La larga temporada de caza de periodistas comenzó el 30 de mayo de 1984 cuando el periodista Manuel Buendía, columnista de Excélsior, fue abatido a tiros en la tarde al salir de una comida. Sus columnas comenzaban a profundizar el auge del narcotráfico en México y estaba a punto de revelar nombres de funcionarios involucrados en la protección a carteles.
En el tiempo político de treinta y tres años el problema no sólo se ha agudizado, sino que también han aumentado las pruebas de que el crimen organizado –no sólo de narcos– ha crecido por la complicidad o incapacidad de las autoridades.
La investigación oficial, con el auxilio de una comisión coadyuvante de periodistas, acusó al entonces director de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, del asesinato de Buendía y permanece hasta hoy en la cárcel. Sin embargo, el asunto no es tan fácil: como director de la policía política del Estado, Zorrilla era apenas un eslabón de la cadena: sus superiores eran Manuel Bartlett como secretario de Gobernación y el presidente Miguel de la Madrid, ninguno de los cuales fue siquiera investigado. Zorrilla no mató a Buendia, pero sabe quién lo hizo y tiene claro que fue un crimen del poder.
En el último mes se tienen seis casos de periodistas agredidos –algunos de ellos perdieron la vida–; los ataques estuvieron motivados por su trabajo como periodistas, por lo que debe comenzar a hablarse de periodicidios o asesinatos de periodistas por su función de informar. Una alerta de trabajo riesgoso cimbraría al Estado y a los gobiernos en sus tres niveles porque revelaría la incapacidad oficial para proteger a la sociedad. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de la PGR difundidos por el columnista Juan Pablo Becerra Acosta (Milenio, lunes 27 de marzo de 2017), en el largo periodo 2006-2017 han asesinado a 105 periodistas y de las 798 denuncias de agresiones –algunas con muerte– sólo ha habido tres sentencias condenatorias de responsables.
Los asesinatos de periodistas tienen un móvil: los matan por lo que investigan, por lo que saben y por lo que publican. Desde Buendía, los periodistas han revelado las alianzas de complicidad del crimen organizado con funcionarios, políticos, gobernantes, empresarios y partidos. Los periodistas están haciendo las investigaciones que las autoridades se niegan a realizar: indagar a los responsables de actos criminales que han terminado con la estabilidad social en la república.
Las revelaciones más inquietantes de periodistas y por las cuales han sido agredidos tienen que ver con las redes de complicidad de las bandas criminales con estructuras de poder político. El reciente dato del fiscal de Nayarit arrestado y procesado esta semana en los Estados Unidos como narco y los datos de gobernadores involucrados en esa actividad criminal son apenas los indicios que revelan las razones las cuales la autoridad se niega a investigar agresiones contra periodistas.
Y ante la negativa gubernamental de una estructura de poder que ni siquiera se protege a sí misma y que padece la penetración del crimen organizado en sus diferentes niveles, a los periodistas sólo le quedan dos caminos: la autocensura o la organización de grupos de investigación de crímenes para la coadyuvancia incómoda con la autoridad. El modelo Buendía que obligó al gobierno a procesar a Zorrilla es una forma de evitar la impunidad criminal contra los periodistas.
Pero el problema radica en la red criminales-funcionarios.
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Política para dummies: La política es el territorio más peligroso del mundo oculto detrás de la demagogia.
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• El arresto del fiscal de Nayarit por narco pone al PRI contra las cuerdas por la narcopolítica.
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