Por las denuncias de sobrepoblación, insalubridad, extorsiones y agresiones, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI, urgió al gobierno de Puebla combatir la corrupción y violaciones a los derechos humanos que persisten en los penales del estado.
Así lo hizo este martes, mediante un punto de acuerdo presentado ante la Cámara alta del Congreso de la Unión, en el cual resalta que, a pesar de tener una capacidad para 6 mil personas, las cáceles poblanas resguardan a más de 8 mil internos, de forma que los centros penitenciarios de Tepeaca, San Pedro Cholula y Atlixco presentan los mayores índices de sobrepoblación.
Respecto de las condiciones de los internos, señala que en los Ceresos de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, se han denunciado situaciones de insalubridad en espacios de estancias, comedores y cocinas, asimismo, así como falta de medicamentos, carencia de personal médico y nulos procesos de acompañamiento psicológico.
Recordó que los Centros de Reinserción Social (Cereso) están destinados a la ejecución de sanciones penales y a la custodia preventiva de los internos, quienes deben ser tratados con el máximo de dignidad y no serán sometidos a tratos crueles o degradantes que pongan en peligro su integridad física o vida.
Por lo anterior, acusó que en el Sistema Penitenciario del Estado de Puebla persisten problemáticas como el hacinamiento, la sobrepoblación y la venta de estupefacientes al interior de las instalaciones.
Cereso de San Miguel, el más peligroso del estado
Con base en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, destacó que le Cereso de San Miguel, ubicado en la capital poblana es el segundo a nivel nacional con el mayor índice de victimización, pues en su interior se dan peleas entre bandas que buscan tener el control de la plaza.
Las “redes de extorsión que ejercen el poder” dentro de dicho penal –indica– “venden droga, realizan cobros de piso y piden cuotas de protección obligatorias, los internos que no las paguen son golpeados”.
Dicho instrumento –añade– permitió identificar a 3 mil 734 presos quienes acusan haber sido víctimas de corrupción y abusos como agresiones, amenazas y omisiones al debido proceso.
En este sentido, refiere que el 95.2 por ciento de los reos dijo que no cuentan con los mecanismos y elementos para interponer una denuncia, peor aún, no tienen la certeza de que su queja sea investigada o que vaya ser sancionada por parte de las autoridades.
También el más corrupto
Advirtió que “San Miguel es una de las penitenciarías más corruptas del país”, debido a que 48.9 por ciento de los reclusos dijo haber sufrido algún suceso de este tipo, como la exigencia de dinero por parte de custodios para brindar algún tipo de favor, servicio o permiso.
Asimismo, apuntó que al interior del penal opera una banda delictiva enfocada a la renta de palapas o casitas para las visitas conyugales, actividad que genera cerca de 20 mil pesos diarios.
Cabe recordar que, en uno de estos lugares, una mujer fue asesinada el pasado 27 de mayo, cuando visitaba a su pareja, identificada como Jorge “N”, quien, tras discutir con ella, la apuñaló con un arma punzocortante de contrabando.
Por lo anterior, mediante el punto de acuerdo presentado por Saldaña Pérez, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunciaron por pedir al Senado que exhorte al gobierno del estado de Puebla, a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, a establecer las medidas y programas necesarios a fin de identificar y prevenir dichos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Editado por Luis Alberto Palacios