El robo de autos en la ciudad de Puebla aumentó en 250 por ciento en el primer trimestre del 2017, mientras que los asaltos a comercios lo hicieron en 110 por ciento, como consecuencia de la sustracción ilegal de combustible que vive el estado.
Lo anterior advirtió Francisco Romero Serrano, presidente del Consejo Nacional Empresarial (COE), quien consideró que la atención del gobierno federal al tema del huachicol ha sido “poca o nula”, por lo que urgió su intervención en apoyo de las autoridades estatales.
Señaló que en las colonias del sur de la capital y juntas auxiliares se ha reportado la venta de combustible robado a particulares; con base en datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNS), indicó que, entre enero y marzo del presente año, se han reportado 2 mil 255 vehículos robados y mil 74 robos a comercios, frente a los 897 y 520, respectivamente, del mismo periodo del año pasado.
Ante dicha situación, indicó que el COE confía en que el gobierno estatal está actuando “adecuadamente”, pero que es “urgente” que el gobierno federal lo apoye para subsanar el déficit de policías en la entidad; asimismo, llamó a los diputados federales a promover programas en favor de la seguridad de los poblanos.
Urgen medidas ante inflación
En otro tema, al referirse a la 5.62 por ciento prevista por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Romero Serrano aseguró que se deriva de la aplicación de la reforma energética por parte de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Consideró que el discurso que aseguraba que las liberalización de los precios del combustible afectarían a los mexicanos más ricos y con vehículos ha quedado atrás, pues es “evidente” que será un problema para todos, ya que la inflación actual es la peor desde 2009 y está por encima de las expectativas del Banco de México (Banxico), que eran de 3+/-1.
Previó que los precios de los productos de la canasta básica seguirán aumentando durante el año, lo que derivará en un consumo menor para la alimentación de las familias.
Reiteró la propuesta del COE, que consiste en tomar medidas de reducción de circulante, legislación a favor de la estabilización de precios de gas LP y combustibles, así como una resolución miscelánea conservadora.
Editado por Luis Alberto Palacios
