El sur no puede ser tan miserable
Raymundo Riva Palcio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que en las comunidades indígenas en Oaxaca y Chiapas la nostalgia no existe. Se vive y se muere el mismo día. Pese a esa realidad, el sismo de magnitud 8.2 del jueves pasado expuso la vulnerabilidad a cielo abierto de quienes no tenían nada y aún así, perdieron lo único de lo que eran dueños: la tranquilidad para dormir. Las categorías para entender desde las ciudades lo que este sismo significó para miles de indígenas en el sur mexicano, están caducas. ¿Cómo podrían explicar que en Reforma de Pineda, en la frontera de Oaxaca con Chiapas, los hornos donde preparan las tortillas y los totopos, es el equivalente a vivir o morir? Cuando los temblores los aplastaron, la población se quedó inerme: sin tortillas, no tendrán ningún ingreso; sin totopos, perdieron su alimento.
Ante dramas con dobleces tan primarios, los discursos sobre las políticas públicas que, dicen funcionarios federales, se van a poner en marcha para la recuperación de esas comunidades, trazan la brecha que existe en dos realidades que conviven sin mirarse, y que sólo se cruzan cuando hay tragedias. En Reforma de Pineda, reportó el corresponsal de Eje Central, Jair Ávalos, se cayó el 76 por ciento de las casas. Pero también la alcaldía, el mercado, la estación del ferrocarril por donde pasa La Bestia, el DIF y el auditorio. Los casi tres mil habitantes que se quedaron sin techo, se fueron al campo de futbol municipal, cuyas maltrechas gradas se convirtieron en albergue. Poca ayuda les ha llegado, como a Santa María Xadani, a 20 minutos de Juchitán, que se reinventa con el trabajo de sus habitantes pero, observó Ávalos, la falta de comida y la escasez de agua agudiza su sobrevivencia. “Ya no hay nada más que pueda caerse –agregó–, pero el miedo inunda las calles de este pueblo que todavía la semana pasada sentía el calor de los hornos y olía a tlayudas y pescado”.
En esas regiones del sur mexicano quedó demostrado que los pobres pueden ser todavía más pobres, y perder hasta lo que nada tenían. Chiapas es el estado más pobre del país, con 80 por ciento de personas que viven en condiciones de marginación, y Oaxaca es el tercero más desamparado, con 63 por ciento de su población menesterosa. El Índice GLAC tiene a Oaxaca y Chiapas en el sótano de su ranking de falta de bienestar y de riesgos sociales e inestabilidad. Los dos, agobiados por la corrupción de sus exgobernadores, enfrentan altos niveles de pobreza y marginación que, ante la mala calidad de vida, un brote social de inconformidad está latente. Ambos estados se encuentran en los últimos lugares de estabilidad, en una situación cotidiana que se encuentra en países en guerra como Pakistán y Somalia.
Esa realidad ya existía antes de los sismos. Después de ellos, las condiciones van a empeorar de una manera acelerada. No hay forma de que la asistencia a todas las comunidades afectadas llegue con la celeridad como exige la angustia de las víctimas. La tensión va a crecer conforme avancen los días sin resultados tangibles de mejoramiento que los pudiera llevar al precario bienestar en el que se habían acostumbrado –pero no necesariamente resignado– a vivir. Funcionarios estatales y federales han comenzado a experimentar la inconformidad. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, camina todos los días por las zonas afectadas con la cabeza gacha, sin mostrar control sobre la información. Los protocolos estatales para casos de desastre no funcionaron. No hay prácticamente policías municipales atendiendo a las víctimas y trabajando en las operaciones de rescate, porque se encuentran ellos mismos rescatando a sus familiares y viendo qué van a hacer. La seguridad en las comunidades que no están bajo la mirada de las cámaras de televisión, la han tomado los propios pobladores para evitar saqueos y actos de rapiña. Al secretario de Educación, Aurelio Nuño, lo increparon el martes en Juchitán por el colapso de 400 escuelas en ese estado que, de sí, ha vivido un rezago educativo de casi una generación.
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Gobierno, izquierda y Corea del Norte
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que la expulsión del embajador de Corea del Norte en México ha desatado una polémica en dos asuntos: uno, las razones del gobierno mexicano para tomar esta decisión y, dos, la postura de algunos miembros de la izquierda mexicana sobre el régimen dictatorial de Pyongyang. A continuación presento mi opinión sobre ambos temas.
