Más de 100 organizaciones civiles denunciaron ante la ONU que empresas privadas y públicas, como Monsanto, Higa, OHL, Pemex y CFE, han incurrido en 32 abusos al derecho a la tierra y el territorio en México con la complicidad del Estado.
Así lo señalaron este jueves en el “Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”, en el que reportaron también 32 agresiones contra activistas que se opusieron a los proyectos de dichas corporaciones, entre las que se incluye a Energía Eólica del Sur y Grupo México.
Durante la presentación del documento ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en Ginebra, Suiza, detallaron, además, que existen “28 casos de falta de acceso de información sobre proyectos, 22 abusos al derecho a un medio ambiente sano, 17 de impactos a la salud de la población, 17 de falta de cumplimiento a derechos indígenas”.
De acuerdo con Elena Villafuerte Mata, de la organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (Prodesc), dichas omisiones son posibles porque “existe una ansiedad del Gobierno mexicano de atraer inversiones”, lo que “combinado con la corrupción e impunidad da un marco para que se cometan abusos en las actividades empresariales”.
Intereses energéticos están sobre derechos indígenas
En dicha reunión, Villafuerte Mata señaló que los derechos indígenas has sido desplazados de la agenda del gobierno federal por los intereses derivados de la llamada reforma energética, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.
“La realidad es que los temas de la consulta indígena y el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas están pendientes en la agenda del Estado mexicano, pero específicamente en lo que se refiere a la reforma energética”, dijo.
Como ejemplo de esta situación, el informe menciona que, en Yucatán, Monsanto empezó a cultivar soja transgénica sin consultar con los pueblos originarios afectados, lo que ocasionó malestar en las comunidades por las consecuencias de tal proyecto.
“Las comunidades locales señalaron que, entre otros agravios, la contaminación de las fuentes de agua con herbicidas, la deforestación y las repercusiones del proyecto en la apicultura tradicional de la comunidad maya eran causa de preocupación”.
Por lo anterior, Dolores Rojas, coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Böll, apuntó que uno de los objetivos de las organizaciones es llamar la atención del gobierno mexicana sobre la importancia de las consultas populares en el emprendimiento de proyectos.
Cabe recordar que, en julio de 2016, productores de miel poblanos denunciaron que el uso del pesticida de la marca Monsanto los ha afectado, previendo una pérdida, sobre todo en 27 municipios, del 35 por ciento.
Editado por Luis Alberto Palacios
