Tras el cúmulo de declaraciones, entre las que destacaba la recuperación de la rectoría de la educación en materia educativa, Nuño coquetea abiertamente con Juan Díaz de la Torre, Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y con la organización que “pastorea”, gracias a la designación gubernamental, al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Campechanamente señalaría, que el rescate sería crucial “para que avance y tenga éxito la Reforma Educativa”. Se refería, fundamentalmente, a la conclusión de la relación bilateral que en materia de trabajo establecía la Ley Federal del Trabajo Burocrático. Bajo la normatividad previa a la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (Lgspd), el SNTE tenía derecho a “proponer”, directa y por la vías que consideraba prudente, a uno de cada dos de quienes ocuparían las vacantes generadas por incidencias y o plazas de nueva creación. Esto daba pie, señalarían Chuayfett y Nuño, Mexicanos Primero A.C., lo mismo que la OCDE, a la venta y herencia de plazas y otras lindezas, vicios, aunque no fuesen calificados como tal, que provocaban corrupción y el clientelismo, pero que garantizaban que la organización gremial y el gobierno de la república en turno, contaran también con una reserva que operaria, a cambio de incremento de horas, ascensos y promociones laborales, en los procesos electorales. Constituyendo un ejército de votantes, funcionarios de casilla y representantes del Partido, a más de una reserva de mapaches que operaria en los procesos electorales, en el lugar y en la entidades en las que se les requiriera.

Previo al anuncio oficial que promulgara la vigencia de la más importante de todas las reformas estructurales (21 de marzo del 2013), el gobierno de la república detendría a Elba Esther Gordillo Morales (26 de febrero 2013), tras suponer que la “maestra”, al verse sorprendida por la publicación de un documento ajeno al previamente acordado, anunciaría en Guadalajara, el rechazo a la reforma educativa y a la aplicación de una ley de excepción en materia laboral, la del servicio profesional docente, que se aplicaría a los mentores en servicio y a los de nuevo ingreso por igual. Ley que ignoraría los derechos laborales que maestros y maestras y que pondría fin a las plazas definitivas, sujetando la permanencia de los docentes, a contratos laborales por tiempo determinado (4 años), previa evaluación del desempeño. En paralelo, los múltiples enemigos no gratuitos de la maestra, recrudecerían en medios, una campaña mediante la que culparían a maestras y maestros, por los malos resultados que niños, niñas y adolescentes obtienen en las evaluaciones nacionales y en la internacional (PISA) que aplica la OCDE.

Al tiempo en que la administración agredía por igual a maestros, maestras y a la líder de la organización sindical –paraestatal- y que se nombrara un sucesor de Elba Esther a modo, maniatado por las mismas acusaciones que llevarían a la cárcel a quien le proyectara en el SNTE, las autoridades educativas locales y federales, iniciarían el desmantelamiento de la estructura sindical al servicio de gobierno, concluyendo las comisiones sindicales e iniciando el fincamiento de responsabilidades penales y administrativas (ASF), a quienes autorizaran, solaparan o permitieran (autoridades educativas locales y federales), la existencia de los mismos, a pesar de las instrucciones verbales de la oficialía mayor de la Secretaría de Educación Pública para que se siguieran cubriendo los salarios de los comisionados.

Pero, en donde menos pensaron les saltaría la liebre. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encabezaría un movimiento -de más dos años- en contra de la reforma educativa, exigiendo su derogación. La calificaría como la “mal llamada reforma educativa” por su carácter eminentemente laboral y tasaría a la evaluación del desempeño con el calificativo de punitiva, por ser un requisito gubernamental para “garantizar” la permanencia de los y las docentes en el servicio profesional docente, con un carácter temporal. En algunas regiones del país, la CNTE suspendería clases, tomaría carreteras y casetas de peaje, plazas comerciales, oficinas gubernamentales, instalaría campamentos en la Ciudad de México y Oaxaca, realizaría marchas entre otras, por la autopista del Sol. La CNTE sería reprimida con saldo de muertos y muertas, negativo para el gobierno. Negociaría con la Secretaría de Gobernación, excluyendo a Nuño y lograría, por más de un año, la posposición de la evaluación del desempeño y el otorgamiento, bajo diferentes modalidades, de plazas sin examen de ingreso, para los egresados de las escuelas normales de Chiapas, Oaxaca y Michoacán. Decretaría, a más de los errores metodológicos en los que incurrirían las autoridades educativas, la muerte de la reforma, al estar pendiente hasta el día de hoy, planes y programas de estudio.

Daría un golpe de gracia, al aliarse electoralmente -de facto-, con el Movimiento de Regeneración Nacional. Lograría posiciones en los congresos locales en Oaxaca y Veracruz, entidades en las que posicionaría a Morena, como la segunda fuerza electoral y en el Estado de México, posibilitaría, que incluso las gentes de “la maestra”, coincidieran electoral y programáticamente, en contra de la conculcación de los derechos laborales del personal docente.

Sin embargo, alguien en el gobierno reconvendría y habría dado la voz de alerta. Maestros y maestras propuestos del SNTE ocupan -nunca se fueron- los mandos medios e intermedios en las Secretarías de Educación locales. Nuño deja su discurso agresivo en contra de maestros y maestras aunque insiste en la evaluación. Los miembros del CEN del SNTE y sus auxiliares, recorren el país a lo largo, sabedores de que los requiere el statu quo. Saben que el crecimiento de la CNTE provoca que los políticos de hoy y siempre, los consideren imprescindibles. Al fin y al cabo son uno con el poder, con el gobierno. El SNTE regresa por sus fueros. Son un factor imprescindible en el próximo proceso electoral.

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