Entre 2014 y 2016, de un total de 5 mil 824 delitos contra migrantes ocurridos en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila, sólo existe evidencia de 49 sentencias, lo que equivale a una impunidad del 99 por ciento.
Así lo denunció el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y otras organizaciones sociales en su investigación “El acceso a la justicia para personas migrantes en México. Un derecho que existe sólo en papel”.
El análisis indicó que en este periodo aumentó en 575 por ciento los migrantes que han regularizado su situación migratoria en México por haber sido víctimas o testigos de delitos graves en el país, lo que implica un incremento en los delitos cometidos en su contra.
Fundar criticó que aunque México ha incrementado su capacidad para detener y deportar migrantes, no ha desarrollado los mecanismos necesarios para investigar los agravios en contra de este sector.
Detalló que las oficinas a cargo de las investigaciones no cuentan con recursos humanos y financieros suficientes, ni con estrategias integrales y claras para investigar los delitos.
Sin procedimientos efectivos en denuncias
Además, hacen falta procedimientos efectivos para que las personas migrantes denuncien delitos y abusos cuando están detenidas en estaciones migratorias.
Una de las fallas es la falta de pericia de los funcionarios encargados de investigar estos casos, por ejemplo, en la recopilación de pruebas en el momento en que se denuncia el delito, así como la regularización de la situación migratoria de aquellos que son víctimas o testigos de delitos.
La legislación mexicana permite a personas migrantes que hayan sido víctimas o testigos de un delito grave regularizar su situación migratoria por “razones humanitarias” con el fin de que puedan dar seguimiento a su denuncia.
Descalificación contra defensores
El documento refirió que al igual que los delitos contra migrantes, las agresiones contra sus defensores permanecen impunes. Igualmente, se ha tratado de desacreditar e impedir el trabajo de los mismos, específicamente en el caso de los defensores que trabajan para identificar los restos de las víctimas de las masacres de San Fernando y Cadereyta.
Otros obstáculos a los que se enfrentan los migrantes son perfiles inadecuados de los fiscales encargados de los casos, falta de recursos humanos, así como la falta de sensibilidad para tratar con las víctimas.
El presente estudió señaló que otro factor grave que enfrentan los migrantes a su paso por México, son los delitos cometidos por autoridades o bien, por delincuentes bajo el aval de éstas, los cuales son comunes durante el trayecto de las personas migrantes hacia el norte.
Finalmente, se reconoció la labor de las autoridades mexicanas para investigar los delitos contra migrantes, siendo el caso de siete estados (Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo) que desde 2008 crearon fiscalías para encargarse de los mismos.
Cabe mencionar que Amnistía Internacional acusó que en México, los arrestos con “irregularidades” afectan principalmente aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, como los indígenas y migrantes.