El desalojo forzoso en casas debe considerarse como la última opción; antes, las autoridades tienen que informar a los habitantes, negociar y proporcionarles seguridad jurídica, pues de no hacerlo, sería violatorio a los derechos humanos.
Así lo señaló Jorge Eduardo Morales Sierra, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien explicó que existen tres casos en los que se dan los desalojos forzosos.
Uno de éstos, explicó a Ángulo 7, es por la ejecución de obras como minerías o hidroeléctricas, ya que la gente se ve obligada a dejar sus tierras; otra tiene que ver con procesos de violencia como conflictos armados y el tercero, ante una cuestión de sismos o inundaciones.
El académico mencionó que las obligaciones generales establecidas por la ONU marcan que las autoridades deben de abstenerse de realizar estas acciones y, por lo contrario, deberán brindar la máxima seguridad de tenencia posible a que desocupen las viviendas.
“El término de desalojo de una vivienda es considerado como hacer salir a personas o familias ya sea en forma permanente o forma provisional, mientras que un desalojo forzoso implica que este sea sin ofrecer medios de protección legal o de otra índole, ni permitirles el regreso al lugar”, pronunció.
Y es que, la Gerencia del Centro Histórico advirtió que se usaría la fuerza pública en aquellas viviendas donde sus habitantes se opongan a la revisión de las mismas tras el sismo del 19 de septiembre.
Obligados a dar garantías a desalojados
Explicó que puede ser válido cuando generalmente tiene que ver con incumplimiento de contrato o de pago de manera reiterada o cuando hay situaciones de conflicto que ponen en riesgo la vida de la población, pero no con el uso de la fuerza pública, ya que esta debe ser vista como la última opción.
En el caso de lo que plantea el ayuntamiento de Puebla, Morales Sierra explicó que antes de ejecutar un desalojo, las autoridades deben identificar a todos los que se verán involucrados en el hecho, establecer condiciones de consentimiento informado, es decir, que las personas tengan conocimiento sobre ello y proporcionarles seguridad jurídica.
También, facilitarles, en un plazo razonable, información relativa a este hecho como a dónde van a ser trasladados, qué medidas de seguridad van a tener, ya sea personal y del lugar en el que se reubiquen, además de que no deben ser zonas contaminadas, que estén cerca de sus lugares de trabajo y cuenten con todos los servicios.
Además de que debe haber funcionarios de gobierno presentes, pues no puede realizarse cuando hay mal tiempo, o de noche, incluso –dijo– la Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea que si involucra a niños y hay temporada de exámenes, estos no pueden ser desalojados.
En caso de que a las personas ya no se les permita regresar a sus inmuebles por las condiciones estructurales del mismo, debe estar justificada con una resolución de peritos responsables que determine que realmente las personas que viven en esas casas están en una condición de riesgo.
Ciudadanos no confían en autoridades
También deberán informar para qué fin se va a destinar el predio a desalojar y si es un proyecto, los que habitan en el inmueble deberán conocer de qué se trata del mismo.
“Para el desalojo existen una serie de lineamientos basados en derechos humanos, es decir, cuando se considera que el desalojo está justificado, ya sea por la cuestión de un sismo, de alguna inundación o porque tenga que considerarse prioritario abandonar ese lugar”, expresó.
Ante la pregunta de que pasaría si los ciudadanos se niegan a abandonar sus viviendas, el especialista manifestó que ello podría deberse a procesos culturales, o sea que han vivido ahí siempre; otra que no saben a dónde se irán; que hay información poco clara o que no hay confianza de las personas con las autoridades.
Sobre este último punto, el académico de la Ibero Puebla manifestó que es un factor en que el ayuntamiento deberá trabajar para poder lograr un consenso con los ciudadanos, pues el desalojo no se puede dar solo porque sí, sino que deben seguirse todos los lineamientos de derechos humanos que marcan la ONU.
“El problema es que esa información de lo que harán no se sabe y entonces es normal que la gente tenga dudas y por eso no quiera salirse, pues si no conoce el proyecto es difícil que den el conocimiento y muchas veces es lo que deriva en conflicto”, concluyó.
