Columnistas-JuanCarlosLastiri

Todos estamos de acuerdo en que que el fenómeno de la corrupción en nuestro país dista mucho de ser un tema entre otros y, más aún, que se ha entronizado en nuestras mentes y en nuestras conversaciones cotidianas. Quizás cueste trabajo admitirlo, pero la corrupción es un tema adictivo, una especie de espiral que se autoalimenta y crece exponencialmente. Si alguna duda cabe al respecto, se disipa echándole una mirada al último reporte sobre la corrupción en el mundo, uno de cuyos hallazgos más llamativos es el incremento de la percepción de que problema en el país va en aumento.

Lo anterior resulta entendible a la luz de los últimos acontecimientos que se han presentado en torno al caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que en estos días vio crecer el expediente de acusaciones, por la atinada labor de la PGR. El punto es que la tela de dónde cortar es excesiva. Si no son gobernadores, son los dirigentes de los partidos o los empresarios. Y para muestra de que el flagelo crece y se extiende por doquier, hace unos días circulaba un video donde se veía a la candidata Eva Cadena Sandoval recibiendo dinero para apoyar las aspiraciones presidenciales de un personaje político.

En fin, la lista es larga, quizás hasta inagotable. Se sabe de otros ejemplos donde varios políticos se han visto inmiscuidos. Es tiempo de entender y, más aún, de asumir que estas prácticas están generando vacíos peligrosos, que de no ser llenados, pudieran dar lugar a que políticos oportunistas hicieran su agosto, vendiéndose como actores no-políticos, cuando en realidad son podrían ser lobos con piel de oveja. En tal viertud, considero muy importante la posición que el gobierno mexicano ha tomado en torno a este tema al señalar que aquí no hay espacios para la impunidad. La tarea no es sencilla ya que algunos especialistas señalan que la corrupción no es una causa sino una consecuencia de los defectos del diseño institucional mexicano y que para combatirla, no es suficiente perseguir y sancionar individuos corruptos, sin modificar a la vez las normas, procesos y entornos institucionales en los que se origina.

Nuestro país ha avanzado en este camino. Hoy tenemos una reforma jurídica, que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la modificación de normas y procesos, cuya aplicación, en casos como los ocurridos con varios gobernadores, será decisiva para su consolidación. No está de más comentar que el SNA tiene el objetivo de evitar la corrupción y que, en tal virtud, apuesta a las fórmulas de empoderamiento de las representaciones ciudadanas, crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción, además de que prevé que se eliminen los trámites innecesarios. Sus pilares de desarrollo son la Coordinación, referida a los mecanismos por los cuales los actores sociales y las autoridades de los distintos órdenes de gobierno puedan articular esfuerzos a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción; el Comité Coordinador, encabezado por un ciudadano; la Prevención, soportada en mecanismos aptos para anticiparse y neutralizar los actos de corrupción, de entre los que vale la pena destacar los códigos de ética, los protocolos de actuación y los mecanismos de autorregulación; el Control, órgano en el que confluyen diversos instrumentos que permiten una rendición de cuentas clara y efectiva como la Plataforma Digital Nacional, el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Directorio de Servidores Públicos que Participan en Contrataciones Públicas y las Denuncias Públicas por faltas Administrativas y Hechos de Corrupción; y el último y muy importante es la sanción, misma que se establece por los actos u omisiones en que pueden incurrir tanto servidores públicos como particulares, Faltas Administrativas Graves (competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa) Faltas Administrativas no Graves y Actos de Particulares vinculados con Faltas Administrativas Graves.

El SNA es relativamente nuevo y tendrá que caminar completo para ver su eficacia pero en tanto, puedo decir que estos resultados que hemos observado, sobre detenciones de funcionarios públicos, se suman a los cambios institucionales que esperamos operar a través de este nuevo sistema. El seguimiento a las detenciones, que hemos observado recientemente, representa avances que cuentan con el respaldo de millones de mexicanos que buscan vivir en un país de leyes e instituciones, de derechos y libertades; un país con un Estado de Derecho sólido y eficaz.

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