Tanto el gobierno federal como los de Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, entre otros promueven el fracking como fuentes de riqueza, desestimando los riesgos de esta práctica.
Entre los problemas que dejará el fracking en las comunidades está la contaminación y deterioro del suelo, el subsuelo, el aire, el agua, la flora, la fauna, los cultivos y el ganado, fuentes de agua sobreexplotadas, deterioro ambiental irreversible, daños a la salud, a las viviendas y los servicios básicos como el agua potable, profundización de la pobreza, disputas por el territorio, afectación del tejido social, desplazamiento forzado.
Así lo reveló el “Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México 2017”, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).
De acuerdo con el documento, los impactos del fracking sobre el derecho al agua ya se han hecho del conocimiento de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, incluyendo a la Relatoría Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.
Aunque en México las autoridades sanitarias no han determinado aún la no potabilidad del agua potable a causa de la fractura hidráulica como sucedió en esas ciudades de Estados Unidos.
El análisis alertó sobre la probabilidad de que la contaminación del agua pase desapercibida cuando la extracción de gas natural tiene lugar en las zonas rurales, ya que es difícil monitorear el abastecimiento de agua en dichos lugares, además de la falta de autoridad de la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) para regular pozos privados que son la fuente primaria de agua potable en muchas áreas rurales.
Ocupación de las tierras por megaproyectos
Respecto a los llamados megaproyectos, el informe destacó con la Reforma Energética y su Ley de Industria Eléctrica, se legaliza la ocupación de tierras a través de la proliferación e imposición de los mismos como centrales geotérmicas, construcción de presas hidroeléctricas, gasoductos y parques eólicos que invadirán y continuarán privatizando el agua, la tierra, el suelo y el subsuelo.
A muy poco tiempo de aprobada la Reforma Energética se ubicaron casos en la Sierra Norte de Puebla con megaproyectos hidroeléctricos y Juchitán, Oaxaca, con campos eólicos, en los que el gobierno y las empresas han comenzado a violar los derechos de los pueblos afectados.
Por ejemplo, en estas comunidades se realizaron “consultas” ya después de que se dieron los permisos, no se respetó el Derecho a la Autodeterminación de los pueblos y la consulta fueron procesos amañados y de simulación.
Enfrentan la expansión de la industria petrolera
En el tema de las licitaciones para la entrega de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, poblaciones de amplias franjas en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Chiapas y Campeche enfrentan la continuidad y expansión de la industria petrolera sobre sus territorios.
La investigación criticó que la creación de una nueva Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (2016) vulnera los derechos de las poblaciones y defensores que busquen protestar contra la imposición de estos proyectos de alto impacto sobre múltiples territorios de la geografía nacional.
