Hay suficientes evidencias para afirmar que en México la justicia no es ni ciega ni sorda, pero sí bastante interesada.
Desde la impunidad que rodea a políticos prominentes, pasando por las omisiones que la justicia comete a favor de empresarios o gente del espectáculo, hay una constante que demuestra que en éste país los poderosos y sus allegados están por encima de las leyes que gobiernan al resto de los mortales.
Pero no sólo están por encima de la ley, sino que ésta les obedece según sus intereses individuales o de grupo.
Un indignante ejemplo reciente sería el del joven Diego Cruz, uno de los miembros de la banda de juniors “Los Porkys”, que en octubre de 2015 fueron señalados como responsables de haber abusado sexualmente de una menor de 17 años. A uno de ellos se le imputó además el haber cometido violación en su contra.
A raíz de darse a conocer el caso la presión pública empezó a sentirse a nivel nacional e internacional, obligando al gobierno mexicano a cumplir con una de sus tareas fundamentales: la de garantizar los derechos de sus ciudadanos, tales como el acceso a la justicia, y perseguir a todo aquel que la infrinja.
Pero como es común en la política mexicana, el gobierno actuó con torpeza y laxitud, simulando como que hacía lo que debía hacer. Y mientras eso sucedió, los influyentes padres de estos jóvenes comenzaron a hacer algo que es bastante común en la cultura política mexicana: aprovechar sus relaciones sociales y políticas para tratar de influir en el proceso de manera favorable a sus intereses.
Como resultado de esto hasta la fecha sólo dos de los presuntos responsables han sido perseguidos y encarcelados. Pero ésta semana un juez de Veracruz concedió un amparo que pone muy cerca de la libertad a Diego Cruz, bajo una interpretación absurda de los hechos para justificar tan kafkiano proceso de liberación, lo que de paso abre la puerta a sucesivas interpretaciones similares que faciliten la impunidad en otros casos de abuso sexual y violaciones.
Los padres de la víctima, por otro lado, no pueden creer lo que pasa y están profundamente indignados con lo sucedido.
Pero esa indignación familiar se volvió pública por una razón, la misma que se materializa en este caso por enésima vez. En México habemos millones de personas cansadas de que los ricos y poderosos puedan hacer lo que quieran sin tener que pagar grandes consecuencias por sus irresponsables actos, mientras que los demás somos objeto de la falta de acceso a la justicia por la excesiva burocratización, la corrupción, la ineficacia y todos los demás males que aquejan al sistema judicial mexicano, desde sus aparatos de policía y vigilancia hasta las cárceles, pasando por las procuradurías y los tribunales.
Y cuando no se nos niega la justicia, se nos hace víctimas de ella, al ser abusados por los representantes de la ley de mil y un maneras, que pueden llegar hasta el extremo de ser privados de nuestra libertad por un crimen que no cometimos, en medio de un sinfín de arbitrariedades y errores, como lo demuestra el documental presunto culpable.
No se trata de un problema de alguna administración en específico, ni tampoco es reciente. Es uno de los grandes problemas nacionales, de carácter estructural, sistémico, cuyos orígenes podrían remontarse hasta el periodo colonial y al funcionamiento de las instituciones y la justicia en ese entonces, pero para no ir hasta Adán y Eva, podría situarse en el régimen emanado de la Revolución Mexicana, con sus altas dosis de corrupción, clientelismo, influyentismo y privilegios para los poderosos, tendencia que se reforzaba conforme los ideales y programas revolucionarios se fueron abandonando o tergiversando en favor, principalmente, de los nuevos y viejos grupos de poder, después de 1940.
A eso habría que sumar el hecho de que desde el arribo tecnócrata neoliberal al Estado y sus altas esferas de poder en los años ochenta, las instituciones públicas han sido progresivamente capturadas por los miembros de las élites político-económicas, con su séquito de leales familiares y amigos en muchos casos.
Semejante fenómeno tiende a fortalecer los privilegios de clase de estos grupos y a garantizar el funcionamiento del Estado a su favor, como ocurre tantas veces con la administración de justicia y otros tantos asuntos.
Esta situación es parte de lo que ha llevado a Ricardo Raphael –muy acertadamente− a hablar de un régimen moral y social que impera en México desde los años ochenta, mismo que se caracteriza, entre otras cosas, por anteponer los valores e intereses de las élites del poder en la administración del Estado y la política, por encima de los de los sectores que no formamos parte del selecto grupo que habita en lo más alto de nuestro edificio social, régimen que ha bautizado como “Mirreynato”.
Otro caso que ejemplifica las distorsiones de la justicia mexicana es el de la demanda que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, antepuso contra el respetado académico y editorialista Sergio Aguayo, por supuesta difamación y daños a la moral e imagen del priista.
Investigado por posibles nexos con el crimen organizado, así como por posible peculado y lavado de dinero, además de estar relacionado con un proceso fraudulento para la adquisición de una mega deuda pública en su estado, el profesor Moreira se siente profundamente agraviado por sospechas y señalamientos “infundados”, y no duda en recurrir a la justicia como arma política para afectar a una persona que ejerce críticamente el derecho a la libertad de expresión, exigiéndole una reparación de varios millones de pesos como compensación.
Así las cosas, pareciera que a los ciudadanos de a pie –o de segunda, desde la perspectiva de las élites nacionales e instituciones del Estado− no nos queda más remedio que el enojo, la frustración, el miedo o la esperanza de algún tipo de justicia divina frente a los abusos e ineptitudes de las instituciones mexicanas encargadas de ello en los tiempos del Mirreynato.
Por supuesto, en la medida en que nos neguemos a aceptar la inmoralidad de un régimen que privilegia a los poderosos y les sirve, empezando por tomar conciencia crítica del tema en vez de darlo por “natural”, estaremos un paso más cerca de que algún día la justicia en éste país sea ciega, sorda, igualitaria y honesta.
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