Tres años después del secuestro de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, por parte de policías municipales, sus padres y la CNDH demandaron a la PGR agotar todas las líneas de investigación antes de cerrar el caso.
En una marcha silenciosa, que este martes partió del Ángel de la Independencia y se dirigió al llamado “antimonumento +43”, hacia las 17:00 horas, los familiares de los normalistas desaparecidos exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) la aclaración del destino de sus deudos.
Asimismo, se solidarizaron con los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, por lo que decidieron suspender las Jornadas Globales por la Ayotzinapa en la Ciudad de México.
Por su parte, mediante un comunicado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que, en los tres reportes que ha elaborado sobre el caso, hay 57 observaciones y propuestas a la PGR, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero y el municipio de Iguala, pero hasta el momento “únicamente nueve pueden considerarse totalmente atendidas, 36 en vías de atención y 12 con el estatus de no atendidas”.
Sociedad debe conocer la verdad, afirma CNDH
Sostuvo que tanto las víctimas como la sociedad en general deben conocer la verdad de lo acontecido antes, durante y después de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, cuando los normalistas fueron detenidos por policías de Iguala, tras apoderarse de camiones particulares, y supuestamente entregados a un grupo de la delincuencia organizada.
En ese sentido, refrendó su compromiso con las víctimas y familiares de los normalistas, así como con los del colectivo Avispones de Chilpancingo y las víctimas de eventos paralelos, “para que estos hechos sean atendidos a cabalidad desde cuatro ejes fundamentales: derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, y las garantías de no repetición”.
Lo anterior –afirmó– propiciará la reparación del daño a las víctimas, que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho.
Fuentes: Proceso
Editado por Luis Alberto Palacios
