“Duermo muy tranquilo”
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que Emilio Lozoya Austin realizaba un viaje en avión este domingo cuando el periódico brasileño O Globo difundió el testimonio de un exejecutivo de Odebrecht en México, quien aseguró que la empresa brasileña le había pagado millones de dólares a cambio de que les ayudara a obtener el contrato para hacer adecuaciones en la refinería de Tula, Hidalgo. Aterrizó pasado el mediodía en una escala rumbo a la Ciudad de México, y consultó con sus abogados cómo respondería. Cerca de las siete de la noche, a través de Twitter, negó todas las imputaciones y sugirió la existencia de testimonios amañados por parte de “delincuentes confesos”, con el propósito de reducir sus condenas. Sin mencionarlo directamente, se refería al exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, en cuya declaración en la Fiscalía brasileña en diciembre, fincó O Globo su revelación.
En su comparecencia, Meneses Weyll dijo que Lozoya Austin recibió, entre 2012 y 2014, 10 millones de dólares para favorecer a Odebrecht con obra pública. El reportero de O Globo que obtuvo el testimonio inculpatorio, señaló que ahora depende de la PGR determinar si ese dinero tocó a otros miembros del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Las primeras declaraciones de deslinde son actos de fe: no hubo dinero de Odebrecht en la campaña presidencial, que hizo poco para disipar la tolvanera en el imaginario colectivo, que conectó el pago de cuatro millones de dólares a Lozoya Austin en 2012, con la búsqueda de Peña Nieto de la silla de Los Pinos. El escándalo de la semana, estalló. Sobre dinero en las campañas mexicanas, se hablará en un siguiente texto.
Lozoya Austin, quien es enemigo de litigar en los medios de comunicación, insistió este lunes en su inocencia. “Como (lo) he dicho, quedará probado que los alegatos contra mí son una mentira… Pero algo sucedió y que se investigue. Si los brasileños en realidad dijeron eso… es porque ninguno pisó la cárcel y entre más ‘peces gordos’ embarraban, mejor les iba”. Meneses Weyll fue representante de Odebrecht en México hasta finales de abril pasado, sin que se sepa qué ha pasado con él. El ejecutivo de la empresa no está acusado de nada aún, de acuerdo con la información pública disponible, pero se ha prestado a declarar ante los fiscales brasileños como “informante”.
No es el caso de Hilberto Mascarenhas, a quien el dueño de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, instruyó a crear el Departamento de Operaciones Estructuradas, mediante el cual, de acuerdo con las investigaciones en Brasil y Estados Unidos, se hacían los sobornos a funcionarios en más de una docena de países, incluido México. Mascarenhas, cuyo testimonio ante los fiscales brasileños divulgado en el semanario Veja, apuntó que Lozoya Austin era parte de la red de sobornos de la empresa, que había pedido directamente dinero durante una junta programada en noviembre pasado con Meneses Wyell y el responsable de Odebrecht para América Latina, Luiz Mameri. En su momento, Lozoya Austin respondió: “No he solicitado ni he recibido dinero ilegal”. Asimismo, aseguró que esa reunión, que se había previsto realizar 10 meses después de haber dejado la dirección de Pemex, nunca existió.
Lozoya, aunque sin hacerlo personalmente, no ha dejado de desmentir cada vez que aparece información sobre él, particularmente en la prensa brasileña, que es retomada por la mexicana y de otras naciones. No ha señalado cuál es la estrategia legal que está siguiendo su equipo de abogados, encabezado por Javier Coello Trejo, a quien en algún momento se llamó ‘el fiscal de hierro’ por su rudeza. “Los abogados harán lo que se requiera”, dijo Lozoya a la pregunta directa si iban a defender su caso en Brasil. “Pero lo que sí es un hecho es que duermo muy tranquilo, aunque molesto por los infundios”.
Aquí la columna completa
Como no hay corrupción, pues no necesitamos la delación premiada
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que mexicanos y brasileños siempre estamos peleando por ver quién es líder en América Latina. Nosotros los aventajamos en muchas cosas; ellos, en otras. La economía mexicana, por ejemplo, es superior a la brasileña por muchas razones. Pero en algo nos aventajan los sudamericanos, y por mucho: en el combate a la corrupción. Francamente, me dan envidia. En este rubro van mucho más adelantados que nosotros.
En un artículo de octubre de 2015 en Nexos, Rafael Barceló y Bárbara Magaña mencionan los factores que han permitido que la justicia brasileña combata la corrupción de ese país (igual de endémica y generalizada que la mexicana) de manera eficaz: “un marco constitucional que garantizó una gran pluralidad política en el país; la independencia y autonomía funcional tanto del Poder Judicial, como de otras autoridades de procuración de justicia (Ministerio Público Federal y Policía Federal), frente al poder político y los factores reales de poder; así como el uso estratégico de figuras legales como la llamada ‘delación premiada’ y haber enfocado los inicios de la investigación persiguiendo y encarcelando a los presuntos corruptores, no sólo a los políticos presuntamente corrompidos”.
En México tenemos pluralidad política e independencia del Poder Judicial. Pronto tendremos autonomía del Ministerio Público y su policía investigadora. Apenas vamos haciendo nuestros pininos en investigaciones de corruptores y corrompidos. Lo que definitivamente no tenemos es la “delación premiada”.
