Buscan frente estatal contra devastación ambiental por “proyectos de muerte”. Foto: Especial
Buscan frente estatal contra devastación ambiental por “proyectos de muerte”. Foto: Especial

El estado de Puebla se ha convertido en un “laboratorio de proyectos de muerte”, lo cual no se ha podido evitar por la criminalización de la protesta social y lo que genera que pueblos originarios de la Sierra Norte y Negra estén en peligro de desaparecer.

Así lo señaló el activista Gerardo Pérez Muñoz, durante el Conversatorio “Pueblos indígenas y conflictos socioambientales” en Puebla realizado en la sede del Movimiento de Regeneración Social (Morena) dónde reiteró que en la entidad existen 484 proyectos de ese tipo.

Señaló que las leyes ambientales no funcionan en el país, porque están hechas “a modo” por lo que han surgido movimientos que buscan la defensa del territorio y de los recursos naturales, mismos que, apoyados en el artículo sexto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), exigen ser consultadas antes de la instalación de desarrollos, sin embargo –criticó—la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se lo ha pasado por el arco del triunfo”.

Sostuvo que Puebla “tiene una doble virtud, ha sido laboratorio de los proyectos de muerte, pero también es el laboratorio de la criminalización de la protesta social, así como del despojo”, por lo que hasta el momento el 35 por ciento del territorio poblano está concesionado para la instalación de mineras, hidroeléctricas, fracking, entre otros.

Advierte bioprospección en la Sierra Norte

Indicó que en la Sierra Norte y Negra existen cinco regiones mineras donde se explotará oro, plata, zinc y magnesio; además que los municipios más vulnerables son Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec, donde se concentran 233 pozos de fracking.

Asimismo, advirtió que en la Sierra Norte buscan iniciar el proceso de bioprospección para favorecer a las industrias farmacéuticas, químicas e industriales, pues el pasado 6 de mayo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reunió a 50 comisariados ejidales con representantes de las empresas Pronatura, Grupo Bimbo y Volkswagen.

Pérez Muñoz mencionó que la bioprospección es la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que forman parte de la biodiversidad.

Comentó que la estrategia que han utilizado las empresas y gobiernos es traer a personas de otros lugares que hablen la lengua de los pueblos originarios para que “usando” su convenzan a la comunidad de permitir la instalación los llamados proyectos de muerte.

Por ello, consideró que es necesario que Morena levante la voz y busque constitucionalizar el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas; además que a nivel estatal se cree la Secretaría de Medio Ambiente y se legisle para elevar a rango constitucional la protección de la biodiversidad y de la ecología, para que estén por encima de cualquier interés particular o económico.