El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue espiado con el software Pegasus –adquirido por el gobierno federal– cuando investigaba el caso Ayotzinapa en 2016. La CIDH exigió al Estado mexicano una “investigación independiente”.
Así lo confirmó este lunes Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, en Canadá, señalando que los ataques espías, de forma semejante a los casos denunciados desde el pasado 19 de junio, tomaron la forma de dos mensajes infecciosos enviados el 1 y 4 de marzo, respectivamente, a un celular usado por todos los miembros del GIEI.
De acuerdo con el informe “Reckless III: Investigation Into Mexican Mass Disappearance Targeted with NSO Spyware”, los mensajes contenían enlaces que permitieron a los operadores de Pegasus infectar el dispositivo móvil y acceder a toda la información que contenían –contactos, correos y geolocalización–, así como a la cámara y micrófono para espiar a su propietario.
Con dicha información, el laboratorio confirmó que, en México, los dispositivos electrónicos de “al menos 19 individuos”, entre activistas, periodistas, políticos y académicos, fueron objeto de intentos de infección con dicho programa, desarrollado por la empresa israelí NSO.
Espionaje se dio en medio de conflicto con PGR
El reporte de Citizen Lab se da a conocer después de que, el pasado 6 de julio, el GIEI denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sus peritos, dedicados a colaborar con la PGR en las pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, habían sido blanco de intentos de espionaje por parte del Estado mexicano.
Los ataques habrían tenido lugar luego de que, el 21 de febrero de 2016, el grupo de expertos acusara que la Procuraduría General de la República (PGR) lanzó una campaña de “hostigamiento, obstrucción y desprestigio” en su contra, debido a que su informe no validaba la “verdad histórica”, formulada bajo la gestión del exprocurador Jesús Murillo Karam.
El 1 de abril de ese año, la PGR presentó, sin la presencia de todos los peritos del GIEI, un informe donde confirmó la versión oficial, según la cual los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres, incinerados en el basurero de Cocula, lo cual fue reiteradamente descartado por los expertos.
Finalmente, el 24 de abril, el GIEI presentó un informe final “no concluyente” sobre el caso, ya que no pudo logar que el gobierno mexicano aceptara sus peritajes y recomendaciones, entre las cuales destacaba la “necesidad” de interrogar a elementos del Ejército por su presunta implicación en la desaparición de los jóvenes.
CIDH exige una investigación independiente
Por su parte, tras conocer las denuncias del GIEI y el informe de Citizen Lab, la CIDH pasó de conminar al gobierno mexicano a emitir una postura oficial sobre el “presunto” espionaje a exigir una “investigación independiente” para deslindar responsabilidades y castigar a los autores.
Entrevistado por Reforma, el presidente de la comisión, Francisco José Eguiguren, calificó las denuncias como “extremadamente preocupantes” y demandó “una investigación con todas las garantías de independencia e imparcialidad”, con el fin del establecer “responsabilidades materiales e intelectuales”.
Esta exigencia se une a la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín, que ya había urgido a la comisión a expresar “su mayor indignación” y responsabilizó al gobierno federal si se dan a conocer conversaciones personales de activistas, además de poner en duda la investigación puesta en marcha por la PGR.
Cabe recordar que el caso de espionaje se dio a conocer con el informe “Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, elaborado de manera conjunta por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Tecnología digital para el cambio social (Socialtic), con asesoría técnica de Citizen Lab de Canadá.
Asimismo, se publicó que el software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group, es comercializado exclusivamente a gobiernos, y se documentó su adquisición por al menos tres dependencias en México: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La investigación arrojó que Pegasus sólo podía ser adquirido por entidades gubernamentales sólo para usarlo en casos relacionados con crimen organizado, terrorismo o cuestiones de seguridad nacional, siempre y cuando cuentaran con la autorización judicial correspondiente.