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2018: Las prisas de Videgaray

Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, publicada en El Financiero, señala que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha sido muy claro al hablar de los vericuetos políticos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, particularmente con México. En diferentes momentos ha mencionado la urgencia de aprobarlo para que no sea contaminado por las elecciones. No sólo las legislativas de medio término de Estados Unidos, en noviembre del próximo año, sino las presidenciales en México, el 3 de junio de 2018. Ross ha expresado indirectamente el factor que contamina el proceso: la urgencia del presidente Enrique Peña Nieto de que termine este mismo año la negociación, porque de su resultado decidirá el candidato del PRI a la presidencia. “Quisiera que hubiera resultados mañana, pero no es la manera como trabaja el mundo”, dijo en una entrevista con Bloomberg TV.

La premura de Peña Nieto la siente el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, jefe del equipo negociador. La presión del presidente sobre su canciller permite asumir que Peña Nieto está convencido de que las elecciones en el Estado de México, en junio, serán positivas para el PRI y no serán un obstáculo en la decisión para escoger sucesor. Los ladrillos que pavimenten la candidatura presidencial están colocados. En el campo político, la designación de Claudia Ruiz Massieu –a regañadientes por parte de ella– como secretaria general del PRI, cumple un objetivo estratégico, que es el de evitar que dentro del PRI intenten una asonada para arrebatarle al presidente el control, en este momento intocado, de decidir quién será su sucesor.

Hace seis años, el presidente del PRI, Humberto Moreira, manipuló la convocatoria, violando las normas del PRI, para impedir que el senador Manlio Fabio Beltrones desafiara a Peña Nieto por la candidatura. Esa acción, que allanó el camino de Peña Nieto a la presidencia, le ganó la protección jurídica y política que goza hasta hoy día, en agradecimiento. Hoy, Peña Nieto no quiere abrir ningún flanco. El otro ladrillo político es la elección en el Estado de México. Cada lunes hay una reunión en Los Pinos, donde se reúnen funcionarios federales con representantes del gobernador Eruviel Ávila y de la campaña del candidato Alfredo del Mazo, para analizar la estrategia. Aunque no participan miembros del gabinete, en ocasiones han asistido secretarios de Estado e incluso el presidente Peña Nieto.

El control de la campaña de Del Mazo no la tiene el candidato, sino el gobernador Ávila, que goza del respaldo del gobierno federal. Del Mazo se encuentra acotado en sus acciones y no está tomando las decisiones más importantes, o revierten iniciativas estratégicas que toma, como la designación de su equipo de prensa y propaganda. El manejo vertical de la campaña de Del Mazo es lo que le da espacios de tranquilidad al presidente Peña Nieto sobre lo que sucederá en el Estado de México, y lo ha llevado a presionar a Videgaray para que entregue la negociación a tiempo para que defina, en las últimas ocho semanas de este año, como máximo –por el requisito legal que obliga a que quien sea ungido no tenga un cargo cuando menos seis meses antes de la elección–, quién será el candidato del PRI.

El cronograma de la negociación, que Ross quería llevar hasta el próximo año, fue acortado por Videgaray durante sus reuniones bilaterales en Washington, con el propio secretario de Comercio, el consejero comercial del presidente Donald Trump, Peter Navarro, el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el consejero especial del jefe de la Casa Blanca, su yerno Jared Kushner, con quienes, según personas en su entorno, ha construido la mejor relación. El cronograma plantea el inicio de las negociaciones en junio o julio –probablemente julio–, para que pueda ser ajustado y notificar al Congreso estadounidense en diciembre, que tiene un plazo de 90 días para iniciar el proceso legislativo, con lo que pudiera quedar aprobado, en el mejor de los casos del documento y los tiempos, para la elección presidencial en México.

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¿A cuál López Obrador creerle? ¿Al de Romo o al de Ackerman?

