Pleito ‘huachicolero’
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el negocio del robo de combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex, porque es lo que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de siete millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo Rojo, en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto es de dos millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad, que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó la negligencia gubernamental, que era asombrosa.
Tuvieron que suceder dos ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la zona de mayor incidencia de robo de combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de los enfrentamientos con los criminales– para que el gobierno cambiara su actitud y tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto, para que se enfrentara en forma transversal el fenómeno criminal, se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este crimen les estalló en las manos.
El presidente Peña Nieto tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos. El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área logística de Pemex para discutir el robo de combustible, donde había acusaciones cruzadas. Exfuncionarios que conocen de esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era responsabilidad de los militares la vigilancia.
El alegato del general es que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales, porque para poder ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el gobierno federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre todo en el periodo 2014-2015, era por la información que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos, controlada por los militares. Un enfrentamiento entre soldados y policía estatal en Amozoc, uno de los seis municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.
Pese a esas señales de alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió drásticamente fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación con una empresa colombiana, que vendía un sistema que utilizaba una especie de pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una perforación, tapaban el orificio.
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De superhéroes y superpolíticos
Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que en su más reciente programa en HBO, Bill Maher comentaba, y se burlaba, de la cultura de los superhéroes en Estados Unidos que ha tenido un fuerte empuje en los últimos años. Mencionaba la multiplicación de programas, películas y series en torno a personajes ficticios con poderes sobrehumanos y que salvan a la humanidad de sus aprietos. En este contexto, no sorprende que la gente le crea a un candidato que dice tener la capacidad de resolver problemas complejísimos en un abrir y cerrar de ojos. Prueba de eso, argumentaba Maher, es la elección de Trump como Presidente.
El comediante, quien dice cosas muy serias con gran humor, afirmaba que los superhéroes generan una mentalidad de que los humanos “no somos dueños de nuestro destino”. Que estamos, por tanto, esperando la llegada de “un lord estelar y un maldito mapache a salvar nuestros pobres traseros”. Así es, según Maher, como Estados Unidos eligió a Trump.
Luego se burló del Presidente inventándole el mote de “Esfínter Naranja”. Más allá de la broma, creo que Maher tiene toda la razón. Hollywood ha creado una cada vez más vasta industria de superhéroes que luego los políticos explotan en sus campañas posicionándose como personajes con poderes especiales que resolverán, en un chasquido de dedos, complejísimos problemas de la sociedad. Una sociedad cansada de lidiar una y otra vez con los mismos problemas y que falsamente piensa que se pueden solucionar si llega al poder un superpolítico, como si la realidad fuera una película de Marvel.
Se trata de una perversión cada vez más generalizada en las democracias. Un electorado que no cree en la importancia de las instituciones, sino en el voluntarismo de un individuo. Votantes que rechazan el conocimiento de años de estudio de expertos sobre las complicaciones de un problema para mejor apostarle a una persona que, a golpe de fe, moverá las montañas. Ciudadanos no quieren escuchar a políticos responsables que hablen de lo difícil que es mejorar el bienestar del país, de los sacrificios que implica, de los recursos que se necesitan. No. Eso es muy aburrido y enredado. Lo que quieren oír es que alguien llegará a la Presidencia y, como por arte de magia, con sus superpoderes cambiará todo para bien. Quieren, en pocas palabras, vivir en un mundo de superhéroes.
Luego, por supuesto, viene la decepción. Es lo que le está pasando a Trump y le seguirá ocurriendo. Prometió, por ejemplo, que durante sus primeros cien días como Presidente cancelaría la reforma sanitaria (Obamacare) para sustituirla por una mejor. Sí, cómo no. Si hay un problema complejísimo, que se viene estudiando en Estados Unidos desde hace décadas, es cómo hacer para que todos los estadunidenses tengan acceso a servicios médicos a un precio razonable. Pero los electores de “Esfínter Naranja” creyeron que, con sus superpoderes que lo llevaron a acumular una gran fortuna, sí haría lo que ningún Presidente ha hecho en EU desde Nixon. Bullshit. Trump no ha podido ni podrá porque no es ningún superhéroe.
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Farsa de comisiones especiales. La de periodistas
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que ya basta del falso basta ya. Florestán
Siempre he desconfiado de las comisiones especiales que diputados o senadores forman para subirse en temas de indignación nacional, por su interés ajeno al fondo del clamor y del conflicto.
En San Lázaro, hay más de 30 de esas comisiones que solo sirven para dar espacios, premios a legisladores con el presupuesto, corte y recursos como si su especialidad no estuviera contemplada en otras.
