Malditas omisiones
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que en 1995 se dio la primera alerta sísmica pública en el mundo. Fue en México, donde se iba construyendo un sistema de alertas frente a la naturaleza geológica del territorio mexicano: 50 por ciento del país se encuentra en una zona altamente sísmica y de riesgo permanente. México estaba a la vanguardia, con un sistema altamente sofisticado para la época. Hasta hace 10 años tenía 16 estaciones y 97 sensores
–60 de ellos financiados por el Gobierno de la Ciudad de México–, construidos por mexicanos y ubicados en la costa del Pacífico, que es la región más vulnerable en la cuenca más sísmica del mundo. El sistema medía las ondas sísmicas –la primaria, que viaja a ocho kilómetros por segundo, que es la que detona la alerta, y la secundaria, la parte nociva de un sismo, que viaja a cuatro kilómetros por segundo–, y daba un espacio de 80 segundos para reaccionar y prevenir a la Ciudad de México. Sin embargo, en los sismos de este septiembre el sistema fue totalmente insuficiente.
Una investigación de la edición impresa de Eje Central explica el porqué y cómo, de manera regular, los gobernantes mexicanos soslayaron los efectos destructores de un gran sismo, pese a tener las experiencias de la devastación de los fenómenos de 1957, 1979 y 1985. Los gobiernos fueron reactivos y sólo actuaron después de los sustos, como sucedió hace tres lustros con el gobernador de Oaxaca, José Murat, cuando tras los sismos en Tehuantepec y Puerto Escondido, compró 36 sensores. Pero, la marca de los tiempos, no fueron integrados al sistema de alertas, que para entonces ya no era mejorado ni modernizado, sino sólo mantenido.
El sismo de Haití a principio de 2010, que tuvo una potencia de 7.3 grados en la escala de Richter, con epicentro a escasos 15 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe, que causó la muerte de 316 mil personas, dejó un número similar de heridos y millón y medio de damnificados, causó una destrucción en la infraestructura en la ya de sí empobrecida isla, que todavía hoy no logra superar, que asustó a los asesores del presidente Felipe Calderón, quien reinició la inversión en alertas sísmicas y a integrar los esfuerzos con otros estados. Los sensores de Oaxaca fueron incorporados a la red nacional y se financiaron sensores para Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. No obstante, dijeron expertos consultados por Eje Central, no había mucho interés en los gobernantes por presupuestar en alertas sísmicas.
Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, recuerdan los expertos, su equipo llegó con ideas innovadoras en esa materia, pero rápidamente cambiaron sus prioridades. La crisis económica derivada de la guerra de los petroprecios que tumbó en 50 por ciento el valor del barril mexicano de petróleo y redujo drásticamente las posibilidades de crecimiento, hizo que la orientación del dinero se fuera a otros campos, y se paró la instalación de alertas sísmicas. La prevención no ha sido una característica del actual gobierno, y la Secretaría de Gobernación, responsable de los asuntos de protección civil, tampoco mostró un acentuado interés en blindar a la mitad del país, vulnerable a la actividad sísmica.
El costo para saldar aquellas omisiones, comparado con lo que significará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras afectadas en ocho entidades por los sismos de septiembre, era marginal. Sólo en Chiapas y Oaxaca, donde se registró un poderoso sismo el 7 de septiembre, 180 mil casas resultaron afectadas, situación que se agravó con el sismo del sábado pasado –ignorado en la Ciudad de México, que atendía las consecuencias de su propio sismo–, que terminó de destruir lo que había dejado dañado, y afectó a comunidades que habían quedado casi intactas dos semanas atrás, como Ixcaltepec, contigua a Juchitán. La estimación preliminar del gobierno federal para la reconstrucción en esas entidades se sitúa en 54 mil millones de pesos, y la normalización de las actividades en muchas zonas del centro y sur del país será a largo plazo. De acuerdo con el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es una asociación civil, sólo se necesitaría un equipo adicional de 50 sensores en la costa del Pacífico, y sus difusores, con un costo de 800 millones de pesos, más un mantenimiento anual de 180 millones de pesos, para que el centro del país y la Ciudad de México, estuvieran blindados. El sismo del 19 de septiembre seguramente desbloqueará el plan para colocar sensores en Jalisco y Puebla, que están programados, pero aún no hay planes para colocarlos en Tabasco, Veracruz, el altamente sísmico istmo de Tehuantepec y, sobre todo, en Chiapas, la zona de mayor incidencia telúrica, que además recibe los impactos de los fenómenos en Guatemala.
Aquí la columna completa
La mayor emergencia está en Oaxaca y Chiapas
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que de todo lo que está sucediendo en el país a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre, lo que más me preocupa es la situación en Oaxaca y Chiapas. En esas entidades tenemos una crisis en todos los sentidos: bajo crecimiento económico acumulado, altas tasas de pobreza, bajos niveles de inversión privada y pública, rezago educativo, malos gobiernos y presencia de múltiples grupos clientelares y rentistas. Son los dos estados más pobres del país. Iban muy mal y les cayó un terremoto que dejó literalmente en la calle a miles de familias que perdieron el poquísimo patrimonio que tenían. Se trata de un caldo de cultivo perfecto para un eventual levantamiento social que ponga en peligro la seguridad nacional. No exagero. Recordemos, tan sólo, dos hechos que ya ocurrieron en estos estados.
El primero de enero de 1994, el mismo día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el último año del sexenio de un Presidente que prometió llevar al país al Primer Mundo, estalló la rebelión zapatista en Chiapas. El acontecimiento nos recordó el gran rezago económico, social y político de los grupos indígenas de aquel estado.
