Narcopolítica en Tláhuac
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, indica que el operativo contra narcomenudistas en Tláhuac está tomando un giro político que afectará a la izquierda social que encabeza el jefe de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Inesperado para muchos, pero anticipado por las autoridades, las líneas de investigación abiertas desde principio de año contra el grupo criminal de Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado El Ojos y abatido por comandos de la Marina el jueves pasado, conducen al delegado morenista Rigoberto Salgado y a su familia, sobre quienes la Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, están determinando si no tienen nada que ver con ese grupo, o si fueron parte del entramado de protección institucional de los delincuentes.
Salgado, quien de acuerdo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México se ha mostrado muy nervioso desde la operación contra los narcomenudistas, fue llamado este lunes por la secretaria general de Gobierno capitalina, Patricia Mercado, para dar su versión sobre lo que está sucediendo en Tláhuac. No se sabe el resultado de esa conversación, enmarcada en el ámbito político, no dentro de las averiguaciones criminales. El delegado, quien el viernes defendió a los mototaxistas de Tláhuac, decenas de ellos al servicio de Pérez Luna, tiene sin embargo razones más profundas por las que debe estar preocupado, como la bonanza de él y de su familia desde que asumió la jefatura delegacional, y el uso de recursos de origen sospechoso para su campaña electoral.
Dos de las razones más notorias, porque pudieron ser seguidas por todos los habitantes de la delegación, es la forma como en sólo dos años las casas donde viven Salgado y su madre, tuvieron remodelaciones notables. La casa de su madre, una propiedad menor de 200 metros cuadrados y dos pisos, como es el estándar en la delegación para quienes se encuentran dentro de los rangos de clase media, se amplió con un lote que se convirtió en jardín, y con un tercer piso que parece un solario. La casa del delgado sufrió alteraciones más importantes. De una pequeña propiedad de un piso, se convirtió en una de tres pisos con una escalera de caracol y vigilada por una decena de cámaras en el exterior. Los ingresos del delegado no justifican ese tipo de obra, y tendrá que explicar de dónde salió el dinero para tan importantes modificaciones.
Pero quizá lo más importante, de acuerdo con funcionarios, es un restaurante que hasta antes de ser delegado ocupaba un pequeño local en Tláhuac, sin muchas posibilidades de sobrevivir. Ahí llegó a trabajar un sobrino que, según las pesquisas preliminares, tiene parentesco con Pérez Luna. Ser familiar de un delincuente no hace a nadie delincuente también. Pero en el caso del restaurante, el establecimiento creció físicamente a tener en la actualidad un tamaño casi equivalente a cinco casas y que, además, abrió dos sucursales en Querétaro. Los vecinos de Tláhuac denunciaron en su momento en la prensa que el restaurante había recibido recursos de la delegación para expandirse, pero Salgado lo negó.
El crecimiento del restaurante llamó la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que está revisando los movimientos de dinero de ese negocio, mientras que las unidades de Inteligencia de la Marina y la Policía capitalina están rastreando quiénes y de dónde abastecían el producto, a fin de establecer o descartar si a partir de los suministros, se pudieron haber enviado cargamentos de droga para la banda de Pérez Luna. Hasta el momento todas son hipótesis de trabajo, iniciadas por el crecimiento extraordinario de un pequeño negocio que sólo creció en los dos últimos años, a la llegada del sobrino de Salgado. Las sospechas de las autoridades tienen raíces en los vínculos del grupo de narcomenudistas que los ligan al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, que opera principalmente en la costa del Pacífico, y a Dámaso López, el Mini Lic, que encabeza una facción del Cártel del Pacífico, asentado en Sinaloa.
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¿Habrá un nuevo TLCAN para 2018?
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que la Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) ya envió al Congreso estadunidense el documento Resumen de los objetivos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las negociaciones comenzarán el 16 de agosto. Los cambios tendrán que ser aprobados por los poderes legislativos de México, Estados Unidos y Canadá. Para nuestro país, lo ideal es que haya una renegociación rápida que dure alrededor de tres a seis meses, de tal suerte que, para el primer trimestre del año que entra, se tenga un proyecto que pueda ponerse a consideración de los legisladores de cada país y se apruebe antes que termine 2018. Adelanto mi conclusión: se ve extremadamente difícil que esto suceda. Explico por qué.
Las tres naciones tienen tiempos y procedimientos legislativos diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, si el proyecto se tiene listo a principios de 2018, entre que se requiere un periodo de 120 días para evaluar las consecuencias de los cambios propuestos, las discusiones en comisiones y el debate y votación en los plenos de ambas cámaras, podríamos aspirar a una aprobación por ahí de julio-agosto de 2018. Estaríamos a tres meses de las elecciones intermedias de ese país donde, el primer martes de noviembre, se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La mayoría de los legisladores ya estarán en plena campaña sin ánimo de votar un nuevo TLCAN.
Podría ser, entonces, que dejaran pasar dichos comicios, pero que el Congreso actual sí votara los cambios al TLCAN antes que los nuevos legisladores tomen posesión el tres de enero de 2019. Esto abriría un debate acerca de la legitimidad de aprobar una pieza tan delicada como el nuevo TLCAN por parte de una Legislatura que va de salida. La alternativa sería esperar a 2019 a que lo haga el nuevo Congreso que naturalmente tendrá una conformación, agenda y prioridades distintas.