Esta figura consiste en un acuerdo entre el fiscal y el presunto criminal. El primero le ofrece al segundo reducirle su pena, incluso suspendérsela, a cambio de que confiese o presente información relevante del caso en cuestión. Típicamente se usa para que los “peces chicos” involucren a los “grandes” en la comisión de un delito. Se trata de un magnífico instrumento al servicio de la justicia, sobre todo en la persecución de intrincadas redes de delincuencia organizada y corrupción gubernamental.
En Brasil, los fiscales la han utilizado para procesar a políticos y empresarios del más alto nivel. Gracias a la delación premiada, todos tienen incentivos para declarar en contra de los demás. Los que llegan primero son los más beneficiados. Muchos corren a despepitar, lo cual produce información y pruebas valiosas para armar el caso judicial.
Aquí la columna completa
Les valía madre, pero los acalambró
Joaquín López-Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que me gusta cuando ríes porque te haces presente. Florestán
Por años, Morena y el PAN caminaron solos hacia las elecciones presidenciales de 2018.
Como partidos no había más. Ni PRI ni PRD ni Verde ni la demás chiquillería. Bueno, el PT perdió su registro en las federales de 2015 y lo revivieron gracias a un movimiento político inexplicable del actual gobierno.
Y de presidenciables, ni hablar, solo Andrés Manuel López Obrador, de Morena, en su tercera campaña, y otros dos de Acción Nacional, Margarita Zavala y su dirigente nacional, Ricardo Anaya. Los demás no existían ni como partidos finalistas ni precandidatos con posibilidades.
Y en esa fábula al revés en la que dormía la tortuga priista y la liebre morenista no dejaba de correr, se comenzó a organizar la Asamblea Nacional priista número 22, para el 12 de agosto.
Aquí la columna completa
Lozoya, ¡candidato presidencial!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que seguro a la mayoría le parecerá descabellado el título —la cabeza, según la jerga periodística— de la presente entrega del Itinerario Político.
Y es que igual de descabellada es la razón que llevó a la brasileña Odebrecht a “considerar” a Emilio Lozoya para sus misiles de corrupción.
¿Por qué?
Porque según la punta de la madeja, la firma brasileña habría sobornado a Lozoya, porque el ex director de Pemex estaba destinado “a ser candidato presidencial” del PRI en 2018.
Sí, por increíble que parezca, Odebrecht imaginó, creyó e “invirtió” en una tontería como la que supone que Lozoya sería Presidente de México.
Aquí la columna completa
¿Miedo a las respuestas de Lozoya?
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que el mundo al revés. Ahora resulta que a quien le urge ser llamado a declarar por la Procuraduría General de la República para hablar del presunto soborno de 10 millones de dólares que ex funcionarios de la empresa Odebrecht aseguran haberle entregado, es el propio ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El abogado de don Emilio, Javier Coello Trejo, asegura que su cliente está esperando el día y la hora para acudir a la PGR, y que él mismo ha solicitado desde hace días el citatorio para declarar lo que sea necesario. Mientras Lozoya es un mar de cooperación, la PGR no da indicios de que esté investigando o de que vaya a citarlo a declarar y la Secretaría de la Función Pública tampoco tiene por ahora nada contra don Emilio. Nos preguntan a qué se deberá que en Brasil hay un señalamiento contra el ex funcionario y en México nadie quiere siquiera preguntarle si sabe del tema. ¿Temerán a sus respuestas?
Morena tras la pista del caso Odebrecht
Y la que, al parecer, tiene la intención de hacer el trabajo que otros esquivan es la coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Rocío Nahle, quien asegura que está dispuesta a viajar a Brasil como secretaria de la Comisión de Energía para sostener un encuentro con el fiscal general del país sudamericano, Rodrigo Janot, a fin de solicitarle una copia de las declaraciones de quienes hasta ahora están involucrados en el caso Odebrecht, para que el Poder Legislativo en México conozca la información en la que, presuntamente, se vincula a funcionarios y ex funcionarios mexicanos con actos de corrupción. Aunque el lance de la diputada tiene pocas posibilidades de éxito, pues es improbable que las autoridades brasileñas le compartan esa información, al menos muestra mejor actitud que algunos de sus compañeros de otras bancadas, y que muchas de las autoridades que están obligadas a realizar una investigación a fondo y expedita, nos comentan.
Aquí la columna completa
La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el PRD y el PAN en el Senado advirtieron que esta vez no van a dejar pasar lo que perfilan como “nuevo caso de corrupción en esta administración”, porque si el gobierno no quiere que se investigue al ex director de Pemex Emilio Lozoya, en automático entrará el Sistema Nacional Anticorrupción.
Según el perredista Luis Sánchez, no solo hay que investigar al señalado, sino a las empresas que se dice benefició, como la Constructora Tapia, que ganó contratos millonarios y ahora hasta se le indaga por actividades de huachicoleo en Hidalgo.
Que esta semana, por cierto, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, sumará a su equipo de trabajo a Alejandra Rascón, quien contendió por la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción con Ricardo Salgado Perrilliat, quien finalmente fue el elegido.
La ex procuradora vio en ella a una mujer con amplia experiencia en temas de transparencia y trabajo con organizaciones ciudadanas que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, por lo que con el propósito de fortalecer e intensificar las acciones en la materia y estimular las buenas prácticas de los empleados federales, será designada responsable de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional, en sustitución de Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal.
Que la presunta desbandada perredista en el Palacio de San Lázaro para engrosar las filas del Movimiento de Regeneración Nacional se mantiene hasta hoy en solo dos bajas: Jesús Valencia y Ana Leticia Carrera.
Aquí la columna completa
