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Que se mochen las que más ganaron

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, señala que antes de pedir un préstamo para contar con recursos que hagan frente a los daños causados por el sismo, el gobierno del estado debería explorar otras alternativas que pasan por revisar los contratos de Asociación Público Privada (APP) y de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), firmados por la pasada administración, para que los recursos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) y de otras partidas se destinen a los damnificados y a la reconstrucción de viviendas y escuelas.

El gobernador José Antonio Gali Fayad y los secretarios de su gabinete deberían buscar que en aras de la emergencia impuesta por los estragos del terremoto, las empresas favorecidas con esos multimillonarios contratos, donen los pagos correspondientes en lo que resta de su administración a favor de los damnificados.

O que acepten que estos pagos se difieran, sin cobrar intereses, hasta enero de 2019, justo después de que concluya su gestión de 22 meses.

Lo anterior no es descabellado. Hablamos de empresas de un gran capital económico y financiero que no van a quebrar o a comprometer su futuro si donan esos pagos o aceptan que éstos se reanuden con la próxima administración gubernamental.

Apycsa de los hermanos Abed Rouanett tienen un contrato de 3 mil 800 millones de pesos por el Centro Integral de Servicios (CIS); la Peninsular Compañía Constructora, de los Hank Rhon, un contrato de 7 mil 280 mdp por el Museo Internacional Barroco; y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), un contrato de 10 mil 800 mdp por la construcción de las plataformas de Audi.

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La maldición de Carrancá

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que un nuevo caso de feminicidio mancha a Puebla y confirma no solo la ineficiencia del Fiscal General, Víctor Carrancá, sino su estúpida obsesión por negar que en el estado, sus mujeres, viven en focos rojos tras casi siete años de no existir una política de prevención y atención a este peligro social que implican los delitos de género.

En repetidas ocasiones hemos hecho recuentos sobre los delitos que han crecido alarmantemente en Puebla, siendo los de mayor impacto los de robo de combustible y los feminicidios.

En ambos casos, Puebla ha ocupado un nada envidiable lugar de “honor”, gracias a la “brillante” estrategia del Fiscal Víctor Carrancá, de no hacer absolutamente nada.

El crimen de Nazarea Iraís Simón Aguilar confirmado ayer, es uno más de los feminicidios que suceden en Puebla, sin que nadie nos pueda explicar qué están haciendo las autoridades para detener la ola de violencia contra las mujeres.

Este es el primer parte policiaco:

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La clase política poblana, insensible frente al desastre que dejó el sismo

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, señala que a una semana del sismo que devastó una parte fundamental del valle de Atlixco y la Mixteca poblana, los grandes ausentes han sido los dirigentes de los partidos, los legisladores y líderes de todas las fuerzas políticas. Fuera de hacer donativos altruistas, sin ningún impacto significativo para los damnificados, la clase política poblana ha estado alejada de la tragedia y sin capacidad de proponer salidas a la contingencia que ha golpeado, en mayor o menor medida, a más de la mitad de los municipios de la entidad. A raíz del desastre que se generó tras el sismo de 7.1 grados que se dejó sentir el martes pasado a las 13 horas con 15 minutos, una de las principales expresiones de la población damnificada, de las redes sociales y en general de la opinión pública, fue de odio, rencor, rechazo, hacia la clase política que solamente lucra con la tragedia y que no sabe como aliviar el dolor humano, solucionar los problemas de los afectados y proponer alternativas para la reconstrucción.

Todos los dirigentes partidistas de Puebla, principalmente del PRI, el PAN y Morena, junto con algunos legisladores, su única capacidad se ha reducido a tomarse fotos de promoción y hacer pírricas donaciones a los damnificados, que no generan ningún impacto positivo entre la población que se quedó sin casa, sin servicios públicos o que perdió a un ser querido.

En los casos del PRD, del PVEM, del Panal, de Movimiento Ciudadano y de Compromiso por Puebla, de plano no se sabe nada.

Sus dirigentes y legisladores desaparecieron por completo de la escena durante la última semana.

Lo único que se ha presenciado son abusos y exhibicionismo. Aquí hay tres ejemplos:

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El nuevo despertar social

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que hay una coincidencia analítica histórica que se centra en el hecho de que, a partir del sismo del 85 en México nació el concepto de sociedad civil y por lo tanto, el principio del fin del régimen de partido único que se concretaría 15 años después.

Otra semilla importante se ha plantado a partir del terremoto del mismo día, pero de 2017: la del repudio a la corrupción.

Otra vez, la ciudadanía se caracterizó por su solidaridad y ganas de apoyo.

Como nunca, la ayuda llegó masivamente a los diferentes centros de acopio para aliviar apenas en algo, la situación de emergencia que viven miles de connacionales y otra vez, los diferentes gobiernos e instancias oficiales fueron la mancha negra en hojas de papel limpísimas, que narraban notables actos de heroísmo.

El intento de lucro político se hizo presente en medio de la contingencia.

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El gran negocio de construir y reconstruir

Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que construir y reconstruir es un gran negocio. Hacerlo bajo circunstancias de urgencia por un desastre natural, es una mina de oro que enriquecerá a muchos si los presupuestos no son vigilados por una Comisión que integren damnificados, autoridades y colectivos de la sociedad civil que movilizaron los apoyos a las comunidades antes que la llegada del gobierno.

Reconstruir viviendas, escuelas y hospitales es una necesidad, pero no todas las obras deben tener el mismo tratamiento, porque no es igual la casa de adobe de un mixteco que el Hospital General de Izúcar de Matamoros, el Complejo Médico Río Arronte o escuelas históricas como la Héroes de la Reforma o la Leona Vicario. Y por supuesto, los templos religiosos que chuparán dinero federal del INAH.

¿En qué consisten las diferencias?

Uno puede entender el derrumbe del Centro Escolar de Izúcar: es una obra de décadas, sin mantenimientos mayores y que al final no aguantó la acometida de la naturaleza. Dio de sí y ahora es un problema para los más de dos mil estudiantes inscritos que deberán ser reubicados o perderán el año escolar.

Pero cómo entender la fractura o derrumbe de algunas de las obras morenovallistas inauguradas entre bombo y platillo por el ex gobernador en el último tramo de su sexenio, cuando parece que dejaron de tener la solidez que sí exhibieron en el primer tramo. ¿Qué pasó?

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