Así hay comisiones especiales para impulsar la agroindustria del coco, la de seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, la de seguimiento a las evaluaciones del programa especial concurrente, la de la industria vinícola y berries, la de movilidad, la de vigilancia del gasto y deuda pública de estados y municipios, pero la más indignante en este momento es la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, en manos del PAN desde hace más de una década y que ha estado ausente en esta crisis de seis periodistas muertos y uno secuestrado en tres meses.
Este club lo integran un diputado del PRI, cuatro del PAN, que la preside, dos del PRD, uno de Morena, otro del Verde y uno más de MC.
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¡Justicia en manos de corruptos e inútiles!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que sería vergonzoso —y un doble crimen— que la delegación de la PGR en Sinaloa solapara a los asesinos del periodista Javier Valdez, según reveló el también periodista Juan Manuel Partida.
En entrevista radiofónica —al informativo estelar de MVS—, Partida dijo que durante horas, un testigo dio santo y seña del crimen de Javier Valdez y de los presuntos responsables del asesinato. Sin embargo, la PGR no hizo nada.
Al parecer, los tentáculos criminales están metidos en la PGR, como también someten a parte del Poder Judicial Federal —y sus similares en los estados—, donde abundan los casos de jueces a los que compran, someten y controlan los jefes de las bandas criminales.
Lo cierto es que en medio de la crisis de violencia e inseguridad —y del asesinato de periodistas y de otros profesionistas—, nadie quiere ver la montaña de corrupción en el Poder Judicial, en todo el país.
¿Lo dudan?
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El video completo de Palmarito
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que bajo resguardo y reserva de la Procuraduría General de la República se encuentra el video completo de los hechos ocurridos la primera semana de mayo en Palmarito, Puebla, donde fallecieron 10 personas, incluidos cuatro militares, durante un enfrentamiento entre elementos castrenses y presuntos huachicoleros. Las imágenes, nos explican, contienen las evidencias para el deslinde de responsabilidades de la actuación de uno de los militares en la presunta ejecución de uno de los detenidos. Como una prueba fundamental, nos comentan, la PGR debe evitar a toda costa que el video sea filtrado a medios de comunicación o redes sociales, pues perdería su validez y tumbaría el caso en el que están involucrados al menos 30 soldados, elementos de Seguridad Pública Estatal de Puebla y personal de seguridad de Petróleos Mexicanos, quienes fueron emboscados por presuntos criminales dedicados a robar combustibles.
Aristóteles y su plan de cero financiamiento
Quien en estos días, de plano, no ganaría un concurso de popularidad entre los partidos políticos es el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Nos comentan que en el Congreso de Jalisco, diputados de todas las fracciones, con excepción del PRI, se levantaron de la mesa de negociación de la reforma política local, de cara a las elecciones de 2018. El motivo del rompimiento de las conversaciones se debe, nos dicen, a que los diputados no quieren que se eliminen los recursos a los partidos políticos en años no electorales, como lo propuso don Aristóteles, La propuesta del gobernador es “cero financiamiento” a partidos, medida inaceptable para las bancadas opositoras y, en especial, para la mesa directiva. Con la cartera no se meta, le dicen algunos legisladores al gobernador jalisciense.
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La columna Trascendió, en su columna Milenio, indica que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, que encabeza Chuck Rosenberg, ya adelantó parte de su plan 2018, con base en el presupuesto solicitado, en el que pone énfasis en la lucha contra 37 organizaciones trasnacionales del crimen, de las cuales 24 son mexicanas.
La DEA pidió un aumento de 3.7 por ciento de recursos en relación con el año en curso, considerando que es la agencia federal de justicia con más presencia en el extranjero, con 800 efectivos asignados en 90 oficinas, instaladas en 69 países, desde las que apoyan con investigación, seminarios e intercambio de inteligencia.
Que hoy se inicia en el Inacipe la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia que necesita México, en el cual participarán también especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE, a la que se han sumado el Senado, la Cámara de Diputados, la Anuies y otras organizaciones en ocho ciudades y la capital.
Consistirá en ocho mesas temáticas y nueve foros abiertos, donde se presentarán propuestas y ponencias de académicos expertos y público en general. Se hablará de los alcances y límites de la Fiscalía General de la República y las conclusiones y recomendaciones serán presentadas a la opinión pública en un informe en octubre de 2017.
QueEva Cadena, legisladora de Veracruz y ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, se presentó ayer a comparecer ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados con tres amparos en su bolsa de mano, aunque, hasta donde se pudo saber, ninguno de ellos frena por ahora el juicio de procedencia promovido por la Fepade para desaforarla.
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