Patricia Méndez/E-consulta

Cinco municipios poblanos suman siete denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que no pudieron comprobar recursos que alcanzan en conjunto 73 millones de pesos.

Las partidas fueron entregadas por el gobierno federal a Tlahuapan, Tlaola, Chiconcuautla, Huaquechula y Los Reyes de Juárez, para realizar obras de infraestructura y de desarrollo de los pueblos indígenas.

Estas denuncias se suman a otra en contra del gobierno del estado, por no aclarar el destino de 122.3 millones de pesos que recibió en 2011 a través del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Obras inconclusas y cobros personales en los Reyes de Juárez

La denuncia más reciente corresponde al municipio de Los Reyes de Juárez, en donde la administración del exedil Manuel Herrera Ponce (2011-2014) no aclaró el gasto de 4.2 millones de pesos que la federación le asignó para destinarlos a Programas Regionales.

El actual alcalde Rafael Ramos Bautista indicó que entre las obras observadas a su antecesor, el caso más grave corresponde al bulevar Acatzingo-Los Reyes de Juárez, pues es la avenida principal de esa localidad, misma que el anterior gobierno dejó inconclusa ya que sólo ejecutó el 75 por ciento.

En entrevista refirió que la vialidad representaba un riesgo para los ciudadanos, por lo que incluso se realizó un dictamen de Protección Civil.

Para concluirla se elaboró un nuevo proyecto y destinaron cinco millones de pesos en 2014, mientras que la gestión anterior reportó 20 millones.

La denuncia de la ASF también abarca el cobro que un funcionario de la pasada administración municipal hizo por 102 mil 902 pesos que se iban a destinar a ese mismo proyecto, cuyo destino no comprobó. Sobre este asunto, el alcalde actual dijo que las únicas personas que tienen acceso a las cuentas bancarias del municipio son el presidente y el tesorero, éste último, de nombre Gamaliel Piña.

La querella fue interpuesta ante la PGR el 23 de marzo de 2017, por la auditoría número 1386 correspondiente a la cuenta pública de 2013.

Sin comprobar 34.3 mdp en Huaquechula

La denuncia contra el municipio de Huaquechula es la que acusa el posible desvío de recursos con la cifra más elevada, pues asciende a 34.3 millones de pesos que ejerció el exedil Raúl Marín Espinoza.

Mediante la auditoría 1277, la ASF encontró que la federación transfirió a ese municipio 34 millones 340 mil 800 pesos vía el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) en 2013, los cuales fueron depositados por el ayuntamiento en una cuenta bancaria que no era específicamente para este rubro.

Esa cuenta tenía un saldo inicial de 8.6 millones de pesos, cuyo origen también se desconoce, lo que demostró deficiencias en la administración del fondo bancario.

El actual gobierno a cargo de Edwin Mora Caballero argumentó desconocer el destino de los recursos, ya que su antecesor no dejó documentación que compruebe su ejercicio.

Desconocen destino de 25.4 mdp en Tlahuapan

En el caso de Tlahuapan la denuncia corresponde a la auditoría 1094 que arrojó un pliego de observaciones por un posible daño patrimonial de 25 millones 475 mil pesos que el ayuntamiento recibió a través del FISM en 2013, ya que no entregó documentación que comprobara el gasto.

Los recursos fueron administrados por el ex edil Eusebio Juárez Ventura y la ASF presentó la denuncia ante la PGR el 10 de noviembre de 2016.

Faltan 8 mdp en Chiconcuautla

El municipio de Chiconcuautla suma dos denuncias. La primera fue presentada el 13 de febrero de 2017 y la segunda el cuatro de abril de ese mismo año. Ambas corresponden a la revisión de la cuenta pública 2012.

Los recursos fueron empleados por la anterior administración que estuvo a cargo de Noé Garrido Hernández, quien no pudo comprobar el gasto de ocho millones de pesos provenientes del FISM, por lo que se inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, un Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y cuatro pliegos de observaciones.

Adeuda Tlaola 1.1 mdp

El municipio de Tlaola también suma dos denuncias, las cuales fueron interpuestas ante la PGR el 10 de febrero de 2017, y se derivaron de la auditoría 800 a la cuenta pública 2012.

El órgano fiscalizador detectó que el pasado gobierno municipal a cargo de Darío Flores Ramírez no pudo comprobar el uso de 1.1 millones de pesos del FISM, de los que 500 mil pesos se transfirieron al municipio en ese año por un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

De esa forma se establecieron tres pliegos de observaciones y una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, además de la denuncia ante la PGR que fue presentada el 10 de febrero de 2017.

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