En mayo de 2006, las tradicionales protestas de la Sección 22 del sindicato de maestros de Oaxaca llegaron al punto que tomaron por completo el centro histórico de la capital. El gobierno estatal trató de desalojarlos. Se unieron otros grupos en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que mantuvo durante meses secuestrada a Oaxaca. Hubo muertos, heridos y pérdidas económicas hasta que, a finales de octubre, la Policía Federal recuperó el control de la capital oaxaqueña.
Antes del sismo del 7 de septiembre, como decía Mao Zedong, el pasto seco:
*En los últimos diez años, si de por sí la tasa de crecimiento de México es baja, ésta todavía era menor en ambos estados.
Aquí la columna completa
Qué poco les duró
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que mira mamá, dijo el niño, los presidentes de los partidos van desnudos. Florestán
En unas pocas horas, lo que se había considerado como un vuelco de los partidos políticos al renunciar al financiamiento público que por miles de millones de pesos reciben para su sostenimiento y campañas y canalizarlos a damnificados y reconstrucción, dio un giro y dejaron ver que, como el rey, sus dirigentes iban desnudos.
Más tardaron en anunciar, cada uno, su oferta, que los suyos en desacreditarla con decenas de pretextos.
El PRI, vía Enrique Ochoa, había anunciado que no recibirá sus prerrogativas del tercer trimestre, 258 millones de pesos, para que el INE las reintegre a la Tesorería de la Federación y ésta los destine a los damnificados de los terremotos. Y que también renunciaba al financiamiento del año que viene y propuso la eliminación de los legisladores plurinominales, todo con un costo de 20 mil millones de pesos, que irían a paliar los daños sísmicos, para lo que su bancada en San Lázaro presentó una iniciativa de reforma constitucional.
El frente que dirige Ricardo Anaya propuso algo parecido, no más financiamiento a partidos ni a campañas, a lo que agregó un plan de austeridad del gobierno por 60 mil millones de pesos.
Aquí la columna completa
¡Negro origen del dinero a partidos!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que ahora resulta que son muchos indignados —entre ciudadanos, políticos y opinadores—, porque un partido se atrevió a insinuar la desaparición del dinero público destinado a los partidos y a proponer el fin de la figura plurinominal en diputados y senadores.
Resulta que —contra lo que nos dijeron por años— no todos los partidos, no todos los políticos y tampoco todos los ciudadanos comparten la “descabellada idea” de cortar el cordón umbilical del dinero público, que hace posible la supervivencia de los partidos.
¡Sacrilegio…! ¡Aberración…! ¡El fin de la partidocracia…! Dicen algunos, gritan otros y se quejan los de más allá.
En efecto, retirar el subsidio total del dinero a los partidos provocaría un cisma momentáneo en la partidocracia; obligaría a la muerte de algunos y colocaría a otros en calidad de damnificados.
Sin duda, se trata de un cambio radical y de un cambio de paradigma. Sin embargo, no es un suicidio democrático y tampoco significa un golpe de Estado.
Aquí la columna completa
¿Mil millones de pesos para el 19-S?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que los priístas no quitan el dedo del renglón sobre las aportaciones de los partidos a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre y lanzaron una campaña en medios para exponer que las fuerzas políticas pueden generar de manera inmediata una bolsa de mil millones de pesos para atender a las familias afectadas. ¿De qué manera? El dirigente tricolor Enrique Ochoa Reza ha dicho que su partido renunció al 100% de los recursos que recibiría en lo que resta de 2017, poco más de 258 millones de pesos. Entonces, se sumarían más de 189 millones del PAN, 113 millones del PRD, 54 millones del PT, 84 millones del PVEM, 78 millones de Movimiento Ciudadano, 60 millones del Panal, 95 millones de Morena y 57 millones de pesos del PES. Claro, la campaña recuerda que los mexicanos estamos frente a una emergencia y “no importa quién lo hizo primero”. ¿Demagogia o ganas de ayudar?
La lección al INE
Nos dicen que todo indica que en el Instituto Nacional Electoral aprendieron la lección en el tema de los dineros y ahora impulsan un acuerdo desde el Consejo General para aplicar una rebaja salarial a altos mandos, para apoyar a trabajadores del instituto que fueron afectados por el sismo del 19-S. Hace unos meses y al calor de la molestia por los dispendios en todas las dependencias del Estado, la Junta Ejecutiva del INE redujo en 10% el salario de sus consejeros, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le enmendó la plana y consideró que tal rebaja no era facultad de esa instancia administrativa, sino del órgano máximo de dirección del Instituto. Para no errar, nos explican, la decisión se llevará al Consejo General, donde deberá ser sometida a votación.
Aquí la columna completa
La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora panista Gina Andrea Cruz, se declarará este mediodía en sesión permanente y así se mantendrá hasta dictaminar el proyecto de Ley de Ingresos 2018 a más tardar el próximo 20 de octubre.
El programa de trabajo prevé las comparecencias de los subsecretarios Vanessa Rubio, de Hacienda y Crédito Público, y Miguel Messmacher, de Ingresos, así como de Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria, entre otros funcionarios que deberán explicar a detalle la iniciativa presidencial y despejar cualquier duda de los legisladores para alcanzar el mayor consenso posible.
Que el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez, respaldó la propuesta de su bancada para desaparecer el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, también llamado “fondo de los moches”, bolsa que sirve a legisladores para redirigir recursos a obras en sus respectivos distritos.
Dice que es un paso “fundamental” a favor de la transparencia y contra la corrupción, que además permitirá reforzar el fondo a favor de la reconstrucción que se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.
Abundan las buenas intenciones.
Aquí la columna completa