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De las secuelas del incendio en la Guardería ABC y ¿el PRD va por CDMX?

Espionaje, hipocresías y panfletarios

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, señala que el debate abierto sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, ha tomado un rumbo absurdo. Se hace énfasis en la denuncia del programa Pegasus, que se utilizó para intervenir sus teléfonos celulares, como si el software, por más inteligente que sea, decidiera que su papel no es indagar lo que planean los criminales o los terroristas, sino los adversarios del gobierno. El absurdo que encierran estas palabras es equidistantemente proporcional al absurdo de la discusión. No es el programa, sino la utilización que se le da a Pegasus. No es perverso el software, sino quién o quiénes usaron su tecnología para fines ajenos para los que fue adquirido. Por tanto, Pegasus no es a quien se debe condenar, sino a quienes emplearon el sofisticado y eficiente programa para combatir al crimen, para el espionaje político.

Este último punto lleva a una discusión soslayada. El espionaje de marras no es el principio del problema, sino la última expresión de un delito que se arrastra desde hace más de dos décadas. El espionaje se convirtió en un deporte nacional donde participan los agentes políticos y sociales. Que lo practiquen los gobiernos es una verdad de Perogrullo. También lo hacen las grandes empresas, que practican intervenciones telefónicas. En las campañas electorales se denuesta a rivales con grabaciones y videos realizados subrepticiamente. Hasta se dio el caso en la elección presidencial de 2012, que un medio de comunicación pequeño pagó por la intercepción telefónica en la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, para hacerle favor al PRI.

Inexplicable, por limitado, que todo el debate público se enfoque al gobierno federal. Esto no quiere decir que carezca de relevancia que los mexicanos sepamos quién abusó del poder al utilizar herramientas para combatir a la delincuencia y a terroristas, en personas que no eran una amenaza para la seguridad interior o la seguridad nacional del país, pero que tienen como común denominador que son una molestia regular para el gobierno federal, aunque habría que preguntarse, objetivamente, si en efecto, Pegasus sólo está en manos de dependencias federales. Si queremos aproximarnos a la verdad, convendría revisar otros casos de espionaje.

El más importante, porque es el antecedente directo e inmediato a la investigación sobre el espionaje a periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, se publicó en febrero pasado en The New York Times, que reveló que tres de los activistas que cabildearon el impuesto a las bebidas con un alto contenido de azúcar habían sido espiados mediante un programa desarrollado por la empresa israelita NSO Group. El espionaje revelado la semana pasada involucraba al mismo diario y a la misma empresa fabricante del software, al que en esta ocasión ya identificaron como Pegasus.

La pregunta es si podría considerarse a Simón Barquera, director de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública; a Luis Manuel Encarnación, exdirector de la Fundación Mídete, y Alejandro Cavillo, fundador de El Poder del Consumidor, que fueron los tres cabilderos espiados, una molestia para el gobierno federal. Hasta donde uno puede alcanzar a comprender con lo que se aprecia en el primer plano, Barquera, Calvillo y Encarnación deben haber sido un dolor de cabeza para la industria refresquera y para quienes están vinculados a ella, porque el impuesto les iba a reducir sus márgenes de ganancia. Pero, ¿el gobierno federal también resultaría afectado? Sólo positivamente, al ganar mayor recaudación. Entonces, si para el espionaje sobre tres personas que tenían como común denominador que eran una molestia para la industria refresquera se utilizó el Pegasus, ¿no existe la posibilidad que el software esté en manos también de quien no trabaja en el gobierno federal?

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El gran “pero” de la alianza antiAMLO y antiPRI

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que va caminando, al parecer, la alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones de 2018. Los dos partidos saben que existe un espacio en el electorado: aquellos que están hartos de la corrupción de los gobiernos priistas, pero que no les convence la propuesta de López Obrador. Panistas y perredistas saben que les suma puntos el ir juntos a ganar la Presidencia en 2018. Además, estas alianzas les han redituado triunfos en las urnas desde 2010, la primera vez que se llevaron a cabo. La muestra es muy clara en lo ocurrido este año. Donde fueron juntos el PAN y el PRD (Nayarit y Veracruz), ganaron. Donde no, pues no. Los proaliancistas dentro de los dos partidos tienen, además, la idea de sumar a otras fuerzas políticas, como Movimiento Ciudadano (MC), y todo tipo de organizaciones y actores de la sociedad civil. En suma, la idea suena atractiva. Pero…

Sí, existe un gran “pero”. Y no son las diferencias ideológicas entre un partido de centroderecha como es el PAN y uno de centroizquierda como es el PRD. No. En estas épocas de gran pragmatismo electoral (algunos dirían que cinismo), los políticos, con tal de ganar, pueden ponerse de acuerdo con rivales ideológicos. El “pero” es otro: las candidaturas.

