Las empresas de seguridad privada tendrán alrededor de seis meses para que sus elementos cumplan con los exámenes de control de confianza; en caso de incumplimiento, se les suspenderá el permiso de operación.
Así lo señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, quien reconoció que por problemas de “operatividad” no se ha publicado en el Periódico Oficial del estado la reforma a la Ley de Seguridad Privada que se avaló el 1 de junio.
Admitió que no hay capacidad ni de las autoridades ni de las empresas para programar y atender la aplicación de las pruebas.
“La capacidad instalada que existe en el estado no era suficiente para atender de inmediato a los cuerpos de seguridad privada que estarían demandando las pruebas, por lo que se les dará determinado tiempo para que ellos tengan posibilidad de programar a sus elementos y el gobierno pueda calendarizar su aplicación”.
Aseguró que en los próximos días se publicará la nueva disposición e “inmediatamente” los legisladores incorporarán un transitorio para dar entre tres y seis meses –que aún está por determinar– para que todos los elementos estén evaluados y las empresas de seguridad privada conserven su permiso.
Asimismo, aseveró que lo que menos le interesa son las quejas que puedan presentar las compañías por el gasto que representará la evaluación de cada uno de sus elementos, pues representa un gasto individual de 4 mil 435 pesos.
Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta con un padrón de 150 empresas de seguridad privada; además de que el examen no estaba entre los requisitos fundamentales para brindar dicho servicio.
