En México tanto la tortura como los malos tratos se infligen con casi absoluta impunidad. Según las cifras gubernamentales entre 2006 y 2014 se realizó mil 884 investigaciones federales por tortura con solo 12 acusaciones y ocho sentencias.
Por su parte, las cifras oficiales refirieron que en los casos de tortura entre enero de 2007 hasta abril de 2015, solo se produjeron seis condenas.
Lo anterior de acuerdo con el estudio “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, elaborado por la Open Society Justice Initiative o también conocido como Open Society Foundations (OSF).
Dicho reporte examinó los obstáculos a la justicia en el país, asimismo incluyó investigaciones en cinco de las 32 entidades: Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, y Querétaro.
El informe usa el término crímenes atroces para referirse a formas particulares de hechos violentos que han afectado a miles de civiles y pueden constituir crímenes de lesa humanidad particularmente: asesinatos, desapariciones, y tortura.
De acuerdo con la organización internacional, desde diciembre de 2006 hasta el final de 2015, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México y miles más han desaparecido.
Denuncias de torturas se cuadriplicaron
Las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre tortura y malos tratos se cuadriplicaron seis años después del lanzamiento de la estrategia de seguridad nacional del gobierno. La comisión recibió 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos entre enero de 2007 y diciembre de 2015.
Según la OSF, los datos del gobierno respecto al tema tienen graves deficiencias debido a que los funcionarios responsables de los casos de tortura y malos tratos, incluidos los fiscales y la policía, han estado muy vinculados a estos delitos en calidad de autores materiales.
El organismo internacional consideró que los principales obstáculos para la determinación de responsabilidades penales a nivel federal ante los llamados crímenes atroces en México, responden a factores políticos.
Los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala y la naturaleza de los asesinatos, las torturas y las desapariciones, y hacen aseveraciones generalizadas y sin fundamento considerando a las víctimas de estos delitos como criminales.
Finalmente concluyó que el hecho de restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central de la historia de impunidad de México. Un gobierno que no desea reconocer desapariciones, asesinatos y torturas – especialmente cuando son cometidos por actores del Estado — termina por oscurecer los datos que describen la magnitud de estos delitos.