¿Quién tiene mayor responsabilidad en la contratación del chofer que mató a Mara?
Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que ¿Quién de la Fiscalía General de Justicia del estado será despedido o removido por haber expedido una constancia de no antecedentes penales al conductor que mató a la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla Miranda?
Si el gobierno del estado revocó a Cabify su permiso para operar en Puebla por su falta de cuidado en la selección y contratación de su personal, ¿qué castigo recibirá la funcionaria que expidió a Ricardo Alexis Díaz López una constancia de no antecedentes penales, apenas el pasado 10 de agosto?
Si el bar The Bronx, sitio del que salió Mara Fernanda el viernes después de las 4 de la madrugada, junto con algunos de sus compañeros, fue clausurado por carecer de medidas de seguridad y funcionar fuera de los horarios permitidos, ¿qué pasará con quienes en la Fiscalía del estado y el Instituto de Ciencias Forenses expiden constancias sin investigar a fondo el historial penal de quienes las solicitan?
cartafiscaliaEl cuento ese de que los antecedentes penales de Ricardo Alexis no se acreditaron porque el proceso que se le sigue por haber sido detenido en flagrancia con tambos de huachicol aún no concluye, es eso: un cuento que nadie cree.
Si eso fuera cierto, el fiscal Víctor Carrancá Bourget debió abstenerse de acusar al chofer de Cabify de huachicolero, como lo hizo este lunes, cuando declaró ante diferentes medios que Ricardo Alexis había sido detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación por transportar en un auto suyo tambos de gasolina robada.
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Carrancá hundido por el caso Cabify
Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, señala que la historia del fiscal Víctor Carrancá se oscureció aún más, cuando decidió responsabilizar a la empresa Cabify por haberle dado empleo al presunto asesino de Mara Fernanda Castilla, pese a contar con antecedentes como huachicolero.
En información proporcionada por la propia Fiscalía, se asegura que Ricardo Alexis Díaz tenía antecedentes al haber sido detenido por la presunta comisión del delito de robo de combustible.
Lo que no dijo el inefable fiscal Víctor Carrancá es que fue su propia dependencia la que emitió 28 días antes del homicidio de Mara Fernanda, una Carta de NO ANTECEDENTES PENALES en favor del propio Ricardo Alexis Díaz.
De ahí la gravedad del asunto, la Fiscalía General del Estado, es la institución que debió alertar de la dudosa integridad de este sujeto al momento de extender el documento.
En otros estados, las cartas que emiten sus Fiscalías, después de decir que el solicitante no cuenta con antecedentes penales, agregan un anexo diciendo —cuando es el caso— que está sujeto a un proceso por determinado delito.
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Gali paga un alto costo político por mantener a Carrancá en la FGE
Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que la reacción unánime de dolor y furia por el asesinato de la joven Mara Fernanda Castilla Miranda de la opinión pública local, nacional e internacional, de políticos de todos los colores, de miembros de universidades públicas y privadas, de ciudadanos de todos los credos religiosos y los estratos sociales, de importantes figuras intelectuales y del medio artístico, de las redes sociales, fue porque en Puebla se respira un clima de impunidad, de simulación, en torno a los asesinatos y desapariciones de mujeres. El principal responsable de toda esta situación tiene nombre y apellidos: Víctor Antonio Carrancá Bourget, el fiscal general del estado.
Tal situación plantea que si el gobernador Antonio Gali Fayad no provoca la salida de Víctor Carrancá de su gabinete, enfrentará un severo costo político y en lugar de ser visto como un titular del Poder Ejecutivo conciliador, incluyente, tolerante, será recordado como un político insensible ante la violencia de género.
Le podría acabar pasando lo mismo que al presidente Enrique Peña Nieto con el asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que ha sido el tema que más ha golpeado su imagen pública y la confianza de su gobierno.
La agresión contra los normalistas era un tema que concernía al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pero por una mala actuación de quien era el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, quien atrajo el caso y lo complicó en todo, la opinión pública acabó reprobando la actuación de la gestión de Peña Nieto, al grado que ahora muchos consideran al gobierno federal como el causante directo de la violencia sufrida por los estudiantes desaparecidos.
