieza de la autoridad para iniciar una investigación que lo deslinde o lo impute, cada vez surge más información sobre movimientos financieros de él y su familia, que dejan muchas preguntas abiertas.

Hay acciones extrañas tomadas por Anaya y su esposa, como el que durante los casi tres años que envió a su familia a vivir a Atlanta, hayan usado sistemáticamente dinero en efectivo, con lo cual no hay rastro del dinero de sus operaciones y, por tanto, del origen de los recursos. Su esposa pagó casi siempre con efectivo o con tarjetas de débito prepagadas. No utilizaba tarjetas de crédito, y tampoco tenía cuentas bancarias. Utilizaba órdenes de pago (money orders), y en el extremo del cuidado, no acudía casi nunca a realizar operaciones en los cajeros automáticos. Este patrón habla de un método seguido a pie juntillas para no dejar rastro de cuánto dinero requerían para la manutención familiar.

Todo lo que tenía que ver con su alimentación, la de sus tres hijos y la del propio Anaya cuando los visitaba el fin de semana en Atlanta, se compraba sin dejar rastro en el sistema financiero. Sus compras en supermercados eran realizadas con dinero en efectivo, money orders y tarjetas de crédito prepagadas que no tienen registrado el nombre del consumidor, así como también la ropa de todos y los cosméticos de la señora Martínez Franco. Las compras en efectivo no suelen ser comunes en Estados Unidos, pero es el patrón que siguió la familia Anaya en Estados Unidos.

De esta forma se pudieron esconder los gastos realizados como, por citar un ejemplo, el esparcimiento de la familia y algunas compras de bolsas finas entre octubre del año pasado y enero. Solamente en ese periodo, de acuerdo con personas que conocieron de las acciones de la señora Martínez Franco, adquirió ocho tarjetas prepagadas por un valor total aproximado de tres mil 500 dólares, que fueron utilizadas para la compra de ropa costosa en Burberry y BCGB Maxazria, bolsas en Tory Burch, perfumería en Sephora, y el divertimento de sus tres hijos en parques de recreaciones.

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50% de recorte del financiamiento público a los partidos

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que espero sirva esta contribución al debate sobre el financiamiento público de los partidos políticos en México. Mi propuesta es recortar a la mitad los 11 mil 904 millones de pesos que recibirían el año que entra. ¿Por qué el 50%? Para regresar a la situación que tenían los partidos en las elecciones de 2006, antes que empezaran a abusar de nosotros, los contribuyentes.

Veamos los números. En 2006, los partidos recibieron 2 mil 68 millones de pesos por gasto ordinario, otros 2 mil 68 millones para las campañas de ese año y, según mis cálculos, alrededor de mil 902 millones de pesos que les dieron los estados. Estas tres partidas sumaron seis mil 38 millones de pesos.

Para 2018, de acuerdo a las fórmulas que aparecen en la Constitución y leyes secundarias, les van a repartir 11 mil 904 millones de pesos por estos mismos tres rubros. Para tener cifras comparables con 2006, a esta cantidad hay que descontarle la inflación de doce años. Los precios, durante este periodo, se han incrementado alrededor de 57%. Por tanto, las cifras autorizadas para 2018 ascienden a siete mil 595 millones de pesos de 2006. Son pesos reales, ya sin inflación, de tal suerte que estamos hablando que, en doce años, el gasto para partidos se ha incrementado en un 26% en términos reales.

¿Cuántos mexicanos han logrado un aumento real de ese mismo porcentaje en una docena de años? Desconozco la cifra, pero sospecho que muy pocos. De hecho, en estos últimos 12 años, la economía mexicana ha crecido alrededor de un 18% así que, como podemos ver, los partidos han abusado, y mucho, al autorizarse cada vez más dinero público, ocho puntos porcentuales más que el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Pero hay más. Recordemos que en 2006 los partidos tenían que pagar sus spots de radio y televisión. De acuerdo al entonces Instituto Federal Electoral, alrededor del 70% del gasto de las campañas lo utilizaron para este rubro. Esto quiere decir que, de los tres mil 19 millones que recibieron para campañas federales, estatales y municipales, alrededor de dos mil 113 millones los erogaron para anunciarse en medios electrónicos. Quitando este gasto, les quedaron como 906 millones de pesos para otros desembolsos de campaña.