Leo Zuckermann en su columna Juegos de Poder, publicada en Excélsior, indica que hace poco, en el programa de televisión que conduzco en FOROtv, tuve una buena plática, de sustancia, con Alfonso Romo sobre el proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Romo es un exitoso empresario regiomontano que está encargado de coordinar la elaboración de dicho proyecto. Analizamos diversas propuestas que describe el candidato presidencial de Morena en su más reciente libro, La salida: decadencia y renacimiento de México. Después de una hora de charla, me quedó claro que Romo ve en AMLO a un político pragmático, moderado en muchos sentidos, que no cometería ningún tipo de locuras de ganar la Presidencia.

Unos días después de esta entrevista, López Obrador viajó a Nueva York y Washington como parte de sus giras para promover su candidatura presidencial en Estados Unidos. Ahí, presionado por uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, acusó, de manera indirecta, al Ejército mexicano por lo ocurrido la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014. Esta misma postura —de la presunta culpabilidad de las Fuerzas Armadas— ha sido impulsada por el editorialista de La Jornada, John Ackerman, quien acompañó a López Obrador en esa gira internacional. Ackerman es un militante de la izquierda radical. Está en todo su derecho. Hace unos días, en su espacio editorial, defendió al régimen político de Nicolás Maduro en Venezuela considerando que ese país era “más democrático y respetuoso a los derechos humanos que México”. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo, pero ése es otro tema. Lo que quiero destacar en este artículo es el papel de Ackerman en la campaña de AMLO. El también académico de la UNAM trabaja activamente a favor del tabasqueño a quien considera como la única salvación para el país por los grandes cambios que haría de llegar a la Presidencia. El de Ackerman es un López Obrador diametralmente distinto al de Romo: un político ideológico de la izquierda más pura que impulsaría una verdadera revolución.

La pregunta, entonces, es a quién creerle: ¿Al López Obrador de Romo o al de Ackerman?

Yo creo que a los dos porque AMLO, precisamente, tiene esas dos caras para jugar en dos pistas distintas. Usa a Romo (y Romo lo usa a él porque así es la política) para presentarse como un candidato moderado al cual los empresarios no tienen por qué temerle. Utiliza a Ackerman (y Ackerman a él) para quedar bien con la base electoral de la izquierda más radical.

Esta manera de actuar de López Obrador no es nueva. Ya la vimos. En su campaña presidencial de 2006, convivían dos políticos muy diferentes en el círculo lopezobradorista: Manuel Camacho y Gerardo Fernández Noroña. Camacho era el personaje sensato cuyo objetivo era convencer al electorado más moderado, en particular a la clase empresarial. De hecho, el día después de las elecciones, pensando que López Obrador había ganado, escribió en El Universal que había llegado el tiempo de la moderación y unificación del país. AMLO, sin embargo, había perdido y, desde la noche del 2 de julio, comenzó su radicalización que lo llevaría a la toma de Reforma y su autodeclaración como Presidente Legítimo. Número uno en esta línea de acción se encontraba Fernández Noroña, un provocador experto —como hoy Ackerman— en insultar a todos los que cuestionaban la verdad divina del líder.

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¡Duarte no pisará la cárcel! ¡Corral mata diario de Juárez!

Ricardo Alemán en su columna Itinerario Político, publicada en Milenio, señala que como si se tratara de un gran logro, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, festejó que la procuraduría estatal “obsequió” una orden de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte.

“¡Ya es prófugo de la justicia… por el delito de peculado…!”, dijo a gritos el gobernador Corral, quien en ese caso sí proporcionó detalles de la “averiguación previa” y hasta se aventuró a dar “santo y seña” del lugar donde podría estar escondido “el otro” Duarte; detalles que negó en el caso de la periodista asesinada Miroslava Breach.

Lo cierto, sin embargo, es que la “cacareada” persecución del ex gobernador de Chihuahua y hasta la ficha roja solicitada y emitida por Interpol parecen más un grosero montaje “engañabobos” que un acto de justicia. ¿Por qué?

Elemental, porque a pesar de que Duarte pudiera ser detenido en cualquier momento y en cualquier parte del mundo —y pese a que todos los jueces mexicanos pudieran negarle un amparo—, no pisará la cárcel. ¿Por qué?

