Esotérico y místico tal cual si fuera una varita mágica, el quinto eje de la reforma educativa, parecería ser el conejo que, sacado de la chistera, resolvería todos y cada uno de los requerimientos para que la reforma educativa de Peña Nieto llegase a buen puerto. Tras zozobrar en la turbulencia de la inconformidad, levantada por quienes se atrevieron a pronunciarse en contra de una reforma y de un instrumento -la evaluación de permanencia en el servicio profesional docente-, que conculca los derechos adquiridos por maestras y maestros adscritos a los niveles de educación básica y media superior, la “gobernanza” permitiría, truco de por medio, zanjar diferencias entre autoridades y representantes sindicales, maestros, maestras, padres y madres de familia, sin dejar de lado a otros actores que permitieran “lograr una gestión y (obtener) resultados eficientes y eficaces, que es lo que requieren y demandan alumnos y maestros de México”. (goo.gl/e60SeF)
La autonomía de gestión escolar, cobijada bajo el manto protector de la gobernanza del sector educativo, elevada a rango constitucional y reglamentario, debe entenderse “como la capacidad de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y cada uno de los estudiantes que atiende”, como lo establece el Acuerdo nº 717 que “emite los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar”, publicado el 4 de marzo de 2014 por Emilio Chuayffet Chemor, quien se desempeñaba a la sazón, como el primer encargado del despacho educativo de la administración de Enrique Peña.
El acuerdo reglamentario constriñe la autonomía de gestión escolar a una serie de principios y normas, así como a un “mayor compromiso de profesores y de la comunidad educativa” y a la atención permanente ” de las autoridades educativas locales y municipales”. Toda una utopía. Los directores de las escuelas, formados a través de la experiencia, deberían transformarse en líderes de las comunidades educativas escolares de la noche a la mañana. Y ¡oh sorpresa!, los docentes formados para que ejerzan de manera individual -cual debe en una economía de libre mercado-, de repente transformarían su práctica y la ejercerían colegiadamente, como si contaran con un ejército de prefectos que cuidaran de los y las chamacas y mientras ello sucediese, reunidos en una inexistente sala de maestros del plantel en el que laboran, discutirían cuestiones de trabajo o, si esto no fuera posible por carecer de apoyo y asistencia, se reunirían en sesiones vespertinas, sin importar que son personas con otros compromisos. Los supervisores, alejados de las prácticas burocráticas, estudiarían con los y las docentes lo conducente para mejorar “los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en las aulas”. De manera mágica, maestras y maestros contarían con tutores que les asesorarían y acompañarían en el logro de su transformación profesional, cuestión limitada presupuestalmente. Y los padres de familia, una vez satisfechas sus condiciones de vida, participarían en la toma de decisiones escolares y se corresponsabilizarían de los logros educativos que requiere la formación de sus hijos e hijas.
Entre los principios y normas que establece el acuerdo de marras, destacaría la propuesta de ubicar a la escuela al centro de la atención de los servicios educativos, así como establecer condiciones para cumplir con la “normalidad mínima escolar” -definida en el acuerdo-, aprobar la plantilla docente y administrativa que cada plantel requiriera, cuidar que todas la “acciones y programas” que se desarrollen en los planteles escolares obedezcan al desarrollo de la ruta de mejora, contar con sistemas de “administración eficiente” y ojo, mucho ojo, la de “promover que cada centro escolar disponga de infraestructura, mobiliario y equipamiento digno, como si ésta no fuese una responsabilidad directa de las autoridades educativas locales y federales y con la corresponsabilidad de las municipales y, utopías otras tantas más como incisos contempla ésta disposición educativa terciaria.
Empero, la autonomía de gestión “escolar” sigue siendo tan sólo una elucubración y una manipulación de quienes definen la política educativa para legitimar acciones de carácter obligatoria, que deben ejecutar los diferentes actores en las escuelas, entre ellos maestros y maestras. Encubierta y aunque basada supuestamente en el “mérito”, la contratación del personal docente es ajena a la comunidad escolar, incluidos personal directivo, alumnas, alumnos, padres, madres y sociedad civil, cuestión de carácter grave tratándose de las escuelas ubicadas en zonas donde habitan descendientes de los pueblos originarios, instituciones a las que quienes contratan, envían docentes “indígenas” que hablan una lengua diferente a la oriunda. Sucede lo mismo con los planes y programas reservados a la federación por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de la previsión del nuevo modelo educativo que permitiría que los consejos técnicos escolares, decidieran destinar dos horas por semana, a la enseñanza de lo que se le viniese en gana. Claro, siempre y cuando forme parte de la currícula establecida centralmente.
Ni siquiera los conflictos que se suscitan entre maestras, maestros, padres y/o madres de familia se resuelve en las escuelas. Los diferendos entre las partes, lo mismo que la carencia de personal docente y muchas otras cuestiones, se resuelven por la vía política: cerrando calles y con la intervención de la burocracia cebntral, en detrimento casi siempre del personal docente. Y, a pesar de los nimios recursos destinados a las instituciones de educación básica por el Programa de Reforma Educativa, madres y padres de familia siguen sosteniendo el gasto corriente de las escuelas mediante el pago de “la renta, el teléfono y la luz”, el internet y otras menudencias. Diría el patrón -autonomía de gestión escolar, sí, siempre y cuando las comunidades escolares cumplan con lo que les mandata la burocracia educativa-. De lengua se comen más que un plato. Las escuelas serían realmente comunidades escolares autónomas, si pudiesen contratar a su personal docente, decidieran sobre el contenido sus planes y programas y administraran recursos presupuestales suficientes que les fueran entregadas a tiempo.
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