Con la Fiscalía General del Estado (FGE) al frente de la investigación del homicidio de Meztli Sarabia Reyna, el pasado 29 de junio al interior del mercado Hidalgo, la organización 28 de Octubre no puede esperar un proceso judicial recto.
Así lo consideró, en rueda de prensa, Carolina González Barranco, presidenta del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla, quien agregó que dicho órgano autónomo es el mismo que se ha encargado de integrar expedientes contra varios de los integrantes de la UPVA.
Refirió que hay falta de confianza hacia la FGE cuyo titular es Víctor Carrancá Bourget, ya que –dijo– es el mismo que ha “servido como instrumento”, desde el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, para la persecución de la disidencia que han sido la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” y otras organizaciones contra el gobierno estatal.
Si bien exigió que se esclarezca el caso de Meztli Sarabía Reyna, hija del asesor general de la agrupación Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, aseveró que el clima de “represión e intimidación” contra los opositores del gobierno de Puebla se ha recrudecido.
“Víctor Carranca ha estado al frente del sistema de procuración de justicia en el estado para instrumentar expedientes judiciales en contra de ciudadanos que, desde distintos ámbitos de la organización social, han expresado diferencias de opinión con el Ejecutivo o protestado por ver sus derechos pisoteados o su forma de vida amenazados”, pronunció.
Carranca, responsable de la impunidad
Asimismo, puntualizó que Carrancá Bourget es responsable de la “impunidad” que pesa sobre el asesinato del niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, derivado del desalojo policiaco que se hizo sobre la autopista Puebla-Atlixco, a la altura de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, que este 9 de julio cumple 3 años.
Y es que aseveró que en ese momento, el titular de la FGE “quiso vender una versión de los hechos”, ya que ofreció una explicación que, a su juicio, ofende a los poblanos y expresa el desprecio a la inteligencia de los ciudadanos.
González Barranco puntualizó que el poder Legislativo también tiene responsabilidad en la situación que prevalece actualmente en Puebla, pues “mostró ciega sumisión” al Ejecutivo, en ese entonces en manos de Moreno Valle, avalando las reformas legales que dieron paso a la instauración de un “fiscal transexenal”, pese a todos los señalamientos que se hicieron.
“Su nombramiento es ilegítimo, representa un lastre para la legalidad y un oprobio para la separación de poderes, desde ese descrédito nada bueno podrá venir de la FGE, impensable una correcta impartición de justicia para indagar y esclarecer el crimen de la UPVA, organización que suma ya cinco presos políticos”, concluyó.
