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2018: Rumbo al suicidio

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que apenas comenzaron las campañas por las gubernaturas en tres estados que se jugarán en junio, y se atisba lo que será la elección presidencial en 2018. Las viejas prácticas electorales de compra de voluntades, con un cínico uso y abuso de dinero fuera de los controles de las autoridades electorales, son acompañadas por la sumisión del Instituto Nacional Electoral ante el gobierno federal. No sólo el árbitro electoral se ha mostrado omiso, sino ha llegado al caso de admitir como legales acciones que alteran el principio básico de que una elección debe ser justa y equilibrada, porque de otra manera la competencia se vulnera. Los ejemplos empiezan a aparecer de manera amenazante para quienes esperarían que las elecciones produzcan el acuerdo institucional que permita la gobernabilidad, porque lo que se está sembrando es una bomba que va a explotar.

Lo más grave es el reciente fallo del INE, donde se negó a sancionar al gobierno federal y al del Estado de México por continuar los programas sociales durante la campaña para gobernador. “Los programas sociales no se suspenden, ni se tienen que suspender durante las campañas electorales”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE. “Sería absurdo pretender que la normatividad y, más aún, que la autoridad electoral determine la suspensión de los programas en un país con las desigualdades que tenemos”. No es aceptable la postura de Córdova, porque su papel como líder de los árbitros es crear condiciones para que la contienda sea pareja y no lo contrario.

Desde que Joseph Schumpeter desarrolló su obra sobre elecciones y democracia hace más de 70 años, la idea sobre la equidad de los procesos electorales ha dominado la discusión pública, particularmente en aquellas naciones con sistemas políticos débiles y resabios autoritarios. Esto es que la voluntad del individuo no es independiente en el campo de la política, y la forma como se decide en las urnas suele estar determinado por la propaganda y fabricada por quienes más recursos tienen para manipular el voto. Por décadas, la forma como el PRI utilizó dinero no contabilizado como un método para ganar votos, ha sido motivo de denuncias periodísticas, primero, y más adelante buscado acotarse –en su caso y el de otros partidos–, por los órganos electorales.

Durante años, la maquinaria electoral mexiquense utilizó dinero en efectivo para su operación política y de medios. Isidro Pastor, que fue presidente del PRI en el Estado de México –y ahora busca la gubernatura como candidato independiente–, tenía en su casa una alacena escondida detrás de un gran librero, en donde, en lugar de alimentos, tenía billetes de todas denominaciones para lo que se necesitara para mantener la operación política y la cooptación. En la campaña de Eruviel Ávila, hace seis años, el dinero de los convenios de publicidad llegó a varios medios organizado en fajillas de 50 mil pesos que tenían el sello del banco, de 1995. Es decir, ese dinero fue sacado del sistema financiero una década antes y guardado para ser utilizado políticamente años después. ¿Cómo rastrear esos recursos?, o ¿cómo seguir su ruta política?

Las quejas sobre la desigualdad en el proceso electoral mexiquense no han tenido mucho eco en el INE, y su pasividad o negligencia va a tener consecuencias. En algunas comunidades mexiquenses algunas familias han comentado de manera aislada que en el pasado el PRI llegó a ofrecerles 500 pesos por su voto, pero que en esta elección ha cambiado de manera significativa. Lo que dicen es que les han dado dos mil 500 pesos por cada credencial electoral, lo que ha llevado a algunos casos donde familias con hijos con deficiencias mentales sacan de cualquier forma su credencial electoral para poder recibir lo que ofrece el PRI. En un caso recibió un jefe de familia 10 mil pesos por cuatro credenciales, cuyo voto tendrá que ser probado mediante una selfie que se saquen con su boleta dentro de la urna.

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Morena: ¡culto a las peores dictaduras!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que no es nuevo que reputados lopistas como el delegado de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma —hermano del neolopistaEsteban Moctezuma—, y Ramón Jiménez López, ex candidato a la delegación Gustavo A. Madero, son fieles seguidores y defensores del dictador norcoreano Kim Jong-un.