Comienzo con la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de declarar como persona non grata a Kim Hyong-Gil. El embajador de Corea del Norte en nuestro país tendrá que salir de México. Esto como una “medida de rechazo” a las recientes pruebas nucleares realizadas por la nación asiática que abiertamente desafían las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que le había prohibido desarrollar armas nucleares y misiles balísticos. “La actividad nuclear de Corea del Norte es un grave riesgo para la paz y la seguridad internacional”, señaló la Cancillería. “Representa una amenaza creciente para las naciones de la región, incluyendo a aliados fundamentales de México como son Japón y Corea del Sur”.
El régimen de Kim Jong-Un está jugando, literalmente, con fuego. Desde que tomó posesión como líder de Corea del Norte hace un sexenio, a la edad de 27 años, el nieto del fundador de ese país ha realizado 84 pruebas de misiles, más del doble de las que habían realizado su padre y abuelo en conjunto. Hace poco, un misil sobrevoló Japón alertando a su población. El juego de Jong-Un es muy claro. La pretensión de desarrollar armas nucleares está diseñada para mantener la viabilidad de una brutal dictadura militar liderada por Kim. Estados Unidos, que cuida los intereses de Japón y Corea del Sur en esa zona del mundo, no ha podido hacer absolutamente nada para detener el desarrollo del arsenal nuclear de Corea del Norte. Presidentes estadunidenses, incluyendo al actual, han amenazado al régimen de Pyongyang sin éxito alguno. Al parecer, el gobierno de Jong-Un está más fuerte que nunca.
Muchos piensan, y así lo han escrito, que México expulsó al embajador norcoreano para quedar bien con el chocante gobierno de Trump. Puede ser. No hay que descartarlo. Incluso es posible que la petición de expulsar a Kim Hyong-Gil haya venido directamente de Washington. La pregunta es por qué. Y creo que aquí podría haber más carnita.
Recordemos, primero, que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Las relaciones con ese país se tratan, de manera informal, con la misión que tiene ese país en la ONU. Pero los diplomáticos norcoreanos acreditados en Nueva York están muy vigilados y no pueden moverse libremente salvo en un radio limitado de unos cuantos kilómetros alrededor de la glorieta de Colón en Manhattan. Resulta, entonces, que uno de los diplomáticos norcoreanos más cercanos territorialmente a Estados Unidos es el embajador acreditado en México. No es jalado de los pelos pensar que este funcionario, aprovechando la cercanía geográfica, estuviera involucrado en una serie de “travesuras” (vamos a llamarlas así) relacionadas con actividades ilegales para nuestro vecino del norte (espionaje, contrabando, etcétera).
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El frente ya es de Anaya; y su candidatura, también
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que exigen respuestas a preguntas que no se han hecho. Florestán
Le había contado que ya con el control del Frente Amplio Opositor, o como se llame esta semana, Ricardo Anaya marcó territorio al interior sobre PRD y Movimiento Ciudadano y al exterior al gobierno y al priismo, y dio dos golpes: el primero, bloquear durante seis días la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que condicionó a que presentaran una nueva iniciativa en ese recinto para impedir el pase automático del fiscal general, ya incluido en la iniciativa que el presidente Peña Nieto mandó al Senado desde noviembre, y su inmediata aceptación en la sesión de este martes 12.
El acuerdo lo habían tomado la víspera, el lunes 11: la iniciativa del PRI, con el Verde, Panal y PES sería votada en lo general por el Frente, pero contra el transitorio que permitiría al actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, participar en el proceso de selección del fiscal general, ya sin el pase automático.
Así, el martes la subió la diputada Martha Himelda Félix para someterla de inmediato al pleno, lo que no ocurrió porque Anaya les tenía una sorpresa, otra: su coordinador en San Lázaro, Marko Cortés, denunció que esa iniciativa tenía un dardo envenenado y no la votarían.
Ante esto, César Camacho anunció otro acuerdo para permitir una discusión más amplia y se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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¡No tienen madre…!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que en Oaxaca y Chiapas la tragedia provocada por el sismo de hace una semana es inimaginable. Se estiman daños mayores a los de 1985.
