La opción de Yarrington
Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que la detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia, a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto. Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados–, el único lugar en el que quizá se sintió protegido era esa nación mediterránea, donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia. Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años.
La actitud del gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12. La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco–, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico. Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera, de Veracruz.
“El narcotráfico se instaló en Tamaulipas desde el gobierno de Cavazos”, decía uno de los colaboradores más cercanos de Calderón en sus tiempos de Los Pinos, refiriéndose al hoy senador Manuel Cavazos, a quien nunca le pudieron probar nada. Cavazos fue uno de los mentores de Yarrington, quien lo sucedió en el cargo. La obsesión contra los gobernadores priistas en Tamaulipas era tan grande que poco después del asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, en 2010, el presidente Calderón le dijo al entonces gobernador Eugenio Hernández: “El asesinato lo cometieron ustedes, los priistas”.
Nunca profundizó en la acusación, y tiempo después la PGR encontró que los autores materiales del asesinato habían sido miembros del Cártel del Golfo, del cual Yarrington ya era uno de sus líderes. En ese crimen participó también –esta línea de investigación se mantiene en secreto– un capitán de la Marina, que fue reconocido entre el comando que asesinó a Torre Cantú en Ciudad Victoria.
Calderón no continuó la persecución de los gobernadores priistas que inició a la mitad de su sexenio, pese a las protestas de la procuradora Morales que, con autorización o no del entonces residente, viajó varias veces a San Antonio para proporcionar la información que tenía la PGR a la Corte Federal de Texas, que investigaba a Yarrington. El caso contra el exgobernador, el más fuerte que ha habido en contra de un político mexicano, tuvo mucha información de la PGR, y sirvió en Estados Unidos para procesar toda la red de complicidades de Yarrington.
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¡Delfina robó en Texcoco igual que AMLO en el GDF!
Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, indica que el paralelismo es asombroso. Se convirtió, según reputados morenistas, en una calca de las prácticas depredadoras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal.
¿A qué nos referimos?
A que hoy los gobiernos con las siglas de Morena —en municipios del Estado de México y delegaciones de la CdMx— “ordeñan” la nómina de los trabajadores para destinar ese dinero a la actividad partidista de Morena.
¿Recuerdan que cuando López Obrador era jefe de Gobierno del DF le quitaba 20 por ciento del salario a los trabajadores capitalinos vía nómina? ¿Se acuerdan que el dinero robado a trabajadores era utilizado para activismo político personal de AMLO?
Bueno, pues esa misma práctica se impuso en municipios como el de Texcoco, donde la entonces alcaldesa Delfina Gómez canalizaba cada quincena un cuarto de millón de pesos —250 mil pesos— al Grupo de Acción Política (GAP), que desde hace dos décadas regentean Higinio Martínez y Horacio Duarte, entre otros.
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Jugando con la extradición
Joaquín López Dóriga en su columna En Privado, publicada en Milenio, señala que en política, lo siguiente no existe. Florestán
Cuando la tarde del lunes 24 de mayo de 1993 fue asesinado en el aeropuerto de Guadalajara el cardenal y arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, al presidente Carlos Salinas se le presentó una crisis de Estado y de relación con la Santa Sede: era el primer príncipe de la Iglesia asesinado, de lo que no había registro en el mundo moderno, y estaba prevista la primera visita oficial de un Papa, Juan Pablo II, para agosto.
Las primeras informaciones confirmaban que había ido al aeropuerto a recibir al nuncio desde el imperio de Maximiliano, Girolamo Prigione.
Después se dijo que lo habían matado de 14 tiros en medio de un enfrentamiento cuando fue confundido con un narcotraficante y que el asesino era Joaquín Guzmán Loera, que se había enfrentado a los hermanos Arellano Félix.
Salinas, consciente de las implicaciones del homicidio, viajó a Guadalajara aquella misma tarde y por primera vez un Presidente de la República entró a una catedral, donde al pie del altar estaba el ataúd con los restos de Posadas, que además le era cercano.
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Peña Nieto va a la boca del lobo
La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que a casi una semana de la detención de Javier Duarte en Guatemala, el presidente Enrique Peña Nieto viaja hoy a Veracruz. Acompañado por el gobernador panista Miguel Ángel Yunes, el jefe del Ejecutivo encabeza al mediodía, en Antón Lizardo, la ceremonia oficial por la Gesta Heroica de la Defensa del Puerto de Veracruz y la jura de Bandera de los Cadetes del Primer Año de la Heroica Escuela Naval Militar. Nos dicen que hay que poner mucha atención a los mensajes del Presidente a lo largo de la visita, que concluye al filo de las 18 horas. Tras la detención de Duarte, Peña Nieto decidió trabajar en privado con todo su equipo. No desarrolló actividades públicas el martes y jueves pasados, y hoy retomará sus eventos públicos en una entidad agraviada por el ex gobernador.
El retorno de Marcelo Ebrard
El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, planea con mucho cuidado y tiempo su regreso al país. Nos cuentan que don Marcelo está muy ocupado por el momento promoviendo a los mexicanos residentes en California. Hasta donde se ha confirmado tiene un contrato como consultor en Estados Unidos, que vence en noviembre, y de ahí en adelante trazará su ruta para volver cuanto antes al país. Es sabida su cercanía con el sector del Partido Demócrata, que encabeza el ex presidente Bill Clinton, y mientras sigue en tareas de acercamiento con la comunidad mexicana en EU, en espera de que las izquierdas comiencen la batalla para la contienda presidencial de 2018, nos comentan.
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La columna Trascendió, publicada em Molenio, señala que pese a trabajar a marchas forzadas ante el inminente cierre del actual periodo de sesiones, los legisladores se dieron tiempo para hacer un reconocimiento a la industria cinematográfica nacional.
Resulta que ayer el pleno del Senado aprobó declarar el 15 de agosto como el Día del Cine Mexicano, por lo que contaron con la presencia de actores y actrices como Norma Lazareno, Gabriela Goldsmith y Humberto Elizondo para atestiguar la propuesta de la presidenta de la Comisión Especial de Rescate y Gestión de la Mexicanidad del Senado, María del Rocío Pineda Gochi.
Al término de la sesión los actores y actrices subieron a la tribuna para tomarse la foto del recuerdo y algunos senadores, como Mariana Gómez del Campo y Salvador López Brito, aprovecharon para colarse y salir en la imagen.
Que hablando de cine, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado ratificaron a Arturo Robles Rovalo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En su comparecencia, Robles Rovalo se comprometió a trabajar con estricto cumplimiento tanto en la regulación que permita una mayor competencia, como verificar que estén protegidos los datos, privacidad y seguridad de las transacciones de los usuarios.