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Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la desconfianza con las instituciones ha tenido un alto costo. La forma como el gobierno de Morelos detuvo torpemente la ayuda ciudadana para las víctimas del sismo del 19 de septiembre, incendió, con justa razón, las redes sociales. La crítica fue directa contra el responsable político del atropello, el gobernador Graco Ramírez, a quien acusaron de lucrar con los víveres lo que detonó el repudio que se fue ampliando como un tsunami digital que, horas después de iniciado, detuvo la ayuda ciudadana en la Ciudad de México. La contaminación morelense paró en seco las donaciones y dejó de llegar ayuda a los centros de acopio, al comparar a todos los gobernantes con Ramírez. En las zonas más pobres del oriente de la capital se agudizó la crisis, pero continuaban sacando a sus muertos de entre los escombros.
Xochimilco, una de las zonas más afectadas, fue un caso paradigmático. Cuatro comunidades a las que partió la onda sísmica del martes, prácticamente fueron abandonadas. San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixtla, San Marcos y Santa María Nativitas, tuvieron atención los primeros días del sismo, pero después vino el olvido. En lo alto de los cerros, otras comunidades quedaron aún peor, porque la poca ayuda que alcanzó a llegar el viernes, no fue posible transportarla hacia ellos. La atención se concentró en los grandes núcleos urbanos de la capital, los segmentos de clases medias, perfectamente urbanizados, de fácil acceso y foco de atención mediática. En la zona xochimilca, de origen prehispánico, pobre y marginada, la ciudadanía pasó la factura política a los más pobres.
Un hecho, el que la policía de Morelos detuviera el viernes los camiones de ayuda que salían de los centros de acopio, galvanizó la desconfianza ciudadana en los políticos y las instituciones. No fue un invento o producto de la maledicencia de quienes tomaron Facebook y Twitter como sus armas. Existen experiencias claras desde 1985, que ayuda para necesitados, varias veces jamás llega a su destino. Ha habido casos en el pasado donde se descubre que ropa, casas de campaña y alimento para víctimas de un siniestro, terminaron en venta de garaje de autoridades ladronas. Ha habido otros donde la desorganización en el manejo de la ayuda y la ineficiente logística, dejó por años donaciones para inundaciones o sismos sin ser entregadas. En ocasiones más frecuentes de las que uno quisiera ver, se detiene la distribución para que el gobernante en turno y su gabinete, se tomen fotografías junto a la ayuda y sean ellos quienes la repartan. No importan las necesidades urgentes, sino transmitir que las están atendiendo.
Estas imágenes en la mente colectiva crean condiciones para que, además de los hechos objetivos y las denuncias factuales, corran todo tipo de versiones. Dos organizaciones, Horizontal, que es un colectivo multidisciplinario dirigido por dos periodistas, y Bicitekas, que además de organizar paseos en bicicleta por la capital busca influir en las políticas públicas sobre movilidad y medio ambiente, lanzaron en las redes sociales #Verificado19S, mediante el cual intentan contrarrestar con información real la falsa y los rumores que corren con impunidad por el mundo virtual, generando desinformación y contrainformación. Los rumores, aquellos de personas bien intencionadas que responden a emociones sin corroborar la veracidad de lo que difunden, y de los que impulsan intereses políticos o incuban rencores, desestabilizan, desvían la atención, agotan y obstaculizan la respuesta rápida en momentos de crisis. La mezcla de verdades y mentiras, desatadas por la acción del gobierno de Ramírez en Morelos, inyectó combustible a una sociedad empapada de ansiedad y temor frente a lo incierto de la naturaleza y a su certidumbre de que todo lo oficial apesta, es corrupto y, por definición, hay que rechazarlo.
La realidad no es maniquea. La vida no se mueve únicamente entre extremos, donde uno es bueno y el otro es malo, o blanco o negro. “La polarización de la sociedad con medios que la alimentan, sólo crea más polarización”, dijo Sudeep Reddy, director editorial del respetado portal estadounidense Político, en una conferencia en el Texas Tribune Festival, en Austin. “Estar bajo el ataque de los extremistas es muy difícil de enfrentar. Son ataques retóricos por la batalla de los políticos”. Los ataques superan a la información verificada y aplastan al debate informado. “Hay mucho ruido en las redes”, secundó Peter Hamby, director de noticias de Snapchat, y conductor de su popular programa Good Luck America.