Tampoco es novedad que esos descocados son reconocidos asesores de López Obrador.

Tampoco es noticia que otros “probados lopistas” son feroces defensores de la dictadura de Nicolás Maduro. Entre ellos destacan la número dos de Morena Yeidckol Polevnsky, John Ackerman, Gerardo Fernández Noroña, Valdemar Moratto y Eduardo Navarro, dirigente del Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI.

Todos ellos guardan silencio a pesar de los escándalos globales por los crímenes de Estado contra opositores cometidos por los dictadores Kim Jong-un y Nicolás Maduro. Y, claro, todos ellos gritan “asesino” a Peña Nieto, por la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos del cártel criminal de Guerreros Unidos. Así la “chabacana” congruencia.

Por eso, a nadie parece sorprender lo escandaloso que resulta que AMLO tenga entre sus principales colaboradores y asesores, a fanáticos de los más perversos y perniciosos dictadores de los tiempos modernos, a pesar de que es incuestionable que Obrador pretende convertir a México en una de esas dictaduras.

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Borrego viudo y extorsionado

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, señala que el caso de la famosa taquería capitalina El Borrego Viudo apunta para destapar una cloaca en la que autoridades capitalinas podrían salir salpicadas. La propia delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, afirma que recurrentemente comerciantes se quejan de que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), a cargo de Meyer Klip Gervitz, les solicita dinero para poder mantener abiertos sus negocios, situación que, algunos aseguran, sucedió en la taquería. Este tema de presunta extorsión, más un par de ingredientes como es el caso de una disputa familiar por las ganancias del negocio y la presunta intervención del crimen organizado, hacen una salsa muy picante que si no se atiende pronto y bien, podría enchilar al gobierno de la CDMX.

Y el nuevo fiscal anticorrupción es…

Después de un trabajo de depuración y la evaluación de 23 candidatos, el Senado tiene tres perfiles para designar al futuro fiscal anticorrupción. Nos dicen que en la primera posición está César Chávez Flores y le siguen José Bernardo Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo. Sin embargo, nos comentan que Bernardo Espino se quedó en el camino. De tal suerte que hay tres aspirantes que quedaron en la línea de salida y en espera de que el Senado apruebe al nuevo zar anticorrupción. Entre las bancadas de la Cámara de Senadores se comenta que el mejor evaluado, hasta el momento, es César Chávez, quien ha expresado la necesidad —y es su condición para aceptar, si fuera el caso— de que la fiscalía sea totalmente autónoma y que no dependa de la Procuraduría General de la República. ¿Quién ganará la posición?

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, indica que el coordinador de los diputados federales del PVEM, Jesús Sesma, no busca ya a quien se la hizo, sino quién se la pague, por las dos ocasiones en que la oposición en el Palacio de San Lázaro ha reventado el quórum con el fin de impedir la aprobación de la cuestionada iniciativa para prohibir los delfinarios.

Sesma pedirá este lunes a la Junta de Coordinación Política destituir a la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista María Guadalupe Murguía, a quien acusa de burlarse de la ley por no obligar a los 229 diputados de PAN, PRD, Morena y MC a colocar sus respectivos índices sobre el lector dactilar y registrar sus votos en el tablero electrónico.

Que a casi un año de su destitución, la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff realizará una visita por nuestro país, durante la cual dictará una conferencia magistral sobre el futuro de la democracia en América Latina. La ex mandataria coincidirá con Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha promovido una plataforma política rumbo a las elecciones presidenciales de México en 2018.

Que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó la demanda de juicio político contra el ex director general de Pemex Emilio Lozoya, debido a la prescripción de los plazos legales para iniciar ese proceso.

En respuesta a la coordinadora de los diputados federales de Morena, Rocío Nahle, autora de la solicitud contra Lozoya, la subcomisión recordó que el ex funcionario dejó el cargo el 8 de febrero de 2016, mientras que la ley prevé la posibilidad de iniciar el proceso solo hasta un año después de que el imputado haya concluido su responsabilidad pública.

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