60% de tomas clandestinas, en Puebla; Abdala culpa a gobiernos panistas. Foto: Especial
60% de tomas clandestinas, en Puebla; Abdala culpa a gobiernos panistas. Foto: Especial

El costo de la corrupción durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle se estima en 25 mil millones de pesos, delito que ha causado el incremento de huachicoleros, pues el 60 por ciento de las tomas clandestinas se concentra en Puebla.

Así lo señaló el diputado federal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rodrigo Abdala Dartigues, quien también acusó al exmandatario de “mal gastar” los recursos en “obras de poca funcionalidad y escaso beneficio”.

Agregó que parte de los 25 mil millones de pesos se destinaron a costear los actos de publicidad de Moreno Valle, como espectaculares y portadas de revistas, a los cuales calificó de “dudosa legalidad”.

“Esos recursos pudieron ser destinados al desarrollo económico, al fomento y creación de cadenas productivas que generen los empleos (…) no estaríamos lidiando con las consecuencias del incremento del robo de combustible”, detalló.

Se necesitan tecnologías para frenar tomas

Asimismo, Abdala Dartigues indicó que en 2005, durante el gobierno del expresidente Vicente Fox Quezada, en la Ley de Ingresos de ese año se contempló invertir en tecnología para detectar tomas clandestinas en los ductos de combustible para así prevenir su ordeña, pero no se concretó.

Agregó que Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió a la administración del exejecutivo Felipe Calderón Hinojosa sobre la necesidad de realizar la adquisición de las herramientas necesarias para frenar el robo de combustible.

Y aunque, durante el sexenio del panista “el país registraba los mayores ingresos de su historia” se hizo caso omiso, apuntó el legislador por Morena.

Subrayó que –según cifras de Pemex— en la actualidad hay 6 mil 200 tomas clandestinas y el 60 por ciento se concentra en Puebla, es decir 3 mil 720.

Gobiernos panistas permitieron huachicol

“Los gobiernos de Fox y Calderón a nivel federal, así como el de Moreno Valle a nivel local, permitieron el incremento del huachicol y no hicieron nada por prevenir y atender las causas sociales que sustentan su origen”, precisó.

Por otra parte, tachó como un “acto de enorme gravedad y torpeza” que el estado haya solicitado la intervención de 2 mil 500 militares para intervenir en el llamado Triángulo Rojo, pues revela desesperación por parte de las autoridades, en lugar de plantear una estrategia para el combate de dicho delito.

La intervención del Ejército puede concluir en más enfrentamientos armados, así como abuso de poder y puso como ejemplo el caso Tlataya, en el Estado de México, cuando el 30 de junio de 2014 militares asesinaron a presuntos criminales durante una balacera, poniendo en riesgo la vida de soldados y civiles.

Abdala Dartigues precisó que durante el enfrentamiento registrado el 4 de mayo entre el Ejército y huachicoleros, en Palmarito Tochapan, los militares tenían la instrucción de “avasallar a las comunidades”.

Refirió que si el gobierno de Antonio Gali Fayad solicitó la intervención de fuerzas castrenses entonces debe ofrecer apoyo económico a las familias de militares y civiles caídos durante los operativos.