Hace 6 años, el frente Misrata destruyó la comunidad de los tawarghas en venganza por el supuesto apoyo al dictador libio Muamar el Gadafi; aún no se les ha permitido regresar a sus hogares y se les niegan derechos.
En 2011, 300 mil libios tawarghas fueron víctimas de saqueos e incendios, reduciendo su asentamiento a cenizas.
Amnistía Internacional (AI) a través del informe “No estamos a salvo en ninguna parte” dió a conocer que durante la campaña de ese año, los combatientes del frente opositor Misrata dispararon contra las personas de raza negra y vandalizaron las propiedades en venganza por el supuesto apoyo que esta comunidad brindó al dictador.
Desde ese año, el frente que ocasionó los daños ha mostrado su inconformidad respecto a permitir que los tawarghas regresen a sus tierras, por ello, han montado puestos de control en los caminos que comunican los actuales campos en los que habitan y su comunidad de origen.
AI explicó que en la actualidad y debido a la imposibilidad de regresar a casa, los tawarghas viven en los campos Fallah y Tarik Matar, lugares en los que tampoco están a salvo del frente opositor ya que, reciben amenazas de los misrata.
El organismo con presencia internacional aseguró que del campo han sido sustraídas personas sin las órdenes judiciales debidas, a dicha población se les ha negado representación jurídica.
Torturados y obligados a confesar
Las mencionadas privaciones de la libertad se caracterizan por la tortura, de la cual AI asegura, es “generalizada y común”. Muchos tawarghas son obligados a firmar documentos que contienen confesiones de actos de los cuales, supuestamente, fueron responsables.
De acuerdo con la prensa local, los miembros de la comunidad de raza negra son comúnmente llamados esclavos; los medios también afirman que 2 años después de la gran agresión, el gobierno ofreció construir 500 casas para los afectados en una despoblada zona del desierto, hecho al cual, tanto los agresores como las víctimas se negaron.
En junio, fue firmado un convenio por el cual se permitía el regreso de la población desplazada, pero al parecer, la parte opositora no ha cumplido con su parte ya que los libios de raza negra han sido víctimas de amenazas e intimidación durante su camino de regreso a casa.
La organización defensora de los derechos humanos aseveró que no se garantiza el acceso a la justicia ni tampoco la reparación de daños. Asimismo, consideró que el “desgobierno” de Libia ha contribuido para que los responsables de las agresiones a esta población continuen sin ser investigados ni juzgados.
Todo este conjunto de acciones ha sido catalogado como “crímenes de guerra” por la organización autora de la publicación, que también informó que es necesaria la “voluntad política” para hacer valer los documentos que se han convenido.
“Es esencial que el gobierno de Acuerdo Nacional y las autoridades de Misrata tomen las riendas del proceso de posibilitar y garantizar el regreso de la comunidad tawargha en condiciones de seguridad , lo cual incluye vigilar el proceso de regreso, asentamiento y la rehabilitación de las viviendas, colegios e infraestructura de la ciudad” dijo Heba Morayef de AI.
Lo más grave de la situación es que el documento afirma que la Comisión Internacional de Investigación sobre Libia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha podido determinar que fuesen partidarios de Gadafi, con lo que se concluye que el frente misrata no tiendría porqué afectar a la población vecina.