La CNDH notificó que recibió la petición para revisar el caso de cuatro opositores de Puebla y Tlaxcala, al Gasoducto Morelos, y que enfrentan una orden de aprehensión desde 2014, luego que un juzgado federal les negó un amparo.
A través de un comunicado, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Sexto Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que la información le llegó el 28 de agosto, pero este lunes se dio a conocer la noticia.
Lo anterior se da luego de que el 27 de agosto, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos señaló que buscaría que la CIDH, la CNDH y el Congreso federal intervengan en el caso tras la resolución del Juzgado Primero de Distrito en Tlaxcala, por lo que se encontraba recabando firmas.
En el documento, la red pide a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que emita una pronta resolución a las quejas CNDH/6/2012/9556/Q y CNDH/6/2014/2918/Q, con las que se busca sean protegidos los derechos humanos de las comunidades indígenas del volcán Popocatépetl, así como sus defensores comunitarios.
Acusa que Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís –estos dos últimos, poblanos– del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (Fpdtampt), llevan ya 39 meses sin acceso a la justicia, pues el expediente de amparo a cargo de dicho juzgado estuvo “colmado de mañas e irregularidades legales”.
PIM atraviesa 60 municipios
Además de que en el proceso –argumenta– faltó el reconocimiento de la personalidad en el amparo como defensor de derechos humanos, a pesar de que otras autoridades así lo han reconocido, así como reclaman la violación a su derecho humano de debida notificación y libertad al retirar las suspensiones definitivas de sus amparos
En el oficio emitido por el organismo nacional respondió “con fundamento en el artículo 4, párrafo segundo de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 78 de su reglamento interno, se acusa de recibido el oficio 70819 y se toma nota de sus manifestaciones”.
En el caso del poblano Flores Solís, estuvo en prisión 3 años con 3 meses, desde mayo de 2014, acusado de los supuestos delitos de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo, mismos delitos por los que también fueron detenidos los comisariados ejidales Enedina Rosas Vélez y Avelino Velázquez Tapia.
Cabe mencionar que el Proyecto Integral Morelos (PIM) atraviesa 60 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