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Sobre los malos gobiernos y los sismos
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que para que sea exitoso el proceso de limpieza y reconstrucción después de los sismos del 7 y 19 de septiembre vamos a necesitar consenso político, gobiernos eficaces y participación ciudadana. Ayer hablé de los problemas del primer factor: con la elección del 2018 tan cercana, los partidos siguen más en una lógica de competencia y división que de cooperación y unión. Hoy analizo el problema de contar con gobiernos ineficaces y, por tanto, incapaces de llevar a cabo el complejo proceso que viene.
¿Qué es un buen gobierno? Existe un montón de trabajos filosóficos y empíricos que presentan múltiples y divergentes teorías. Pero, con la que quiera usarse, la triste realidad es que México tiene gobiernos (federal, estatales y municipales) ineficaces. Con toda razón, Luis Rubio ha dicho que el gran problema de México es su mala gobernanza.
Los datos así lo comprueban. El reporte anual sobre competitividad del Foro Económico Mundial incluye múltiples variables que miden la eficacia gubernamental. México está por los suelos en muchas de ellas. Ocupamos el lugar 125, de 138 países que aparecen en el estudio, en “desvío de fondos públicos”, el 103 en “sobornos y pagos irregulares [hacia el gobierno]”, el 124 en “favoritismo en las decisiones de los funcionarios gubernamentales”, el 94 en “despilfarro de gasto del gobierno” y el 118 en “cargas regulatorias gubernamentales”. La realidad es apabullante. Los gobiernos en México son corruptos, gastan mal y regulan deficientemente.
No por nada, la gente no confía en las instituciones gubernamentales, salvo en las Fuerzas Armadas. Lo estamos viendo en la delicada situación por los sismos. El terremoto del 7 de septiembre afectó a los dos estados más pobres del país: Oaxaca y Chiapas. La ayuda del gobierno federal y la sociedad civil comenzó a fluir, pero rápidamente aparecieron historias de extraños desvíos. Ante esto, y para evitar un escándalo mayor, el gobierno federal insistió que los apoyos se estaban canalizando únicamente a través del Ejército y la Marina. Ninguna institución gubernamental más estaba involucrada. En cuanto al temblor del 19 de septiembre, también ya empezaron a surgir historias de la presunta utilización de los bienes con propósitos políticos, sobre todo en Morelos.
Y esto apenas está comenzando. Lo que viene –limpieza y reconstrucción– es todavía más delicado. Todos coinciden, hasta los neoliberales más granados, que en este proceso se va a necesitar mucha planeación, intervención y regulación gubernamental. En este tipo de emergencias es cuando más se requiere al gobierno. ¿Están listas y capacitadas las autoridades para esta labor? No lo creo.
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Al desastre seguirá la crisis
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que les importa más el funeral que el muerto. Florestán
Hoy a las 13:14:40 se cumplirá una semana del peor terremoto que ha azotado a esta ciudad desde el 19 de septiembre de 1985, exactamente 32 años después.
Y hoy, como entonces, y como siempre, al gran desastre seguirá la crisis.
¿Cuál? No lo sé.
Pero vendrá.
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¡Los 10 milagros del terremoto!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que los terremotos del 7 y el 19 de septiembre ya provocaron los primeros diez milagros políticos.
1.- El milagro de la renuncia del PRI al ciento por ciento de las prerrogativas electorales de 2017, que en el caso del partido en el poder significará devolver casi 300 millones de pesos que el gobierno federal destinará a las prioridades de los damnificados por los sismos.
2.- El milagro de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el PRI para que —en las presidenciales de 2018— termine definitivamente el financiamiento total del dinero público a los partidos, para fines político electoral; reclamo generalizado que significaría el ahorro de casi 7 mil millones de pesos.