Eso en Estados Unidos. En el caso de México, el nuevo TLCAN sólo tiene que aprobarse por el Senado. Suponiendo que la negociación se encuentre lista a principios de 2018, podría votarse en el último periodo ordinario de la presente Legislatura (febrero-abril) o después en uno extraordinario. El problema es que, entre más cerca estemos de las elecciones federales del primero de julio, más se politizará este tema. Ya después de esa fecha, tendremos presidente y Senado electos. Sólo Dios sabe quiénes serán. El hecho es que el Senado actual tendría hasta el 31 de agosto de 2018 para aprobar los cambios al TLCAN o dejar que lo hagan los nuevos senadores que entrarían en funciones el primero de septiembre.
A todo esto hay que agregar los procedimientos legislativos en Canadá. Pero con los de México y Estados Unidos tenemos suficiente información para concluir que está muy difícil que se consiga una negociación rápida del nuevo TLCAN y su aprobación legislativa en 2018.
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Ahí vienen los rusos
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que la vejez es un triunfo de la vida. Florestán
Cuando han corrido los primeros seis meses de la presidencia de Donald Trump, el saldo lo retrata: todo ha quedado entre los pendientes y los escándalos, no obstante lo cual mantiene el respaldo de su voto duro que lo llevó a la Casa Blanca en noviembre pasado.
Sus promesas, en el mejor de los casos, han quedado en eso, cuando no en derrotas. La peor, la desaparición del Obamacare, una de sus prioridades y puntal de su discurso de campaña; la otra, la construcción del muro que, además, iba a pagar México.
Y en ambas ha fallado. En una, al no poder reunir una mayoría, primero, en la Cámara de Representantes y, luego, en el Senado, a pesar de que los republicanos la tienen en las dos cámaras.
El tema del muro ha ido de un lado a otro y a la baja. Lo menciona cuando lo necesita, pero ya no con el mismo furor de campaña.
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¡Tiene la razón Mancera! ¡No es cártel de Tláhuac!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que de nuevo la percepción como verdad y como razón periodística. Percepción que atropella la presunción y la confirmación de hechos.
De nuevo el remedo del Hamlet de Shakespeare: “Ser o no ser…”.
Y es que antes que indagar, verificar o presumir —antes llamaban reportear a esa vieja costumbre—, se desató la fiebre de “la percepción” y “la especulación”.
Que si es o no un “cártel” de drogas el grupo mafioso de El Ojos, que opera en Tláhuac; que si solo se trata de una pandilla en crecimiento o —de plano— que si estamos en presencia de un vulgar grupo delictivo grandote.
Y claro que importa la nomenclatura —como importa diferenciar entre la percepción y la presunción—, porque a partir del molde que permite saber la forma y el fondo del grupo criminal, se sabrá el método para perseguirlo y abatirlo.
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El político que no vio a El Ojos
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que “Confía, pero verifica”, así dice un famoso proverbio ruso que bien podría aplicar Morena. Luego de la lección que la diputada veracruzana Eva Cadena le dio al partido, la dirigencia morenista debiera pensar dos veces antes de cerrarse a investigar al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien está a cargo de la demarcación donde la organización criminal liderada por el capo abatido, conocido como El Ojos, sentó sus reales. Nos comentan que no se trata de violar el principio de presunción de inocencia, pero resulta, por lo menos inverosímil, que el jefe delegacional no haya advertido de la presencia de la banda criminal que, entre otras cosas, controlaba a centenares de mototaxis y que sembró el terror en la delegación a su cargo. También se antoja inexplicable que el funcionario no haya solicitado ayuda a la Federación para tratar de acabar con la violencia generada por esa organización criminal. Salgado es el político que no vio a El Ojos.
Bajan de gira presidencial a Ruiz Esparza
Nos comentan que la Presidencia de la República lo decidió el viernes pasado: el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quedó fuera de la visita que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a Mexicali, Baja California. Inicialmente se tenía previsto que durante esta gira el jefe del Ejecutivo inaugurara el canal de riego “27 de Enero”, en una de las principales zonas de producción agroalimentaria del país y entregara un tramo de la carretera Mexicali-San Felipe. Incluso se tenía contemplado que el titular de la SCT presentara la obra y se proyectara un video explicando su importancia. El discurso de don Gerardo y el video se sacaron del evento, que se redujo solo a la inauguración del canal de riego. ¿Lo sacaron del acto por el reciente incidente del Paso Exprés Tlahuica, en el que murieron dos personas, o será que Ruiz Esparza entró a un socavón político? ¿Saldrá ileso?
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que mientras los consejeros del INE, que encabeza Lorenzo Córdova, disfrutan de dos semanas de vacaciones, organizaciones como Ahora y partidos políticos redoblan esfuerzos para impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la fiscalización de las campañas de este año, en las que parece que nadie estuvo conforme con los cambios de criterio y los ajustes de última hora. Incluso el PRI anticipó que rebatirá la decisión del órgano electoral, la cual consideró que fue a modo.
Que después de que durante la campaña electoral en el Estado de México el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acompañó casi todos los días a la candidata Delfina Gómez, a la denominada Marcha por la Esperanza para defender el voto, que partió de Texcoco hacia Toluca, no se prevé que acuda el tabasqueño, a menos que “tenga tiempo en su agenda”.
Tal vez a la maestra le caería bien un poco de ánimo del experto en marchas, pues luego de dos días de caminata, la texcocana ya se ve cansada.
Que en el gobierno federal aún no se sabe si a mediados de agosto próximo se reanudará el diálogo con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos desde septiembre de 2014, luego de que aquellos emplazaron a la Procuraduría General de la República a desahogar sus peticiones.
Los tutores advirtieron que en caso de que la PGR no atienda sus demandas iniciarán diversas acciones, entre ellas buscar el apoyo internacional para presionar al gobierno de México para que resuelva el caso Iguala.
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