Diputados federales del PRI por Morelos exigieron “juicio político” contra el gobernador de la entidad, Graco Ramírez Garrido, por “omisión” y “negligencia” en la muerte de los dos hombres que cayeron en el socavón del Paso Express el 12 de julio.
De acuerdo con la demanda, presentada este viernes por los legisladores Matías Nazario Morales, Rosalina Mazari Espín y Manuel Vallejo Barragán, ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, existen pruebas de que el gobierno morelense “no permitió” que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el ayuntamiento de Cuernavaca ayudaran a las víctimas.
Se refiere que el incidente ocurrió a las 5:30 horas y las autoridades estatales al lugar las 5:45, pero “sin nada que pudiera salvaguardar la vida de las víctimas”, además de que habrían impedido la intervención de elementos federales, lo que habría derivado en que Juan Mena López y Juan Mena Romero, su hijo, murieran de asfixia “dos horas después”.
Asimismo, se indica, con base en mensajes de Twitter, que dos horas después del accidente, Ramírez Garrido se encontraba “realizando actividades políticas” en el estado de Nuevo León, por lo que acusaron la “corresponsabilidad” del Ejecutivo estatal y su administración.
SCT reconoce daños a terceros
Por su parte, la SCT reconoció que los daños en la tubería cuya ruptura causó el socavón también ha ocasionados inundaciones en las casas de vecinos, por lo que se comprometió a solventar el hospedaje de estos en un hotel cercano y proteger su bienes hasta que termine las obras de reparación.
Detalló que se instalará una tubería provisional de 2.44 metros de diámetro para aumentar la capacidad del desfogue del agua, con lo cual se espera evitar otra obstrucción, como la que supuestamente provocó que dicho tubo cediera.
Cabe recordar que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició procesos contra al menos tres funcionarios de la SCT por “probables” actos de “negligencia” durante la construcción del Paso Express, debido a que hubo reportes de “instancias estatales, municipales y vecinos por posibles riesgos de la obra”, concluida en marzo de 2017, que no recibieron “adecuada” atención.
Fuentes: Quadratín, El Financiero