Foto: Formato 7
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La CNDH acusó la “autorización” y “apoyo” de policías de Papantla, Veracruz, al grupo criminal “Los Zetas” en la desaparición de tres jóvenes el 19 de marzo de 2016, así como “la retención ilegal” de un menor por parte de la FGE el 27 de marzo del mismo año.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), después de investigar los hechos, pudo acreditar “violaciones graves a los derechos humanos” consistentes en la “detención arbitraria” y “desaparición forzada” en el caso de los jóvenes.

En este sentido, refirió que, según testimonios, los jóvenes fueron capturados por elementos de la Policía Preventiva Municipal de dicha demarcación, debido a que se transportaban en un vehículo con reporte de robo; sin embargo, posteriormente, con el consentimiento de estas autoridades, lo detenidos fueron privados de la libertad por personas que pertenecían al Cártel “Los Zetas”.

Respecto al caso del menor, señaló que éste fue puesto bajo la custodia de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Papantla el 26 de marzo de 2016, un día después de dar testimonio al Ministerio Público sobre la desaparición de dichos jóvenes, y entregado a su madre 6 meses y 13 días después.

Por lo anterior, el organismo emitió la recomendación 6VG/2017, dirigida al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al fiscal general de esa entidad, Jorge Winckler Ortiz, y al presidente municipal de Papantla, Marcos Romero Sánchez.

Las recomendaciones al gobierno de Yunes

A Yunes Linares, la CNDH recomendó implementar en no más de seis meses, acciones “adecuadas” para combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en Veracruz, integrar a la ciudadanía en la atención de problemáticas relacionadas con el tema de seguridad pública y coadyuvar con los gobiernos municipales en los procesos de selección y evaluación de sus cuerpos policiales.

Para el fiscal del estado, emitió las recomendaciones de colaborar en las investigaciones por el probable involucramiento agentes policiales del Estado de Veracruz y del Municipio de Papantla con el crimen organizado, así como en las que se formulen contra servidores públicos estatales por su probable responsabilidad en la retención ilegal de un menor de edad.

En tanto, al presidente municipal de Papantla, pidió gestionar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas, lo cual debe incluir una indemnización justa y la atención médica y psicológica que requieran, así como ofrecerles una disculpa pública institucional.

Asimismo, le pidió inscribir al menor agraviado en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que se le brinde la atención médica y psicológica que requiera con motivo de la retención ilegal que sufrió, y colaborar con la CNDH en la denuncia que presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los policías involucrados en el caso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada.