Le apostaron todo a un volado pero para su desgracia, los resultados les son adversos, aunque en el camino se robaran el tostón y la de a veinte. Daban por cierto que ante la voz del jerarca, todos harían una genuflexión y acatarían sin chistar las reformas estructurales, demandadas por el capital internacional y exigidas por organismos supranacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Empero, no contaban con que una fracción de sus otrora aliados, criticara todas y cada una de las medidas adoptadas por un joven maravilla, en especial, a la “mal llamada” reforma educativa, coincidiendo con los disidentes de siempre. Las reformas no terminan de cuajar y quienes las elaboraron, ahora tratan de salirse por la tangente, difiriendo resultados y prometiendo rendición de cuentas a largo plazo.

Pero como las críticas recientes provienen lo mismo de maestras y maestros de banquillo que de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de organizaciones independientes, de personal docente y de apoyo a la educación que se siente parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) así como de políticos que participan en el proceso electoral del Estado de México, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido Revolucionario Institucional, lo mismo que de personajes magisteriales cercanos a Elba Esther Gordillo Morales, expresidenta vitalicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE, se cuestionan y se objetan oficialmente, sin importar que las impugnaciones externen un sentir generalizado, adverso a la reforma.

Sin embargo, las detracciones a la reforma educativa expresadas por dirigentes de fracciones institucionales, coincide con las externadas por los y las más radicales opositoras. Rafael Ochoa Guzmán, ex Secretario General del CEN del SNTE y ex Senador de la república, acusa “despojo” de los derechos laborales “legítimos” de las y los trabajadores de la educación. Entre las prerrogativas de las que habrían “despojado” a los maestros y maestras al servicio de los gobiernos federal y de las entidades, señaladas por Ochoa lo mismo que por la CNTE y otros actores del que hacer educativo, destacarían: la cancelación de las plazas de base definitivas y su sustitución por plazas sujetas a contrato por tiempo determinado, decretadas por la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD); la inamovilidad en el sitio en el que desempeñaran sus labores y los cambios de adscripción, según deseos y caprichos de los patrones sustitutos, los encargados y encargadas del despacho educativo locales; la bilateralidad en la asignación de plazas de nueva creación y el desuso del escalafón como mecanismo de promoción para ocupar plazas superiores, entre otros.

Cierto, como lo afirman algunos políticos, que maestras y maestros se encuentran hartos de las medidas de política educativa generadas por la administración de Enrique Peña y que quieren un cambio en los postulados enarbolados por entes ajenos a quienes se desempeñan frente a grupo. Responsables en última instancia de instrumentar planes y programas de estudio que determine la federación, aun cuando para su formulación tenga la obligación de escuchar a las autoridades educativas locales y a los y las representantes de la sociedad civil, los y las mentoras demandan seguridad en el empleo, estabilidad laboral, la plaza de base que les fuera conculcada, estímulos vinculados a la preparación y al desarrollo profesional, como se estableciera con el hoy desechado programa de Carrera Magisterial. Exigen mecanismos transparentes y bilaterales que premien la carrera profesional de los y las docentes y su desempeño frente a grupo, evaluaciones al personal docente centradas en la apreciación de las actividades desarrolladas en las aulas, contextualizadas, regionalizadas e integrales, concepto que incluiría a todos los componentes de sistema educativo. Apremian porque se respete a la jornada de trabajo, dado que para desarrollar las actividades que les impone el nuevo modelo educativo, deben emplear una jornada laboral extraordinaria, en casa, similar en tiempo a las 20 horas semana mes que contempla el contrato laboral pactado con las autoridades educativas pero que ni les es reconocida ni mucho menos pagada. Jornada complementaria en la que el personal docente debe asumir costos de materiales, equipo de computo e insumos que debería financiar el gobierno.

Las irreverencias al monarca, externadas por quienes ejercen su ciudadanía a través de la movilización social y la suspensión de actividades docentes; las adhesiones pactadas o los compromisos simulados, propios de las campañas políticas locales o nacionales, prohíjan que los mentores externen su sentir de manera enérgica, ante los agravios sufridos a manos de quienes conducen la administración pública en los ámbitos local, nacional y educativo. No significan borrón y cuenta nueva para quien -Alfredo del Mazo- postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), promete anteponer los derechos laborales de maestras y maestros sobre cualquier reforma educativa, incluida la encabezada por su “primo en octavo grado”. Tampoco denotaría el empoderamiento absoluto de una profesora -Defina Gómez- quien, ante el apoyo que le brindan maestras y maestros de diferente filiación gremial, se comprometería a realizar mesas de trabajo y foros de discusión, en los se que analizarían las demandas del magisterio, de las madres y los padres de familia y de la sociedad en general.

Significarían sí, que la voz de quienes instruyen a niños, niñas y adolescentes, se escucha fuerte y claro. Demostraría que maestros y maestras tienen la razón y que ninguna reforma educativa, por adelantada que sea, puede instrumentarse sin contar con la voluntad de quienes se encuentran frente a grupo. Finalmente, los docentes de México tienen demandas y enemigos que les son comunes. La próxima administración federal, emane del partido que sea, deberá tenerlo presente y tendrá, “obligatoriamente que darles su lugar”.

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