Tras el incumplimiento del edil de Jolalpan, Antonio Javana García, a la orden del TEEP para pagar y restituir a los regidores y la síndico a sus cargos, se presentará un recurso para que se le inicie el procedimiento de ejecución de sentencia.
Así lo señaló, en rueda de prensa en el zócalo de Puebla, el representante legal de los agraviados, Ramiro León Flores, quien agregó que el plazo límite para que el alcalde cumpliera fue el jueves de la semana pasada, por lo que incurrió en un desacato.
Refirió que será entre viernes y lunes cuando presenten ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), ya que debe ser este órgano el que debe notificar al Congreso local del proceso, para que inicie el trámite correspondiente.
Detalló que en cuando se emitió el fallo a favor de los regidores y la síndico, se le notificó a Javana García que si no cumplía se le iniciaría un procedimiento de ejecución de sentencia, el cual podría desembocar en la suspensión del cargo temporalmente.
Javana aún desvía recursos, señalan
“Imagínate la gravedad del asunto, de qué sirve que tengas una sentencia favorable si la contraparte no la quiere ejecutar, entonces por eso tenemos que aplicar la coercitividad del estado; el presidente se negó a ejecutarla, entonces ahora tendrá que cumplirse de una u otra forma porque ese es el estado de derecho”, pronunció.
Incluso, León Flores aseveró que el edil sigue incurriendo en el desvió de recursos, pues les ha estado pagando los salarios a los suplentes de los cinco regidores y la síndico, mientras que en el fallo del TEEP sólo se reconoce a los últimos en dicho cargo.
El monto que Javana García tenía que pagar en total a la síndico María Elena Vargas Ríos; los regidores Amaya Parra Barrera, Cristino Germán Javana, Eusebio Soriano Serrano, Cirino Arce Buenfil y Marcelino Aguilar García es superior al 1.2 millones de pesos por salarios caídos, de las dietas y de más prestaciones correspondiente a 18 meses, así como reintegrarlos a las sesiones de Cabildo del ayuntamiento.
No se realiza reunión con SGG
En otro tema, el litigante mencionó que aunque se tenía programada una reunión el pasado miércoles con Fernando Morales Martínez, coordinador de Vinculación Interinstitucional y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el presidente municipal y los inconformes, esta no se llevó a cabo porque no “dejaron pasar a todos los que iban”.
Explicó que, a la dependencia llegaron, además de él, los regidores y la síndico, el representante legal, José Luis Rendón Rodríguez, quien había llevado en un principio el caso antes de que llegaron en plantón al Legislativo –1 de marzo– lo que tomaron como argumento para que no se diera la reunión.
Sin embargo, Fedra Soriano Corrales, que es secretaria particular de Morales Martínez, les informó que sólo permitiría la entrada de un representante legal y no la de dos, a pesar de que –dijo– era necesario para llegar a un acuerdo entre las partes, pero la funcionaria lo rechazó y pospuso la reunión hasta nuevo aviso.
“Es una verdadera burla, porque el Estado de derecho no se cumple ni allá ni acá, nuestra postura es negociar para llegar a una solución, estábamos dispuestos a llegar una negociación con el presidente municipal, pero con estos hechos Fernando Morales perdió la oportunidad de demostrar su capacidad de mediador y conciliador político”, concluyó.
