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Recuerdos de las dictaduras

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que le llamaron la “Operación Piña” y se ejecutó la tarde del 24 de marzo de 1980, cuando el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, oficiaba una misa privada. Unos matones bajo las órdenes del mayor Roberto D’Aubuisson, acribillaron a monseñor Romero, un sacerdote que había sido conservador hasta que un sacerdote muy cercano, Rutilio Grande, fue asesinado por predicar por los pobres. Romero se concientizó y cambió de rezar por las élites a por los que más necesitaban, con una prédica contra la violencia. Su asesinato aceleró lo que urgía frenar y se inició una larga noche donde fueron cayendo religiosos, líderes sociales, sindicalistas, maestros, defensores de derechos humanos y políticos. Todo aquello, que significaba peligro para la Junta Militar, fue eliminado. Nadie con capacidad dialéctica, habilidad para organizar y recursos persuasivos, sobrevivió. La dictadura no permitía desafíos.

Aquellos eran los prolegómenos de una década de terror en América Central donde los líderes sociales aparecían asesinados o degollados en las orillas de las carreteras. Los escuadrones de la muerte, organizados por D’Aubuisson, liquidaban a quien no se plegara a la dictadura militar. El método de descabezar a quienes mejor preparación tenían y mayor capacidad intelectual mostraban, se extendió por la región. En Guatemala, los líderes sociales fueron los primeros en caer. Siguió Honduras, donde como en El Salvador y Guatemala, la verdadera guerra fue contra las ideas. No hay arma más letal que la mente, cuyo arsenal era visto por los regímenes militares incubado en la disidencia social.

Los recuerdos de esas dictaduras caen como premonición en la realidad mexicana. De acuerdo con un seguimiento informativo de Eje Central, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha incrementado el número de asesinatos contra líderes sociales y activistas. En 52 meses de administración, sintetizó la reportera Et-biraí Nieto Morales, se cometieron 261 asesinatos: 17 contra sacerdotes, 123 contra líderes sociales –en su mayoría relacionados con la defensa de los derechos humanos–, 83 contra presidentes municipales y 38 contra periodistas.

A diferencia de lo que sucedió en el llamado Triángulo del Norte, donde las acciones represivas fueron emprendidas por los gobiernos militares, en México, “la mayoría de los ataques ocurrieron en municipios y regiones que coinciden con los lugares donde el crimen organizado estableció una estrategia para apoderarse del territorio. En todos los casos el común denominador es el contexto de violencia en la región en que se cometieron, ya sea por cambios en las administraciones gubernamentales estatales y municipales o por la presencia de nuevos grupos de organizaciones criminales”. Eje Central citó el informe “La Violencia de las Drogas en México”, del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, que afirma que en la mayoría de los homicidios contra alcaldes y sus familiares se usaron métodos del crimen organizado, lo que repercute en el aspecto social, dado que “el asesinato de posiciones políticas amenaza el proceso democrático y socava el imperio de la ley”. No es el sector político, sin embargo, el más afectado.

Periodistas y religiosos son los más atacados. De acuerdo con el reporte Panorama de homicidios en el actual sexenio del Centro Católico Multimedial, los sacerdotes son vulnerables a diversos ataques en la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones “acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, sobre todo, en las zonas de alto riesgo, donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado”. Nieto Morales explicó que el papel e influencia que llegan a tener los clérigos en las comunidades, los convierte en blanco del crimen organizado, pues los ataques en su contra generan temor entre los pobladores. En el caso de los periodistas, según la organización no gubernamental Artículo 19, “su labor diaria de informar a la población hechos que atañen a toda la sociedad, suelen incomodar a actores políticos, privados o del crimen organizado, que buscan que sus intereses no sean expuestos ante una sociedad cada vez más harta de los abusos e ineficacia de las autoridades”. Lo inquietante es que el grueso de las agresiones no provino del crimen organizado, sino de gobiernos: en 2016 hubo 226 agresiones contra periodistas por parte de funcionarios públicos y 17 de los grupos del crimen organizado. Las agresiones cometidas por grupos criminales contra periodistas disminuyeron 51.43%, mientras que la de los gobiernos, se incrementó 37% (para un total de 53%) con respecto a 2015.

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52 meses del sexenio de Peña: 44 mil 660 ejecuciones

Leo Zuckermann en su columna Juegos de poder, publicada en Excélsior, indica que en marzo de este año ocurrieron un total de mil 651 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. Esta cifra es 29% mayor a la observada en el mes inmediato anterior, es decir, en febrero de 2017. Esto de acuerdo a la base de datos de Lantia, consultora especializada en temas de seguridad. Contabilizando el total de este tipo de homicidios, en 52 meses del sexenio del presidente Peña Nieto tenemos un total de 44 mil 660, un promedio de 28 por día.

Siguen las malas noticias en esta materia. El año pasado las ejecuciones tuvieron una consistente tendencia al alza. De 671 en diciembre de 2015 pasamos a 829 en enero de 2016. En mayo se dio un brinco importante para alcanzar 993. En junio otro salto más para rebasar los mil. Todo el segundo semestre de 2016 se reportaron cifras por arriba de mil. En marzo de este año se rompieron todos los récords: fue el mes más violento del sexenio actual con mil 651.

En cuanto a las cifras oficiales, publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reportaron dos mil 20 homicidios dolosos en marzo de 2017. También representa la cifra más alta de todas las mensuales de este sexenio en esta base de datos. Aquí estamos hablando de todos los asesinatos violentos incluyendo los que comete el crimen organizado y los que no.