La más conspicua es la presidencial. ¿Quién va a aparecer en la boleta representando a los dos partidos? ¿De pronto todos los pretendientes perredistas (Mancera, Graco, Aureoles, Zepeda) van a renunciar a sus legítimas aspiraciones para aceptar la candidatura de uno de los panistas apuntados (Margarita, Anaya, Moreno Valle, Ruffo, Romero Hicks, Derbez) o viceversa? ¿De pronto todos éstos van a tirar la toalla para que quede un ciudadano sin ningún tipo de vínculos con ellos? Francamente, no lo veo. Si ocurre, sería algo rarísimo. Tan raro como pedirle a los políticos que dejen de comportarse como políticos, es decir, como profesionales que les mueve la ambición por el poder.

Tenemos, de hecho, un ejemplo de una alianza fallida, precisamente entre estas dos fuerzas, por el problema de la candidatura. En 2000 hubo un acercamiento entre las campañas de Fox (PAN) y Cárdenas (PRD) para ver si alguno declinaba a favor del otro a fin de competir con mayor fuerza en contra de Labastida (PRI). En ese momento, un frente opositor de estas características tenía todo el sentido del mundo para ganarle, no al PRI, sino a un régimen de partido hegemónico que había gobernado al país por más de siete décadas. No obstante, los candidatos no se pusieron de acuerdo. Ninguno quiso bajarse. Cada cual se fue por su camino y ya sabemos la historia: el voto útil a favor del cambio lo capitalizó Fox, quien ganó esa elección histórica.

Sigamos con el gran “pero” de la alianza PAN-PRD para el 2018. Aparte de la candidatura presidencial habrá cientos de puestos de elección popular que se elegirán el próximo año. Para que la alianza tenga sentido, deben ir juntos en todas las elecciones. Sería ridículo cooperar en unos comicios y competir en otros. ¿Cómo van a repartir todas las candidaturas? Por ejemplo, las de las nueve gubernaturas que estarán en juego. ¿Mancera va a aceptar a un candidato que no salga de su grupo en la CDMX? ¿Yunes dará su aval para que no quede su hijo en Veracruz, sino el líder histórico del MC? ¿Gali o Moreno Valle estarán dispuestos a negociar la candidatura en Puebla? No lo veo.

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El PRD quiere la CdMx, no la Presidencia

Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que una campaña es todo cuesta abajo. Florestán

Cuando la cúpula del PRD decidió formar el Frente Amplio Opositor, no buscaba ganar la Presidencia de la República en 2018, quería mantener el Gobierno de Ciudad de México, que ha ganado en las últimas cuatro elecciones desde 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas.

Eso lo tienen claro los llamados Chuchos, Ortega y Zambrano, que mantienen el control del partido aunque éste se haya achicado tras la ruptura y salida de Andrés Manuel López Obrador, su dos veces candidato presidencial, 2006 y 2012, el surgimiento de Morena y una cierta desbandada.

El antes Distrito Federal ha sido su bastión histórico durante 20 largos años, desapareciendo hasta más allá de los márgenes al PRI y al PAN. Pero con el advenimiento de Morena y el proselitismo de su dirigente, hoy corre peligro, como lo advirtieron en las elecciones de 2015, en las que perdieron diputados federales, asambleístas y jefes delegacionales, todo por la irrupción de Morena.

En la Cámara de Diputados, el PRD sumó 4 millones, 335 mil 745 votos, 10.87 por ciento de la votación que le dio 56 diputados, 48 menos de los 104 que tenía y Morena, que se presentaba por primera vez como partido político, obtuvo 3 millones, 346 mil 349 votos, 8.39 por ciento de la votación, y 35 diputados. Las diferencias son mínimas si se comparan con un partido nuevo. (El PRI fue primera fuerza con 11 millones 688 mil 675 votos, 29.18 por ciento, 203 diputados, y el PAN segunda con 8 millones 379 mil 502 votos, 21.01 por ciento, 109 curules).