3.- El milagro del ahorro de casi mil millones de pesos que significaría la renuncia de todos los partidos a las prerrogativas de 2017 —si todos siguen la propuesta del PRI—, y con la cual el tricolor se coloca a la cabeza en la exigencia de terminar con el dinero público destinado a los partidos.
4.- El milagro de la iniciativa de reforma constitucional presentada por el PRI para poner fin a la figura de diputados y senadores plurinominales, a escala federal y en el orden estatal, lo que significaría un ahorro cercano a 11 mil millones de pesos.
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19-S tambalea a los tapados del PRI
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que el terremoto del 19 de septiembre también hizo tambalear el tablero político. Nos hacen ver que en especial el PRI tiene un problema. Los cuatro destapados por el coordinador de los senadores en el PRI, Emilio Gamboa, están inmersos en los trabajos del gobierno federal para atender la emergencia y la reconstrucción. Con miles de escuelas por revisar y al menos 400 que reconstruir en un periodo de 9 meses, un escenario de salida del cargo de la SEP de Aurelio Nuño se ve complicado. No menos problemático es el escenario de que el hombre encargado de proporcionar los recursos y hacer los ajustes presupuestales, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se baje del barco. Muy difícil se ve también que quien es uno de los hombres que coordina una buena parte de los esfuerzos nacionales frente al desastre, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cambie la secretaría por la candidatura. Y ni qué decir del responsable nacional de la salud, el doctor José Narro. El plazo entre la tragedia y una eventual salida del gabinete de alguno de los cuatro destapados a finales de noviembre se observa muy corto. En el PAN y Morena, el caso es distinto, pues sus aspirantes más aventajados no tienen cargos públicos. Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle pueden asumir la candidatura presidencial sin problema, y Andrés Manuel López Obrador, extraoficialmente es ya el candidato presidencial de Morena. El PRI tomará la decisión de designar a uno de los 4 destapados, o volverán al juego algunos secretarios que ya no estaban en el tablero como Enrique de la Madrid, José Calzada o Eruviel Ávila.
La grieta crece en el PAN
Con la atención puesta en la emergencia, ha pasado inadvertida la división en la bancada del PAN en el Senado, que dirige Fernando Herrera. Los llamados senadores “rebeldes” ya no son cinco ni seis, sino que ahora nos aseguran que ya suman una docena. Comentan que el bando del senador Ernesto Cordero sigue en crecimiento. Aseguran que el grupo “rebelde” se integra, además de Cordero, por los senadores Roberto Gil, Luisa María Calderón, Juan Fernández, Mariana Gómez, Jorge Luis Lavalle, Javier Lozano, José María Martínez, Octavio Pedroza, Jesús Santana, Fernando Torres y Salvador Vega. Y aseguran que la grieta seguirá creciendo.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el desalojo del edificio H en el Palacio de San Lázaro, declarado inhabitable por su inclinación tras el terremoto del martes pasado, deja entre los afectados a los líderes parlamentarios del PRI, César Camacho; del PAN, Marko Cortés, y del PVEM, Jesús Sesma, quienes ocupan oficinas en distintos niveles del inmueble.
Incluso, en la planta baja, el grupo parlamentario del tricolor había remodelado recientemente los espacios para alojar a sus vicecoordinadores.
Por cierto, el pleno de la Cámara de Diputados celebrará este martes una sesión solemne en honor a las víctimas de los sismos, justo al reiniciar sus actividades en el recinto parlamentario.
Que aunque aplauden a su líder nacional, Enrique Ochoa, hay priistas que recuerdan que desde enero pasado fue el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien presentó una iniciativa de ley para que se suprimiera el financiamiento público a los partidos en años sin proceso electoral y ese recurso se destinara al fondo de contingencia con el que se entrega apoyo social a población vulnerable.
En marzo pidió que se discutiera el tema a escala nacional y en junio, el Congreso de aquel estado aprobó una propuesta híbrida entre la iniciativa del gobernador y la del diputado independiente Pedro Kumamoto en cuanto al reparto del presupuesto.