La comedia veracruzana
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictemente Personal, publicada en El Universal, indica que las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano, tras ser deportado por Guatemala, tienen una involuntaria comicidad. Su cara, y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel, se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado ordenó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia, no tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del nuevo sistema penal acusatorio, del exgobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.
La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se escapara. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR que ha acreditado sólo 10 por ciento del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.
¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? ¿O es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos– para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al exgobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.
En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del Caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa y mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.
Esto no incluye algunos ‘botines de guerra’, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto no quedó registrado.
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¿Renunciar a soberanía a cambio de menos corrupción?
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, señala que el gobierno del presidente Trump ha enviado al Congreso estadunidense los objetivos y alcances de la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Celebro que uno de los capítulos esté relacionado con el combate a la corrupción. Me parece muy bien que el gobierno de Estados Unidos se sume a la lucha de este flagelo nacional. Estoy convencido de que los mexicanos lograremos vencer este cáncer por una combinación de políticas públicas nacionales y presiones que vengan del extranjero. En este sentido, bienvenida la pretensión de nuestro vecino del norte de incluir prácticas anticorrupción en el TLCAN.
Este lunes, la Oficina del Representante Comercial de EU publicó el documento Resumen de los objetivos de la renegociación del TLCAN. En él se incluye una sección titulada “Anticorrupción”. El gobierno estadunidense pretende incorporar al Tratado disposiciones para que los tres países criminalicen la corrupción a fin de desalentarla. Se habla de sanciones y herramientas para enjuiciar a personas sospechosas de participar en actividades corruptas. En particular, se mencionan tres metas:
1.- “Requerir la adopción o sostenimiento de requisitos para que las empresas mantengan registros contables que faciliten la detección y rastreo de pagos corruptos”.
3.- “Demandar que los países rechacen la deducción de pagos corruptos para fines del Impuesto Sobre la Renta”.
2.- “Establecer códigos de conducta para fomentar altos estándares éticos entre los funcionarios públicos”.
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Anular elecciones, decisión del tribunal
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, indica que creen que la falsa esperanza es mejor que la dura realidad y a eso le apuestan. Florestán
En el consejo general del INE, el viernes, todo parecía dispuesto para confirmar que en las elecciones para gobernador de Coahuila tanto la coalición del PRI, con Miguel Riquelme, como el PAN, con Guillermo Anaya, habían violado los topes de campaña, lo que al cruzarse con la diferencia entre ambos menor a 5 por ciento de la votación, conduciría, inevitablemente a que la autoridad electoral cancelara el proceso y se convocara a otro.
En eso estaban cuando el titular de la Unidad de Fiscalización, Eduardo Garza, comenzó a distribuir una serie de engroses que en miles de páginas contenían erratas, cambios que se calificaron de marginales y modificaciones en algunos dictámenes, que llevaron a consejeros y representantes de partidos a aceptar el receso de fin de semana planteado por su presidente, Lorenzo Córdova, para revisarlos con tiempo.
Así, el sábado, los representantes de los partidos se reunieron con el titular de Fiscalización, para escuchar y pedir explicaciones, y el domingo los consejeros.
Llegaron al lunes y el pleno en cuatro horas aprobó por unanimidad el dictamen fiscalizador que documentaba que el rebase al tope de gastos de campaña de la coalición priista había sido de 8.27 por ciento y el del PAN de 5.18 por ciento.
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“El dedo”: lo aman y lo odian
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que el “dedo” es esa decisión vertical, autoritaria y nada democrática que emplea el PRI para designar aspirantes a puestos de elección popular, sobre todo al candidato presidencial.
Pero resulta que el más exitoso producto de exportación del PRI, “el dedo”, hoy parece su peor enemigo. Y es que quienes deben todo “al dedo” —carreras, puestos y fortuna—, no solo reniegan de él, sino que lo quieren muerto y hasta invitan a sus funerales.
“El dedo” debe morir, dicen a voz en cuello los rebeldes del PRI. Y pregonan a los cuatro vientos que la muerte “del dedo” es condición sine qua non para que los ciudadanos vuelvan los ojos, la confianza y el alma al PRI.