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El “chingo de dinero” de Morena: las pruebas

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que no es novedad hablar del “cochinero” en las elecciones mexicanas. La costumbre, terca, coloca a PRI, PAN y PRD como los principales artífices de “cochineros” electorales en el país. Incluso, el eslogan “la mafia del poder” alude a esos tres partidos y sus respectivos gobiernos como ejemplo del “cochinero” electoral.

Sin embargo, nada se sabe del “dinero negro” que partidos como Morena, entre otros, metieron a procesos electorales como el del Estado de México.

Por ejemplo, todos recuerdan el audio-espionaje al candidato del PT al Estado de México, Óscar González, quien, en la asamblea en la que declina a favor del partido rojo, reveló que los candidatos de Morena “traen un chingo de dinero”.

Está claro que nadie sabe qué es “un chingo de dinero”, sobre todo en una campaña electoral. Sin embargo, el pasado 12 de junio apareció una pista del “chingo de dinero” que manejó el partido Morena en el Estado de México.

Según el portal noticias.red —especializado en información mexiquense—, el partido Morena destinó casi 200 millones de pesos para el pago de “operadores políticos” en al menos 102 de los 125 municipios que comprende la geografía del Estado de México. Todo ello durante las elecciones del pasado 4 de junio.

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La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que las tribus que dominan el PRD miran con desdén y desconfianza la postura del líder de la corriente IDN, René Bejarano, y su esposa Dolores Padierna, contra la aprobación de la dirigencia amarilla para ir con un Frente Amplio Democrático a las elecciones presidenciales de 2018. Nos dicen que el profesor Bejarano y doña Dolores ejercen su derecho al pataleo para que los tomen en cuenta en el reparto de las candidaturas para el próximo año. Sin embargo, nos comentan, de poco les valdrá su oposición al frente, pues al interior del partido los ven con la maleta hecha para abordar el tren de Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, sin perder la comodidad que le otorga seguir con los colores amarillos. Hoy solamente falta que el tabasqueño abra a don René y a su esposa las puertas de su reino, cerradas desde la bochornosa imagen captada en el videoescándalo de las ligas. ¿AMLO redimirá a Bejarano?

Eva Cadena se pasea por la CDMX

Muy tranquila, como si nada debiera a la justicia federal, Eva Cadena, ahora sin el fuero de diputada local, estuvo en un restaurante de la zona de Paseo de la Reforma y Río Elba, muy cerca de las instalaciones centrales de la Procuraduría General de la República, en la CDMX. La veracruzana, conocida como la recaudadora de Morena, dijo en un comunicado que las autoridades federales no pueden arrestarla, a pesar de que ha perdido el fuero. Por lo pronto, no se sabe si tiene un amparo en contra de la detención, para afrontar delitos federales por haber sido videograbada recibiendo dinero. Lo cierto es que ella asegura que no hay orden de aprehensión en su contra y hasta la tarde del martes andaba de lo más serena, pero ya no morena…

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que encabezada por la diputada priista Sylvana Beltrones, la Comisión para el Seguimiento a las Investigaciones sobre el Incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, consiguió que el IMSS reconociera ocho años después de la tragedia que 42 de 80 niños sobrevivientes sufren secuelas permanentes por la exposición al humo y, en consecuencia, les garantice la más amplia cobertura médica y ayudas extraordinarias.

El Seguro Social, a cargo de Mikel Arriola, ofreció a los otros 38 menores atención de por vida en 13 especialidades, de las cuales siete fueron agregadas por gestión de los legisladores.

Que con una inversión de más de 2 millones de pesos, de los ahorros logrados en estos meses, el Senado por fin terminó la construcción del puente que unirá la nueva sede con su anexo de Madrid 62, que facilitará el trabajo de los empleados de resguardo, servicios administrativos, área médica y otros que hasta ayer batallaban para ir de un sitio a otro, pues debían rodear el inmueble legislativo.

El presidente Pablo Escudero será el encargado de inaugurar el puente, que por debajo tendrá un comedor para empleados, adaptable para sus convivios de fin de año, porque, eso sí, la explanada conocida como La Cuña sigue siendo para las reuniones de senadores e invitados.

Que el acercamiento del PVEM con Acción Nacional y el PRD para explorar la propuesta de un frente amplio va en serio, pues en la izquierda dicen que ya han contactado con Carlos Puente, Arturo Escobar y otros ecologistas interesados.

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