Hay realidades a las que es preferible cerrarles los ojos. Por supuesto, eso no significa que la realidad deje de estar ahí, pero es una manera confortable de seguir con nuestras vidas ignorando todo aquello que nos incomoda.
Un ejemplo de lo anterior es el de la miseria −económica y social, principalmente− que nos rodea día con día a donde quiera que vamos. Sin embargo, no es a esa realidad lacerante a la que haré referencia, sino a otra que se alimenta de ella: la violencia criminal.
Hay suficientes indicios que permiten empezar a vislumbrar un fenómeno que otras localidades del país ya han padecido, esto es, la aparición y expansión de la violencia cotidiana en grados cada vez más extremos, como posible síntoma de la penetración de distintas organizaciones criminales, si bien el grado de penetración no es del todo claro.
Esto podría obedecer a factores como el que Puebla se haya convertido en una “plaza” atractiva para las operaciones del crimen organizado, o a la progresiva articulación de estos grupos como efecto de “contagio” geográfico. Esto significaría que al estar rodeados por estados con altos índices de violencia y criminalidad –Guerrero, Veracruz, Morelos y el Estado de México, por mencionar algo−, grupos criminales hayan penetrado en territorio poblano como parte de una expansión “natural” de sus intereses y operaciones. Otra posibilidad es que estos grupos sean de origen local, y posiblemente podrían estar vinculados con los anteriores.
Estas son algunas hipótesis que se centran en distintos eventos que se han presentado desde hace poco tiempo en la ciudad, por no mencionar que en el interior del estado existen desde hace mucho focos rojos de violencia criminal. La novedad, aunque se escuche como una perspectiva muy centralista, es que se trata de la capital del estado, el corazón económico, político y demográfico de la entidad. Una ciudad donde hasta hace poco aún era creíble la idea de que se estaba en un lugar “seguro”, al menos en comparación con lo que pasa en otros puntos del país.
Los asaltos constantes y con altos grados de violencia –uso de armas punzocortantes o de fuego− en espacios públicos, comercios, transportes y un sinfín de lugares, y las ejecuciones a plena luz del día cerca del centro de la ciudad –nos referimos a lo ocurrido el pasado 9 de marzo, cuando una persona que iba manejando fue ejecutada desde otro vehículo con un arma de fuego, lo que generó que perdiera el control y atropellara a dos estudiantes de la escuela Secundaria Técnica núm. 1, institución que se encontraba cercana al lugar de los hechos−, más la ola de feminicidios, por mencionar algunos casos, son indicadores de que algo se está descomponiendo en la sociedad y el gobierno no parece ser capaz de combatirlo y controlarlo, sino más bien de contenerlo, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo?
Si uno observa los casos de otras entidades, el patrón que han seguido muchas veces es similar: en algún momento se rompen una serie de arreglos que permiten mantener a raya al crimen organizado en algunas zonas, al menos, mientras las instituciones van siendo debilitadas por sus efectos, lo que da pie a una violencia creciente y cada vez más difícil de controlar, que se expresa en fenómenos cuya violencia es cada vez más extrema y que afectan a la vida cotidiana de sus habitantes.
En consecuencia, los gobiernos locales se ven rebasados en sus capacidades no sólo para mantener el control, sino para hacer creer que tienen el control, ante lo que normalmente han optado por “resolver” el problema militarizando sus entidades.
En el estado hay indicios de que ya se empieza a dar este fenómeno, aunque nadie llame la atención al respecto. Un ejemplo de ello ha sido la participación del ejército en el combate a las bandas de “huachicoleros”, donde éste ha desempeñado funciones que en principio debería realizar la policía.
Esta tentativa a optar por el camino militar podría verse reforzada de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, que daría las bases jurídicas para que este tipo de acciones sean legales.
Sin demeritar la labor que varios miembros del ejército y las policías hacen todos los días para proteger a las personas, es un hecho que la presencia del mismo sólo contiene la violencia pero no la erradica y, además, tiende a favorecer el que ocurran actos de violaciones graves a los Derechos Humanos de la ciudadanía.
En esto valdría la pena hacer un poco de memoria. El estado de Puebla ha vivido anteriormente etapas de fuerte presencia militar y el saldo que eso ha dejado no siempre ha sido blanco ni impoluto. Durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, el estado se sumió en una inestabilidad crónica que dio paso a la confrontación –literalmente armada− de distintos grupos de poder. A costa de la estabilidad, la entidad perdió cada vez más autonomía en favor del gobierno federal, que entre otros medios contaba con la fuerte presencia de militares afines al mismo, para controlar lo que pasaba aquí, como respuesta a la incapacidad de los gobiernos locales para resolver la situación.
A pesar de ello, el ejército nunca logró erradicar las confrontaciones y la proliferación de la inseguridad, eso sólo se resolvió eficazmente a través de otros medios y procesos, como la creación de un gran partido nacional, el PNR, antecedente del actual PRI. Sin duda, los militares ayudaron un poco a contener la situación de inestabilidad y violencia; pero también cometieron notables excesos en el camino, desde corrupción a manos llenas, complicidad y participación con los grupos criminales de la entidad, ejecuciones fuera de la legalidad, hasta extorsiones a la población civil, muchas veces con sangre y fuego de por medio.
Por supuesto el ejército de ahora no es el de antes, pero como sea la experiencia histórica parece mostrar que esa es la salida fácil, pero no la solución al asunto y sí una fuente inagotable de problemas y sufrimientos. En ese sentido, nuestra historia del siglo XIX tiene mucho que decirnos sobre el pretorianismo exacerbado.
Ojalá que todas estas ideas no sean más que desvaríos de un observador un tanto paranoico. Pero de tener algo de razón, esto implicaría que no podemos seguir cerrando los ojos a la realidad, por el contrario, tenemos que reconocerla por amarga que sea, para reaccionar a tiempo, tanto la sociedad civil como el gobierno, y evitar que lo que queda de paz en el estado se diluya por efecto de la violencia con la que todos los días convivimos, y cuya pesada sombra sentimos, aunque no pensemos mucho en ella.
No existen recetas fáciles para solucionar el tema del crimen organizado, pero sin duda ignorar la realidad no ayuda de mucho, mientras que asumir conscientemente el hecho puede ser un primer paso para comenzar a reflexionar seriamente qué se puede hacer antes de que sea tarde. El lobo está en la puerta, no lo dejemos pasar.
*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.