En los 52 meses del sexenio de Peña, el Sistema Nacional reporta un total de 79 mil 394 homicidios dolosos. La diferencia son 34 mil 734 asesinatos con respecto al número de Lantia que sólo reporta ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada. Estirando un poco la liga, podemos decir que quizá alrededor del 56% de los homicidios en México tiene que ver con el crimen organizado. Digo “quizá” porque estamos utilizando dos bases de datos con metodologías diferentes. Informo esto con fines indicativos.

Regresando al reporte de la consultora Lantia, en cuanto a la distribución regional de la violencia, las entidades con mayor número de ejecutados en marzo fueron Veracruz con 431, Guerrero con 163, Guanajuato (134), Michoacán (116), Sinaloa (86), Baja California (70), Chihuahua (64), Colima (63), Estado de México (58) y Morelos (52). En cuanto al mayor aumento porcentual de la violencia entre febrero y marzo de 2017, Veracruz tuvo un incremento del 215%, Colima (91%), Zacatecas (63%), Guerrero (27%) y Sinaloa (25%).

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¡No son los partidos, somos todos!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que para nadie es nuevo el desencanto social por la política y los políticos. No es nuevo que son la vergüenza pública gobernantes del PRI como Javier y César Duarte, y como los panistas Padrés y Femat.

A lo largo de los años han sido vergüenza histórica gobernantes represores y criminales como Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, además de José López Portillo, epítome de la frivolidad, el derroche y la ratería; mientras que el ejemplo de ineficacia e inutilidad se llama Miguel de la Madrid.

Pero también son una vergüenza histórica casos como los hoy purificados morenos Manuel Bartlett, Fernando Espino, Elba Esther Gordillo y muchos otros purificados por las aguas del mesías de Tabasco.

Sin embargo, la vergüenza no solo se localiza en los viejos políticos. También aparecen nuevos vividores que saltan de partido en partido en busca de la supervivencia elemental. Entre ellos destacan pillos como René Bejarano y la pareja modelo: Carlos Ímaz y Claudia Sheinbaum —los dos probados rateros—, sin olvidar a los ya míticos Gustavo Ponce y Eva Cadena, de Veracruz.

Pero el descontento y el hartazgo social —que de manera legítima enojan a muchos—, llevó a otros oportunistas a proponer un voto contra el PRI. Supuestos “artistas” —payasitos de tele— pregonan un voto contra el horripilante terror llamado PRI, como si el problema fueran los partidos y no los ciudadanos.

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Engaño de Tecnoradio saca chispas

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que muchas chispas en el cuadrante de radio saca el expediente Tecnoradio, principalmente entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, a cargo de Gabriel Contreras, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Gerardo Ruiz Esparza. ¿Qué ocurrió? El IFT argumenta que la oficina de don Gerardo avaló en su momento a los 167 interesados en participar en la licitación de frecuencias de radio y que sólo recibió a los palomeados por la SCT. Pero, nos comentan, el expediente tomará mayores proporciones cuando Tecnoradio pierda poco más de 41 millones de pesos que dejó en garantía, porque engañó al IFT al esconder sus relaciones con otro grupo radial, Radiorama. Mal estreno en la primera licitación de estaciones de radio, que pega en la credibilidad de Ruiz Esparza y Contreras. Lo peor, nos adelantan, es que viene un nuevo ejercicio para otra cadena de televisión, a más tardar en septiembre.

Peña Nieto ante los periodistas

Frente a los reclamos de reporteros gráficos por los recientes asesinatos de periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto no se hizo a un lado y dialogó con ellos. Minutos antes, algunos pidieron “justicia” y “no más discursos”. En su propia casa, Los Pinos, el mandatario se acercó a los fotógrafos y camarógrafos para decirles que hay un compromiso de los gobiernos federal, estatales y de la CDMX para reforzar la capacidad institucional y asegurar que México siga siendo un país democrático, que respeta la libertad de expresión. “A cada uno de ustedes, como compañeros del gremio de quienes han caído, les abrazo con mi mayor solidaridad” y “tengan certeza de que estos crímenes no quedarán impunes”. Ese fue el compromiso presidencial, a unas horas del crimen del periodista Javier Valdez.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que Aduanas y Seguridad Fronteriza de Estados Unidos dio a conocer que ha concluido la primera fase de evaluación de candidatos a construir el muro de Donald Trump y notificará a los elegidos, a quienes también hará llegar las invitaciones para participar en el siguiente paso, mientras que a los rechazados les dará las gracias.

Sin embargo, puntualiza que el gobierno no entregará información sobre los resultados de su preselección ni los nombres de los postores ni el número exacto de los que avanzaron a la segunda fase. Poco a poco, pero ahí va la promesa de campaña del jefe de la Casa Blanca.

Que en medio de la contingencia ambiental, ayer la Comisión Permanente solicitó al Gobierno de Ciudad de México, que encabeza Miguel Ángel Mancera, un informe sobre los avances de la campaña de reforestación en la capital.

En el dictamen aprobado se menciona que la capital ha recibido 90 millones 818 mil 898 pesos en el periodo 2012-2015 como compensación económica por la autorización del derribo de más de 10 mil árboles, y se destaca que la tala y la eliminación de áreas verdes figuran entre las causas más importantes de la crisis ambiental vigente.

Que la Cámara de Diputados abrió ayer el registro de aspirantes a encabezar los órganos de control interno del INAI, la Cofece y el IFT, pero hasta después del mediodía solo 36 personas se habían inscrito en línea y, de ellos, apenas tres se presentaron a entregar su documentación.

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