Miembros de las cámaras empresariales y del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia rechazaron que haya habido omisión del exgobernador Rafael Moreno Valle para combatir el robo de combustible, incluso culparon al gobierno federal de ello.
En rueda de prensa, los presidentes del CCE, Coparmex, Canaco y Canacintra señalaron que este delito dejó un daño patrimonial a Petróleos Mexicanos (Pemex), de enero de 2016 a febrero de 2017 de 42 mil 268 millones de pesos, de los cuales 19 mil 100 millones corresponden a Puebla, lo que representa el 45.1 por ciento del total.
Si bien condenaron que los “huachicoleros” hayan utilizado a mujeres y niños como escudo ante los elementos del Ejército, señalaron que este problema se ha dado también por la pobreza y falta de oportunidades en esa zona del estado.
Atribuyeron el problema a una “respuesta tardía” de las autoridades federales a pesar de la solicitud que se había hecho, incluida de la de la Iniciativa Privada (IP), lo que generó que esta problemática creciera en la entidad.
Tras cuestionar a los líderes empresariales sobre si el sexenio pasado fue omiso para combatir el robo de combustible, casi en una misma voz, coincidieron en que no, ya que es un delito del fuero federal, por lo que le compete a este orden de gobierno atenderlo.
“Nosotros fuimos testigos de la respuesta tardía del gobierno federal a un llamado que al menos en los últimos 2 años estuvieron solicitando las autoridades estatales”, comentó Carlos Montiel Solana, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Respuesta tardía del gobierno federal
Por su parte, José Antonio Quintana Gómez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), mencionó que refirió que se ha visto un aumento en este ilícito debido a que en Puebla pasa uno de los ductos más importantes de Pemex.
Mientras que Horacio Peredo Helguero, presidente de la de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), manifestó que “se tiene un problema”, por lo que aunque es una respuesta tardía de la Federación, se podrá combatir este delito junto con las fuerzas federales.
En tanto, Jesús Migoya Junco, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), refirió que “ya se tiene que poner un orden” y si para ello es necesario que se tenga la presencia del Ejército en Puebla, que se haga.
Finalmente, al tiempo de exigir “todo el rigor de la ley” a quienes resulten responsables de estos hechos sean delincuentes o autoridades municipales, estatales o federales, avalaron las acciones implementadas por la administración de Antonio Gali Fayad para el combate a este delito, que –reiteraron– ha permeado entre la sociedad.
Cabe mencionar que, de 2015 a 2016, cuando finalizó el sexenio de Moreno Valle, el “huachicol” creció 88 por ciento.
