Nuestro título parece anunciar alguna nueva adquisición de la administración municipal orientada a resolver problemas urbanos en tiempos de lluvias, como estos; más bien, hace referencia a una política descaradamente cínica que busca extraer más recursos a quienes menos tienen.
A comienzos de este mes se dio a conocer una iniciativa de la administración municipal de Puebla, a cargo de Luis Banck Serrato, cuyo objetivo es cobrar una cuota de 37.00 pesos diarios a los artistas urbanos que hacen uso del espacio público en la ciudad –músicos, payasos, gente que realiza cualquier tipo de performance, etcétera−, exigiéndoles además su registro y el trámite de una licencia para operar, previa autorización de las autoridades municipales. La medida ha sido aprobada y se supone que entrará en vigor a finales de este mes o inicios del próximo.
Esta política es a todas luces insensible con distintos sectores de población en situación vulnerable. Cabe recordar que la inflación actual ha sido de las más altas en los últimos años, además de que el país atraviesa un grave estancamiento económico que fomenta una precarización del trabajo constante.
No hace falta ser economista ni informarse en las noticias, cualquiera sabe que las cosas han subido de precio y que la vida es hoy más cara que antes, además de que pocos trabajos parecen alcanzar a dar lo suficiente para vivir dignamente.
Esta situación se percibe a diario; basta con poner atención a las conversaciones en la calle o el transporte, lo mismo que a la gente en el supermercado, para darse cuenta de que la situación es mala y que cada vez alcanza para menos.
En el país de las desigualdades brutales, donde viven algunos de los hombres más ricos del planeta, mientras millones padecen la pobreza y otros tantos luchan día a día para no caer en sus garras, el gobierno panista de la ciudad tuvo la idea de, ¿por qué no?, sacarle dinero a quienes ocupan la calle para expresar algo, por amor al arte o por necesidad, como si además sólo ellos se apropiaran del espacio público –algo que también hacen los comercios y vecinos de muchas partes de la ciudad, a los cuales, por cierto, no se les quiere molestar con cuotas diarias ni licencias−.
Así, en un clima de inseguridad creciente y situaciones cada vez más desesperadas para sobrevivir, esta gente tendrá que rendir cuota a los amos del poder local, porque así lo quisieron ellos.
Pero además de afectar el bolsillo y la tranquilidad de estas personas, el gobierno se está arrogando el derecho a decidir qué tipo de espectáculos y presentaciones serán lícitas para su demostración en la calle, y cuáles no.
La pregunta en este caso es, ¿quién va a decidir tal cosa y bajo qué criterios? Tratar de validar unas formas de expresión cultural en detrimento de otras, no es otra cosa que un acto de censura para controlar la cultura y la libre expresión de las personas.
Mucho es cierto que hay espectáculos que dejan bastante que desear en cuanto a forma o contenidos, pero eso en ningún momento debe ser excusa para que una autoridad se arrogue el derecho a decidir qué deben ver y escuchar los ciudadanos.
Todo esto nos lleva a pensar que, en el fondo, lo que estamos viendo es una versión local y burda de la manera en que realmente funciona el sistema político y económico de este país. A los que más tienen menos se les exige, mientras que se extrae del bolsillo de los demás lo que se necesita para mantener al sistema funcionando, eso cuando no se decide recurrir al endeudamiento que, de cualquier forma, terminaremos pagando nosotros, los ciudadanos.
Bien lo decía mi madre, “Dios nos libre de un político con iniciativa”. Vaya que, en algunos casos, tenía razón.
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