Durante 2015, en el país se presentaron 120 mil 813 solicitudes de información, lo que significa que si cada solicitud hubiese presentado por una persona distinta, menos del 1 por ciento de la población ejerció su derecho al acceso a la información.
Lo anterior de acuerdo con el informe “Transparencia Proactiva” de Artículo 19 y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM).
El reporte indicó que en México, el derecho a la información es reconocido en el Artículo sexto Constitucional y, como tal, debe ser garantizado por el Estado.
Lo anterior se refiere al derecho que tiene cualquier persona a buscar, recibir y difundir información en posesión de entidades y autoridades públicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de sindicatos y personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad
Sin embargo, los mecanismos para el ejercicio de este derecho limitan su acceso a determinados sectores de la población.
Las personas con estudios de posgrado son las que constituyen el mayor grupo de solicitantes de información, representando un 82.3 por ciento de las personas que registraron su escolaridad, mientras que los ciudadanos con estudios de bachillerato reportaron una participación de 9.2 por ciento.
Brecha digital, principal obstáculo
Las organizaciones civiles criticaron que a la fecha, el sistema de acceso a la información en México se ha enfocado en transparentar información de instituciones de gobierno a través de las tecnologías de la información así como en fortalecer el sistema electrónico de solicitudes de información y a los organismos garantes.
No obstante, todas estas acciones han omitido considerar las carencias existentes en un país donde existe una tremenda desigualdad y donde la brecha digital hace que el acceso a las tecnologías sólo sea para unos cuantos, haciendo que la falta de acceso a la información y a las tecnologías potencia la exclusión y aviva la desigualdad.
Ejemplo de lo anterior es que mientras que en Nuevo León 6 de 10 hogares disponen de una computadora, de la totalidad de viviendas en Chiapas tan sólo el 23.1 por ciento tiene una y el porcentaje se reduce al 13.1 por ciento cuando se trata de equipos con acceso a Internet.
Por lo anterior, la dimensión de la brecha digital adquiere relevancia porque evidencia una desigualdad estructural que coloca en clara desventaja a un amplio sector de la población respecto a las vías que tiene a su alcance tanto para acceder a información relevante para su vida cotidiana como para colocar mensajes que permitan compartir y proyectar sus preocupaciones a una comunidad más amplia.
Esta desigualdad implica la violación al derecho humano de “gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones”, establecido en el Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de obstaculizar el Derecho al Acceso a la Información.
Cabe recordar que Carlos Loeschmann Moreno, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Itaip), durante el marco de la tercera Cátedra Universitaria 2017, señaló que el acceso a la información es un derecho fundamental, pues el no tenerlo los priva de obtener ciertos beneficios y prerrogativas.