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¡Ayer era mortal; hoy es vital!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que ayer, aliarse al PAN era mortal; peor que el contagio de la peste.

Hoy, para el PRD, aliarse al PAN es vital; signo de victoria, cambio y supervivencia.

Lo que pocos recuerdan es que durante más de una década —de 1988 al 2000—, el PRD censuró severamente las alianzas del PAN con el PRI, que eran satanizadas como “la mafia PRI-AN”.

Esa alianza también fue madre del motejo preferido de AMLO la “mafia del poder”, que con el tiempo se convirtió en la mayor ofensa para explicar los cogobiernos pactados entre PRI y PAN.

Hoy, pocos millennials y algunos “idiotas útiles” no saben y no les importa enterarse que luego de la elección presidencial de 1988, el PAN de Luis H. Álvarez, Diego Fernández y Carlos Castillo pactaron la “legitimidad del gobierno de Carlos Salinas”, lo que en los hechos significó avalar el supuesto fraude electoral cometido por el PRI, contra el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas.

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Políticos ahora harán rifas

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que el partido Movimiento Ciudadano, que encabeza Dante Delgado, alista un plan de austeridad que tendrá como medidas el posible recorte de salarios a sus dirigentes. Nos comentan que el partido naranja ya ha renunciado al financiamiento público para ayudar a los damnificados de los pasados sismos. Ahora, además, busca realizar rifas y obtener dinero de otras fuentes para operar el instituto político. Nos hacen ver que la carrera por ver quién recibe menos, sigue a toda velocidad, y no sólo se ha prestado para que los partidos sean calificados por los expertos como oportunistas, sino que, con sus ofertas de recursos, cada vez queda más claro que lo que les sobraba era el dinero público.

¿El PRD de reversa?

Y a propósito de la repentina “generosidad” de los partidos, nos dicen que algunas voces en el PRD están advirtiendo que el partido debería aplicar el freno de mano para matizar su anuncio, hecho en el contexto del Frente Ciudadano Por México, de apoyar las reformas legales sobre “cero dinero a partidos” en el 2018. Nos dicen que habría que pensarlo dos veces antes de quedarse en ceros, pues prácticamente de manera unánime los expertos electorales del país han alertado de los riesgos de que los partidos den entrada al financiamiento privado como estrategia única de ingresos, pues su pista es más difícil de seguir que el dinero público y abre la puerta al dinero de origen ilegal. Así, ahora estos perredistas poco convencidos trabajan en una fórmula que les permita proponer a su dirigente nacional, Alejandra Barrales, una salida en la que apoyen a los damnificados, sin dar todo, y sin que esto se vea como un frenón y metida de reversa. Complicada tarea.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el candidato a la Presidencia del Frente Ciudadano por México surja de una elección abierta, piden los tres aspirantes a la contienda electoral de 2018 por dicho bloque Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle y Silvano Aureoles, en carta a los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya; del PRD, Alejandra Barrales, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

De inmediato, voces cercanas a la dirigencia nacional panista recordaron que los estatutos de Acción Nacional no permiten la elección abierta para la candidatura presidencial y que por ningún motivo se aceptará dicho método, establecido precisamente, dicen, para evitar que el PRI-gobierno pudiera imponer un candidato azul.

Que la Cámara de Diputados definirá en los próximos días las fechas para las comparecencias de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; Educación, Aurelio Nuño, y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, entre otros que serán citados en octubre con motivo de la glosa del quinto Informe de gobierno, además del responsable de las finanzas públicas, José Antonio Meade, que el jueves irá al pleno a exponer el paquete económico 2018.

Para noviembre se acordó un segundo bloque de presentaciones, entre las que destacan las de los titulares de Salud, José Narro; Economía, Ildefonso Guajardo; Desarrollo Agrario, Rosario Robles, así como del director general de Pemex, José Antonio González, hasta sumar 17 funcionarios del gabinete presidencial en la pasarela del Palacio de San Lázaro.

Que a raíz de los trágicos sucesos en el colegio Enrique Rébsamen, el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunirá la próxima semana con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

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