Porque el de “peculado” no es un delito grave y, por tanto, un eventual juicio penal contra Duarte se llevaría a cabo con el acusado fuera de prisión. Es decir, al momento de la detención de Duarte no se cumplirá la promesa de Corral de “llevarlo a prisión”.

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Le salen defensores a ¡juez de Porkys!

La columna Bajo Reserva, publicada en El Universal, indica que por increíble que parezca, un grupo de jueces y magistrados federales están llamando a cerrar filas en contra del Consejo de la Judicatura Federal, y a defender la resolución del polémico juez federal de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien fue suspendido por el propio Consejo para realizar una investigación por su sospechosa sentencia en favor de Diego Cruz, uno de los involucrados en el caso conocido como “Los Porkys”, acusado del abuso sexual de una menor de edad. Lo que es más sorprendente, nos dicen, es que estos jueces y magistrados que se sienten amenazados por la investigación iniciada por la oscura resolución, enarbolan la mentada independencia judicial para justificar su oposición a ser criticados por la sociedad, como lo fue el juez González Hemadi. No estaría nada mal que el Consejo de la Judicatura, que actuó muy bien en el caso de Veracruz, ahora echara una revisada a los casos que ese grupo maneja, no vaya a haber alguna sorpresa del estilo de la del juez veracruzano.

Y el ganador en el Edomex es…

Quién ganaría la gubernatura del Estado de México si las elecciones fueran hoy. A ciencia cierta nadie lo sabe. Lo que sí es un hecho es que la contienda está algo más que cerrada, según lo revela una encuesta encargada por la Presidencia de la República. De acuerdo con el estudio, realizado a partir de mil 500 entrevistas en 100 puntos de los distintos municipios de la entidad, y cuyo margen de error es de +/-4% y su confianza de 95%, no hay nada para nadie. La encuesta señala que Josefina Vázquez Mota, del PAN, tiene 23.98% de las preferencias; Alfredo del Mazo Maza, del PRI, 23.86%; Delfina Gómez Álvarez, de Morena, 21.37%. Y en un lejano, pero estratégico, tercer lugar, Juan Manuel Zepeda Hernández, del PRD, tiene 6.98%. La encuesta fue entregada el pasado 29 de marzo y son los números con los que el primer minuto de hoy arrancó la campaña electoral cuyos resultados, sin duda, tendrán una repercusión más allá de la gubernatura; sus efectos se harán sentir en los comicios federales de 2018.

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La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que un grupo de jueces y magistrados federales está llamando a “cerrar filas” contra el Consejo de la Judicatura Federal y a defender la resolución del juez Anuar González Hemadi, suspendido para investigación por su lamentable sentencia en favor de uno de los Porkys, presuntos agresores sexuales de Daphne.

Lo que sorprende es que se sienten “amenazados” por la investigación iniciada sobre una resolución a todas luces sospechosa, y que enarbolan la mentada independencia del Poder Judicial para justificar su oposición a ser criticados por la sociedad y claro, eventualmente, sancionados por el CJF.

Que el nerviosismo ante la posibilidad de que por ley se establezcan indemnizaciones a los pasajeros por retrasos llevó a las aerolíneas a inducir a sus pilotos y tripulaciones a imputar a los vuelos oficiales la responsabilidad por esas demoras. Pero mediante un escrito el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, conminó a los directores de las líneas aéreas a instruir a sus empleados para que dejen de difundir esas versiones infundadas, so pena de ser sancionados.

El sustento del titular de la SCT es contundente: en 2016, 64% de las demoras fue responsabilidad de las líneas aéreas; 27% por condiciones climáticas y 9% imputable a la infraestructura aeroportuaria.

Que los diputados federales alistan ya su puente de 11 días con motivo de Semana Santa y, nada más por no dejar, sesionarán del martes 4 al jueves 6 de abril, para luego irse de asueto y volver hasta el martes 18.

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