La Ley General para Prevenir Investigar y Sancionar la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entrará en vigor este martes, dicta anular toda prueba obtenida por estos medios y crear fiscalías especializadas en la materia
En la nueva legislación, dada conocer este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOM), se establece que las investigaciones y sanciones contra quienes cometan actos de tortura deberán ser realizadas por fiscalías estatales “autónomas”, las cuales tendrán “pleno acceso” a los registros de detenciones por parte de las autoridades judiciales.
El artículo 50 indica que “serán excluidas o declaradas nulas, por carecer de valor probatorio, todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales, así como las pruebas obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos”.
Además, reforma y deroga disposiciones del Código Penal Federal y las leyes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.
Cabe recordar que esta ley fue anunciada a fines de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto, a raíz de las protestas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y aprobada en el Congreso de Unión en abril de 2017.
Será un reto hacerla efectiva: CNDH
Tras la publicación, la CNDH expresó, en un comunicado, que la nueva ley es insuficiente por sí misma, ya que para erradicar la tortura en México se precisa de agentes que cuenten con métodos de investigación profesionales, racionales y cercanos a la cultura de la legalidad que en ella se defiende.
“El reto que ahora enfrentamos como país es hacer efectiva la ley general, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos y, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos”, dijo la dependencia.
Destacó que, además de anular las pruebas obtenidas mediante actos de tortura, considere el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente de la CNDH.
Finalmente, pidió a las autoridades judiciales federales y estatales garantizar que no se repitan violaciones a los derechos humanos y que, de haberse realizado, estas no queden impunes.
Cabe recordar que, este lunes, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) reportó que la tortura es una práctica generalizada en México, puesto que las autoridades la usan como método para obtener confesiones, destacando 14 entidades donde se documentaron más de 400 casos.