Incluso sentencian, con el índice flamígero, que de no decretar la muerte “del dedo”, el PRI está derrotado en las adelantadas presidenciales de 2018; batalla en la que tiene todo en contra, según dicen.
Y es posible que tengan razón todos aquellos que hoy cargan el ataúd del viejo “dedo” priista, como si cargaran la mismísima mortaja de la peste.
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La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que dentro de la prisión juran que Javier Duarte no tiene ningún privilegio, que es tratado igual que los más de siete mil reos que habitan el Reclusorio Norte. Pero, ¿cómo fueron las primeras 24 horas del ex gobernador de Veracruz en una celda mexicana? La noche del lunes pasó la auscultación médica de rigor, que reportó que el recluso no tiene lesiones. Sin embargo, nos mencionan que el hombre parece farmacia ambulante, con medicamentos para la depresión, ansiedad e hígado graso. Duarte, según el diagnóstico, padece “trastorno de ansiedad crónico”. El reo, acusado de delitos federales y recién llegado de Guatemala, continuará con sus medicamentos. En este primer día en el reclusorio, nos mencionan, tuvo la visita de su hermano Cecil Ochoa, quien llegó proveniente de Córdoba. La noche del martes el otrora poderoso político veracruzano cenó papas cocidas, pan y té. Esas fueron sus primeras horas en el Reno, como se le conoce a esa cárcel de la CDMX.
El Senado y la corrupción
El Senado está casi vacío de legisladores y la quietud que se aprecia allí, nos dicen, contrasta con la urgencia que los ciudadanos tienen para que entre en vigor plenamente y con todos sus elementos el Sistema Nacional Anticorrupción. Nada se mueve en la mesa directiva, que preside Pablo Escudero Morales, del PVEM, ni en la Junta de Coordinación Política, que encabeza Fernando Herrera Ávila, del PAN, y mucho menos en la Comisión Anticorrupción, presidida por el priísta veracruzano Héctor Yunes Landa. Tampoco hay quien emita un mea culpa por la falta en la toma de decisiones que debieron aplicarse para entrar en vigor este miércoles: designar al fiscal y magistrados anticorrupción. Tampoco ha sido visto por allá el coordinador de los priístas, Emilio Gamboa Patrón. Todos están desaparecidos en el crucial momento en el que nace el sistema que busca combatir uno de los flagelos que más lastima a los mexicanos: la corrupción.
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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que hoy arranca formalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no se tiene programado ningún acto protocolario, pues la fecha cayó en un mal momento del año. Además de que no se logró nombrar un fiscal, cuya ausencia comienza a ser costumbre, para estos días ya están de vacaciones el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, y el consejero Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal ante el sistema, por lo que no podrán reunirse todos los integrantes del nuevo organismo.
:Que en oficinas federales hay molestia por la deficiente actuación de los fiscales durante la audiencia inicial contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, porque no pudieron defender adecuadamente la acusación que presentó la Procuraduría General de la República. Estas situaciones continúan siendo el punto más débil del nuevo Sistema de Justicia Penal, por lo que algunos servidores públicos han pedido que se tomen acciones para que no se repitan.
Que en la audiencia del próximo sábado, los agentes del Ministerio Público de la Federación que presentarán una parte de las pruebas del expediente contra Javier Duarte y buscarán su vinculación a proceso serán los mismos que ayer fueron tan cuestionados por su actuación pero que al final consiguieron que el ex gobernador de Veracruz fuera imputado.
Que senadores del bloque PT-Morena, encabezados por Rabindranath Salazar, propondrán que se cite a comparecer con carácter “urgente” al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, con el fin de que explique la condición en que se encuentra el Paso Express de Cuernavaca, luego de que la semana pasada se abrió un socavón causando la muerte de dos personas.
Que algunos liderazgos del CEN del PRI analizan entre los cambios de estatutos en la 22 Asamblea Nacional abrir la candidatura presidencial a “simpatizantes” y no a aquellos que acrediten 10 años dentro de ese partido. Dicen que esa propuesta, que algunos no ven mal, es para franquear la puerta a José Antonio Meade, una de las cartas más fuertes para abanderar al tricolor el próximo año, aunque sin duda hay otros bandos (sobre todo otros aspirantes de hueso colorado) que buscarán bloquear ese cambio.