Miles de viviendas destruidas, cientos de municipios arrasados y millones de damnificados. Sin contar con la mayor pérdida; casi un centenar de vidas que se llevó el temblor.
Peor aún, la mayor tragedia ocurrió fuera del foco referencial mediático; en comunidades perdidas por siempre, abandonadas e ignoradas por el poder y fuera de la vista del ojo de partidos, líderes, gobernantes y de los medios serios. Y si no ha llegado la cauda mediática profesional, qué esperar de la prensa militante.
Pero apenas asistimos al primer reporte, el de mayor dramatismo de los estragos del terremoto. Acaso falta por venir lo peor. Y es que durante días, semanas, meses —y acaso años—, veremos las casas destruidas, a los millones de damnificados en un doloroso peregrinar, se hará crónica la carencia de lo básico, se llevará por años el luto por los muertos que arrebató el temblor.
Por eso, por el tamaño de la tragedia, por lo profundo del dolor de millones de damnificados y por lo doloroso y prolongado de la recuperación, resulta insultante la pasividad y arrogancia de los partidos, el “valemadrismo” de los políticos, el “pocamadrismo” de líderes y legisladores y, en general, el desdén de muchos sectores sociales.
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El escándalo de corrupción que ahoga al PRI
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que nos informan que este jueves la Sección Instructora de la Cámara de Diputados iniciará el proceso de desafuero en contra de la diputada local de Chihuahua Diana Karina Velázquez Ramírez, quien es nada menos que la presidenta del Congreso estatal. La priísta, nos explican, tiene una denuncia penal por el delito de peculado por su probable participación en la presunta red de corrupción del ex gobernador, César Duarte. EL UNIVERSAL publicó el pasado mes de junio que un juez federal giró la orden de aprehensión en contra de Duarte, debido a que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales logró acreditar que durante su administración fueron desviados 14 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional. Ayer la fiscalía chihuahuense pidió que se ordenara la detención de Duarte con fines de extradición. Todo indica que el escándalo de corrupción ahogará a los priístas justo cuando empieza el proceso electoral de 2018.
Legisladores avergüenzan al Senado
Vergonzoso resultó el papel de dos senadores del PT-Morena —que antes fueron del PRD— y que en comparecencias de diplomáticos que van a asignaciones en el extranjero se pasaron de exigentes, formularon preguntas, pero abandonaron la reunión sin esperar las respuestas. Los diplomáticos no supieron qué hacer, si dar o no los comentarios que les habían solicitado Isidro Pedraza y Raúl Morón. Varios de los senadores se sintieron avergonzados por la actitud de sus colegas, y nos comentan que salirse de sesiones de trabajo en las que se ratifican cargos le quita respetabilidad a la Cámara Alta.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, encabezada por el perredista Guadalupe Acosta, se instalará hoy en sesión permanente con el fin de analizar las iniciativas para derogar el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General y recibir en audiencia pública el próximo miércoles 20 a los representantes de 300 organizaciones de la sociedad civil que demandan un Ministerio Público autónomo, independiente y eficaz.
Tras doblar al PRI y obligarlo a cancelar el salvoconducto para Cervantes, el frente PAN-PRD-MC llevó sus exigencias al límite, pero con el riesgo de reventar la liga y quedarse con las manos vacías, pues la bancada tricolor de César Camacho les advirtió ya que no cederá a nuevas condiciones, aunque eso lleve a la parálisis legislativa.
Que hoy la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que preside el priista Ricardo Ramírez Nieto, sesionará para dar trámite al juicio de desafuero contra la presidenta del Congreso de Chihuahua, su correligionaria Karina Velázquez.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales presentó la solicitud al órgano legislativo por el presunto desvío de 14 millones de pesos para financiar las campañas electorales de 2015, provenientes de descuentos a empleados del gobierno del estado hacia las arcas del PRI local, del que la señora era presidenta.
Que el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este miércoles en sus oficinas de la colonia Roma con diputados federales y locales, entre ellos la coordinadora en San Lázaro, Rocío Nahle, para analizar la ruta de ayuda a los damnificados del sismo y se sabe que acordaron volver a visitar la zona del istmo y el sureste.
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