Foto: Expansión
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Tras la salida de diez organizaciones civiles que formaban el Secretariado Técnico Tripartita en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), debido a que eran “espiadas”, diversas ONGs se pronunciaron en contra de dichas actividades.

Las organizaciones antes referidas firmaron un pronunciamiento en el que se pronunciaron en contra de las supuestas “prácticas de espionaje” que “realizó el gobierno federal” y solicitaron una respuesta por parte de las autoridades.

“Rechazamos todo acto de intimidación que pueda minar los derechos humanos y civiles de la ciudadanía”, sentenciaron.

Entre los inconformes se encuentra Puebla Vigila, Observatorio de Transparencia Con los Ojos Abiertos, Amedi, Mexicanos Sin Corrupción y México Infórmate, entre otras 25 más.

“Las acciones realizadas en contra de nuestros aliados federales ponen en duda la construcción de espacios de participación democrática”, expusieron.

“Hackearon” sus teléfonos

Por lo anterior, las diez organizaciones que integraban el Secretariado Técnico Tripartita (STT) abandonaron dicho pacto después de más de cinco años de participación.

El pasado 23 de mayo las organizaciones abandonaron dicha alianza, esto después de que el 11 de febrero, el periódico norteamericano The New York Times publicara un artículo con información del Citizen Lab, donde evidenciaron del supuesto “espionaje” realizado por parte del gobierno federal, pues “hackearon” teléfonos móviles para sustraer información personal.

De acuerdo a la investigación, se “hackearon” los celulares del director de Fundación Mídete y el de de investigación en políticas y programas de nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, Luis Manuel Encarnación Cruz y Simón Barquera Cervera, respectivamente, así como del fundador de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo Unna.

Asimismo, se indicó que dichos dispositivos fueron “intervenidos” mediante mensajes de textos en los que se les informaba que algún pariente había sufrido de un accidente o sobre la muerte del padre de un amigo, en el que se les enviaba un link.

De acuerdo a Citizen Lab, dicho hipervínculo eran un programa espía desarrollado por NSO Group, empresa israelí que vende dichas herramientas exclusivamente a gobiernos y –aseguraron— tiene contratos con varias agencias oficiales en México.

 

Combatían sobrepeso

El link contenía un virus spyware y permite rastrear llamadas, mensajes de texto, correo electrónico, ubicación e imágenes.

Es de señalar que Encarnación Cruz, Barquera Cervera y Calvillo Unna apoyaron el impuesto a los refrescos establecidos en 2014, con lo que se impulsaba reducir el consumo de bebidas azucaradas, con el fin de combatir el sobrepeso.

Debido a lo anterior, solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a la Secretaría de Función Pública, pero hicieron caso omiso.

De acuerdo a otras fuentes, dos de los que sufrieron el “ataque cibernético” trabajaban en conjunto con la sociedad civil y el gobierno en la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto, para la construcción del compromiso de Obesidad del Tercer Plan de Acción / 2016-2018.

México fue uno de los 8 países fundadores de la AGA, a nivel internacional, que es una iniciativa multilateral conformada por 75 naciones para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura.

Además, en el país el organismo opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el espacio de toma de decisiones por parte del poder Ejecutivo, el INAI y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) para la toma de decisiones de la AGA.

Editado por: Carlos Rodrigo Balcázar Placeres