Algo similar está pasando con el caso de Mara Castilla. El gobierno del estado había logrado llevar de manera más o menos correcta el esclarecimiento del homicidio, en mucho por la presión mediática que existe en torno a dicho asesinato, hasta que estalló el escándalo de que el agresor Ricardo Díaz pese a que estuvo detenido por el delito de robo de combustible logró que la Fiscalía General del Estado (FGE) le diera una carta de no antecedentes penales, lo que le posibilitó poderse emplear como chofer de Cabify.
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#TodosSomosAlertaDeGénero
Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, señala que la ciudadana Paola de la Concha Zindel tomó a las 14.45 horas el vuelo 1810 de AirTran Airways para arribar a Orange County, California, el pasado 5 de octubre del 2014, de acuerdo con los datos de su pasaporte, registrados en Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo…
“El pasado 6 de octubre del 2014, la ciudadana Paola Suculima de la Concha Zindel, junto a otros ciudadanos de Cholula, encabezó el bloqueo del Periférico y posteriormente participó en la toma de la alcaldía de San Andrés, donde agredió y amenazó a policías…
“(Por eso) Se libra orden de aprehensión en su contra por los delitos de motín y despojo“, de acuerdo con el agente del Ministerio Público, José Martín Nicolás Flores Figueroa, con fecha 9 de octubre del 2014.
¿Con qué elementos reales contó la autoridad judicial para ordenar la detención de una ciudadana que, está probado, se encontraba fuera del país?
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Que esta muerte no sea en vano
Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que no fueron suficientes los más de 250 feminicidios ocurridos en Puebla durante los tres años finales de su mandato, para que Rafael Moreno Valle le ordenara a su siempre solícito y sumiso Congreso, que se llevaran a cabo las acciones necesarias para decretar en el estado una Alerta de Género.
Al contrario.
El término por si solo causaba un auténtico escozor en lo más alto del poder político poblano, al grado de que la orden concreta era jamás reconocer públicamente la magnitud del tema.
Es más, la línea consistía en negar obsesivamente que estas muertes violentas de mujeres en la entidad se dieran en un contexto tal que pudieran ser consideradas como feminicidios.
Mintieron en los hechos que arrojaban sus investigaciones para intentar bajar artificialmente el número de casos y minimizar así una preocupante realidad.
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El Estado fallido llevó a Ricardo Alexis al volante de ese Cabify
Arturo Rueda en su columna Tiempos de Nigromante, publicada en Diario Cambio, señala que si la muerte de Mara Castilla es un cúmulo de trágicas irresponsabilidades, la presencia de Ricardo Alexis N al frente de un coche Cabify es un cúmulo de negligencias y corrupciones criminales.
Resulta que la agresión a la joven no fue un acto aislado, sino que el tipo ya tenía antecedentes como infractor penal pues según Víctor Carrancá fue huachicolero. Cayó este mismo año, el cinco de marzo justo cuando arreciaba la ‘guerra’ contra los chupaductos.
Ricardo Alexis N, según el fiscal, fue sorprendido transportando bidones de combustible robado. Fue remitido a la delegación local de la PGR, pero no hay informes de que haya sido procesado. La versión más lógica es que lo liberaron sin imputarle la causa penal.
Es decir, Ricardo Alexis disfrutó su primera impunidad del año, pero no la única.
Al mismo tiempo que la hacía de huachicolero, también era socio propietario en UBER, pero según informó la empresa, fue dado de baja en mayo del 2017 “por incurrir en comportamientos que van en contra de nuestros protocolos de seguridad para los usuarios y la aplicación”.
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A Propósito de Mara: ¿Qué Hemos Hecho Mal?
Mario Alberto Mejía en su columna La Quinta Columna, publicada en 24 Horas Puebla, indica que ocurrió hace muchos años en el Juzgado Civil de Huauchinango, Puebla.
Una secretaria de unos cincuenta años le tomó la declaración a una humilde adolescente que acababa de ser violada por su padrastro.
Imagine el hipócrita lector la escena:
La secretaria, excesivamente pintada, masca un chicle frente a la máquina de escribir.
La chica, delgada, asustada, se frota las manos nerviosas.
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