El Congreso de Quintana Roo eliminó el fuero constitucional que protegía a funcionarios públicos, incluido el gobernador, de ser procesados por delitos durante sus gestiones, como lo han hecho Veracruz, Jalisco, Campeche, Querétaro y Ciudad de México.
Tras aprobar reformas a la Constitución local, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento para el Gobierno Interior, los legisladores, por 19 votos a favor y dos en contra, abrieron la puerta para que diputados locales, representantes populares y el propio gobernador enfrenten procesos del orden penal.
De acuerdo con el perredista Emiliano Ramos Hernández, promotor de la iniciativa, un servidor público “podrá ser arrestado por incurrir, por ejemplo, en una falta administrativa, ser detenido en el alcoholímetro, o causar daños en hechos de tránsito y de ahí para arriba”.
Explicó que la nueva legislación “elimina la declaratoria de procedencia, que era el mecanismo para retirar el fuero, pero se mantiene la figura del juicio político”.
Sin embargo, precisó que se mantiene la “inviolabilidad del recinto legislativo”, lo que significa que las autoridades judiciales no podrán ingresar a la sede del Congreso a detener a un legislador.
PRI emite reservas y PVEM vota en contra
La iniciativa fue presentada originalmente el 20 de septiembre de 2016 por el diputado Ramos Hernández y, dos días después, por Carlos Mario Villanueva Tenorio, del Partido Encuentro Social; en marzo de este año, hicieron lo propio el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
A pesar de votar a favor de la propuesta, el PRI, a través de la diputada Leslie Hendricks, planteó dudas sobre la viabilidad de desaparecer el fuero porque “podría abrir la puerta a controversias constitucionales”.
Por su parte, José de la Peña, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la reforma podría ser “tumbada” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que su bancada votó en contra.
Cabe mencionar que este hecho ocurre a una semana de que el exgobernador de dicha entidad, Roberto Borge Angulo, fuese detenido en Panamá, acusado de lavado de dinero y peculado. Asimismo, se le ha señalado por desviar 200 millones de pesos del erario a la campaña de un candidato priista a gobernador, lo cual es investigado por la Fepade.
Editado por Luis Alberto Palacios
