El Congreso de Puebla, la Secretaría General de Gobierno y la Consejería Jurídica presentaron este miércoles una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el “interés superior de la niñez” como eje rector de decisiones institucionales.
De acuerdo con la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (Sedif), Dinorah López de Gali, esta propuesta tiene el fin de armonizar la legislación poblana con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que establece obligaciones a las dependencias y organismos públicos para asegurarlos.
Expuso que el interés superior de la niñez conlleva estrategias y políticas públicas eficaces que trasciendan administraciones, involucren a los tres niveles de gobierno y homologuen los objetivos enfocados en proteger y hacer cumplir las garantías fundamentales de dicho sector de la población.
En ese sentido, destacó que la administración estatal ha realizado acciones encaminadas a procurar el desarrollo integral y una vida digna para infantes y jóvenes, como la instalación del Sistema de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).
Congreso apuesta por bienestar de menores: JAC
Por su parte, el presidente del Congreso, Jorge Aguilar Chedraui, comentó que que, con esta iniciativa de reforma constitucional, resaltó que esta soberanía ha legislado para que dicho sector de la población no sufra ningún tipo de violencia y puedan disfrutar de la protección, oportunidades y servicios que procuren su desarrollo físico, moral y social al mencionar:
“Un estado que apuesta por el bienestar y la educación de las niñas, niños y jóvenes, apuesta por tener la base más poderosa para construir un mejor futuro”, aseveró.
En tanto, el titular de la SGG, Diódoro Carrasco Altamirano, resaltó que esta iniciativa representa pasar de un enfoque tutelar, en que sólo se buscaba satisfacer las necesidades de infantes y adolescentes, a uno en que se les considera como sujetos con derechos.
Entre los invitados al evento, Roberto Flores Toledano, presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, Armando López Aguirre, consejero jurídico del Gobierno del Estado, y Adolfo López Badillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
Editado por Luis Alberto Palacios
