El panorama de invasión a la privacidad que vivimos en Puebla, como en muchos estados de la República, es una circunstancia que atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión y de pensamiento.
Desde hace 6 años que he sido objeto de intervenciones telefónicas, sin mandato de autoridad judicial; lo cual implica que se violaron mis derechos fundamentales –al igual que de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos- por parte de la administración pasada y del gobierno estatal actual.
Desde esa fecha he exigido que se le dé cauce al ordenamiento legal del código penal federal vigente que en su Artículo 177 manifiesta que “a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa”.
El recuento de la forma en que la autoridad estatal ha infringido en esas conductas, lo valida lo que diversos medios de comunicación han dado a conocer de manera puntual:
Julio de 2015
Día 21 sale a la luz el primer contrato firmado por la firma italiana de software The Hacking Team con el gobierno de Puebla (Diario Intolerancia)
Día 22 el gobierno de Puebla usó el software de The Hacking Team para espionaje de políticos, periodistas y académicos a través de virus informáticos (exploit) y software de recolección de información (Animal Político)
Octubre de 2015
Día 16 se publica que hubo un contrato millonario del gobierno de Puebla con la empresa Hacking Team para el “equipamiento del llamado complejo metropolitano de seguridad pública o c-5 con inversión de 322 millones de pesos (E consulta)
Mayo 2016
Día 19 se puso en evidencia el espionaje político que se vive en Puebla, con la filtración mediática de diversos audios donde figuran personas del ámbito local e incluso del Gobierno de la República como el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien además es el encargado de la seguridad nacional (SDP Noticias)
Noviembre 2016
Día 29 se detecta que el gobierno de Puebla interviene llamadas, geolocaliza celulares y pide historial a empresas de telefonía para el acceso a datos de 627 usuarios adquirió un programa de espionaje de equipos de cómputo en siete punto cinco millones de pesos (E consulta)
Diciembre 2016
Día 8 la Comisión para el Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) dio un plazo de 5 días a la Fiscalía General de Estado para que transparentara la información sobre los actos de espionaje realizados en el sexenio que encabeza Rafael Moreno Valle (E consulta)
En ese contexto, como diputado federal de Morena presenté una iniciativa para establecer la aplicación de sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa y si éste fuera funcionario público, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena en una tercera parte y será inhabilitado por un periodo de 6 a 12 años.
Asimismo, señalé que sí la víctima del delito es periodista o defensor de los derechos humanos, conforme a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las penas se incrementarán en una tercera parte.
Si quien comete el delito es miembro de las instituciones de seguridad del estado a nivel federal, estatal o municipal, y valiéndose de ello la realizare, se le aumentará la pena de prisión en una mitad y será inhabilitado por un periodo de 9 a 15 años.
Estamos en contra de aquellos que a la sombra del poder público y el influyentismo cometen actos que atentan contra la libertad de expresión y pensamiento.
Estamos en contra de la ilegalidad y mal uso de los recursos públicos en actividades como el espionaje mientras las personas mueren de hambre y sus necesidades sociales son desatendidas.
En Morena nos debemos cuidar de la colonización que pretende hacer Rafael Moreno Valle con los partidos políticos en aras de seguir ostentando el poder.
Con el PRI y sus cambios de estatutos, Moreno Valle se perfila como posible candidato de ese partido consumando la sumisión y la complicidad que he venido denunciando.
Condenamos que recursos millonarios tengan fuga en asuntos con olor a corrupción y a la sombra de sueños presidenciables que resulta una pesadilla para la necesidad social.
Por ello, exigimos castigo para los que se dedican a espiar para chantejear.
Exigimos castigo para los que se dedican acumular para robar.
A los que se dedican a vestirse de gobernantes para saciar sus instintos perversos y escalar posiciones.
Por eso nos sumamos a que se eliminen los fueros para los altos funcionarios públicos incluyendo a los presidentes.
Nos sumamos a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para reformar el Art. 108 de la constitución y que se juzguen a los presidentes en funciones por corrupción.
A favor de la libertad y del respeto a los derechos humanos, sembremos esperanza.
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