En el Congreso Nacional de Morena podrían analizar la aplicación de pruebas de control de confianza a exmilitantes de otros partidos políticos que aspiren a una candidatura en 2018 para comprobar que son honestos, indicó el diputado federal Rodrigo Abdala Dartigues.
Lo anterior, tras dar una rueda de prensa junto con el legislador federal recién adherido a la bancada de Morena en San Lázaro, Alejandro Armenta Mier, para denunciar que de las 669 oficinas de Ministerio Público que operaban antes del sexenio de Rafael Moreno Valle, sólo funcionan el 5 por ciento de ellas.
Abdala Dartigues aseguró que el principal requisito para los aspirantes a candidaturas en 2018 es la honestidad, pues los últimos gobernantes no lo fueron aunque presumían una amplia preparación académica.
Comentó que tras el Congreso Nacional de Morena se conocerán los lineamientos rumbo a 2018 en donde se respetará que los candidatos sean quienes tengan la mayoría del respaldo de la militancia, por lo que—insistió—“están equivocados quienes se sumaron a Morena para obtener candidaturas porque aquí no es de ‘ya llegue qué me toca’, sino de ‘ponte a trabajar para sumar esfuerzos y sacar a los corruptos del poder’”.
Señaló que los estatutos prevén que el 50 por ciento de candidaturas sean “externas”, es decir, para quienes no son militantes de Morena.
“Todo aquel ciudadano que tenga pruebas de algún militante, que las presenten para que se tomen en cuenta porque al primer indicio de que no existe honestidad en tal o cual personaje, para fuera, no sirve”, acotó.
Armenta rechaza politizar inseguridad
Respecto al tema de inseguridad, Armenta Mier rechazó estar politizándolo pese a que en los últimos días ha ofrecido varias ruedas de prensa para denunciar que el aumento de delitos del orden común, así como para reprochar la desaparición de agencias ministeriales.
En este ocasión, comentó que sumarse a este reclamo forma parte de sus responsabilidades como representantes sociales ante “la ineptitud, corrupción e indiferencia” del gobierno durante el último sexenio.
“Denunciar y darle voz a los ciudadanos no es politizar el tema de la inseguridad sino encabezar y conducir la demanda social (…) Si un gobierno no puede atender su principal obligación que es dar seguridad es un gobierno fallido pero además es un gobierno que no puede atender los otros derechos humanos“.
